El régimen de Daniel Ortega ha notificado –a través de un “oficio judicial” de este 15 de agosto– sobre la confiscación de bienes a la Universidad Centroamericana (UCA) de Nicaragua por considerar que la casa de estudios de orientación jesuita “funcionó como un centro de terrorismo”. Este exabrupto ha motivado a las autoridades de la primera universidad privada centroamericana a suspender actividades académicas y administrativas “hasta que sea posible retomarlas”.
En un principio, pienso que la solidaridad con la UCA y el llamado de atención contra el dirigente sandinista deben ser universales, y en consecuencia, motivar una respuesta global tendiente a acotar la capacidad de maniobra de la administración orteguista, que se ha consolidado en el poder ante la pasividad de la comunidad internacional; debido a la inacción de algunos países que se limitan a la aplicabilidad de sanciones que parecen no disuadir al presidente nicaragüense, y, la complicidad de otros que comulgan ideológicamente con la forma en como ejerce el poder político el veterano sandinista.
Es evidente el hastío que ha venido viviendo parte del pueblo nicaragüense, ante la sistematicidad de afrentas que ha venido impulsando el “político” nicaragüense contra todos los frentes opositores –y que ciertamente han subido de intensidad desde diciembre de 2021– con severos y deplorables ataques a trabajadores del pensamiento que van desde agresiones inconcebibles a la prensa no oficialista, lo que acaece en el país centroamericano, hasta los infundados ataques a las universidades –con al menos 26 instituciones académicas cerradas desde entonces– del país del “General de Hombres Libres” Augusto C. Sandino; y, no digamos los constantes ataques a la grey católica, entre otras acciones de violencia institucional generadas desde el estado nicaragüense.
Es inaudito que, en la era de la sociedad del conocimiento en la que estamos inmersos actualmente se de este tipo de atropellos, cuando lo único que hacen es restar validez o legitimidad a gobernantes como el señor Ortega, a tal grado que las masas en protesta social ya le equiparan con el exdictador nica Anastasio Somoza, en una especie de mantra “Daniel y Somoza ¡son la misma cosa!”.
Ahora bien, el problema es evidentemente interno a raíz de la alineación institucional en torno al heptagenario dirigente del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), y el desaparecimiento de contrapesos normativos e institucionales que bloqueen las arbitrariedades orteguistas. El asunto es que estos dirigentes acuden malévolamente al principio de autodeterminación de los pueblos para “blindarse” ante mayores sanciones como por ejemplo, activación de lo que yo llamaría ficcionariamente “ejércitos tutelares de las democracias internas”, y que restituyan la “pureza” de las mismas para impedir que haya déspotas “trabajando” en la administración de la vida pública.
No obstante, pienso que lo realmente importante es trabajar desde órganos como Naciones Unidas para sentar las bases de un modelo sostenible que limite a un período las posibilidades de ostentar los cargos presidenciales, pues de lo contrario, el goce de reales democracias se convierte en una utopía en tanto las pautas se dictan desde centros de poder políticos que segmentan la realidad social hacia determinados fines partidarios y no hacia la colectividad en su conjunto.
En definitiva, y tal como lo señala María Asunción Moreno, abogada y excatedrática en el exilio de la UCA “con esta confiscación Ortega pone una lápida al libre pensamiento en Nicaragua”, lo cual no es más que, a mi juicio, dilatorias al progreso del pueblo nicaragüense y asegurar egoístamente del bienestar de quienes detentan el poder político y allegados del vecino país.
Posdata: La UCA fue fundada en 1960 y alberga, entre otros, el Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica (IHNCA). La Provincia Centroamericana de la Compañía de Jesús, mientras tanto, reprochó entre otras cosas a través de un comunicado desde San Salvador, que “la confiscación de facto a la UCA es el precio por pagar por la búsqueda de una sociedad más justa, proteger la vida, la verdad y la libertad del pueblo nicaragüense, en consonancia con su lema: La verdad los hará libres (Juan 8, 32)”. Representantes del gobierno nicaragüense entretanto, no se han referido abiertamente en relación con el asunto. Cabe remarcar que ya desde febrero de 2020 –justamente en el estallido pandémico por COVID-19–, La Conferencia de Provinciales Jesuitas de América Latina y el Caribe (CPAL) a la cual está adscrita la provincia mexicana –y por ende universidades como La Ibero– viene denunciando el asedio a la institución educativa nicaragüense.
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