Pese a las vastas y urgentes necesidades que el país enfrenta, nuestro Presidente se ha empeñado una y otra vez en mandar un claro mensaje a los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, así como a todos los integrantes de la llamada sociedad civil que dedicamos tiempo, dinero y esfuerzo a realizar tareas de solidaridad que los gobiernos de todo tipo no han podido, ni pueden, llevar a cabo. Ese mensaje consiste en un “no” a la inversión privada y un “no” a la actuación de la sociedad civil organizada.
En efecto, en su afán prácticamente único de concentrar el poder a toda costa, incluso dañando a los sectores de nuestra población más vulnerables a los que dice proteger, López Obrador no ha tenido empacho en violentar la Ley (incluidos tratados internacionales) para cancelar proyectos tan importantes como el de Constellation Brands, el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco y ahora revocar concesiones y autorizaciones relacionadas con la industria eléctrica, para tratar de mandar un mensaje falso:que su gobierno no requiere de la inversión privada para realizar sus proyectos.
Asimismo, Andrés Manuel ha atacado frontalmente a las organizaciones de la sociedad civil, primero a través de una anterior Miscelánea Fiscal que dispuso la masacre en cadena de todo tipo de fundaciones (ver mi artículo “Fundaciones en riesgo de una masacre en cadena”), estableciendo la revocación de la autorización del SAT como donatarias autorizadas a expedir recibos deducibles de impuestos para sus donantes, si en dichas donatarias autorizadas participa cualquier funcionario o apoderado que haya participado en otra organización civil o fideicomiso a los cuales les haya sido revocada su autorización.
También dicho ataque directo contra las organizaciones de la sociedad civil se llevó a cabo mediante una reforma al Código Penal de la Ciudad de México publicada en la Gaceta del 7 de junio de 2021, que equipara a los administradores y directores de asociaciones civiles a la categoría de servidores públicos, como sujetos de responsabilidad penal por delitos contra la buena administración. Con base en lo anterior, los Patronos y demás funcionarios de dichas asociaciones civiles o fideicomisos tendrán graves riesgos al utilizar los fondos públicos de la Ciudad de México. Esta última disposición significa la tipificación del delito de corrupción si acaso uno de ellos deja de cumplir cualquier obligación a su cargo o si realiza una actividad prohibida por la Ley para obtener un beneficio indebido de cualquier naturaleza, incluso económica, con lo cual se pretende que las mencionadas organizaciones dejen de utilizar fondos públicos de la Ciudad de México.
Y esta misma semana el Presidente se vino con todo en contra de los trabajos que realizan las instituciones filantrópicas, de beneficencia o investigación, tales como hospicios, asilos y demás instituciones, al limitar dramáticamente la posibilidad de personas físicas o morales de deducir del pago de sus impuestos las donaciones que realicen en favor de cualquiera de ellas. El mensaje es claro: el Presidente no quiere que ninguna persona física ni moral realice actividades en beneficio del prójimo. Él pretende ser el único mexicano capaz de hacerlo, con un propósito electoral innegable; eso sí, utilizando el presupuesto de todos los mexicanos.
Lamentando hablar en primera persona del singular, no puedo quedarme callado. Yo he dedicado parte importante de mi vida profesional a la creación de instituciones de beneficio social sin recibir compensación económica ni de ningún otro tipo, por el simple impulso de querer contribuir a resolver las graves carencias que enfrenta nuestro país. Es así que he sido cofundador y Presidente de la CMDH (Comisión Mexicana de Derechos Humanos) y cofundador y Secretario de los Patronatos de Fundación APAC (Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral), UNETE (Unión de Empresarios para la Tecnología en la Educación), Mexicanos Primero y MCCI (Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad), así como he asesorado legalmente a multitud de otras organizaciones de la sociedad civil, de todo tipo, tal como Plan Cuatro Ciénegas 2040, y he participado en organizaciones gremiales como la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, de cuyo Consejo Directivo he sido parte y de cuya Junta de Honor formo parte actualmente y del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, del cual he sido Vicepresidente y miembro de su Junta Menor. Por todo lo anterior puedo dar testimonio personal del bien que todas y cada una de dichas instituciones han hecho al país y no me conformo con aceptar que el Presidente de México ponga en riesgo su funcionamiento.
Gracias a la Fundación APAC se logró la supervivencia de una institución iniciada a final de los sesenta, cuya existencia dependió durante muchos años de Carmelina Ortíz Monasterio de Molina y un grupo de fantásticas colaboradoras suyas, que actualmente brinda servicio a más de 500 niños, jóvenes y adultos con parálisis cerebral, así como a sus familias y, durante los 18 meses de la pandemia, ha brindado servicio a más de mil 500 personas sin discapacidad con secuelas post Covid. Gracias a UNETE, fundada bajo la inspiración de quizá el más destacado filántropo de la comunidad judía en México, don Max Shein, se han equipado con computadoras nuevas, acceso a internet y brindando acompañamiento personal a cerca de diez mil escuelas públicas a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Gracias a Mexicanos Primero se instrumentó la Reforma Educativa que implicaba, entre otras cosas, lo más básico que requiere un sistema educativo, esto es, la evaluación de sus docentes para su profesionalización, reforma que Andrés Manuel también ha destruido; y gracias a MCCI se ha contribuido a detectar y denunciar casos de corrupción, tanto durante el gobierno de Peña Nieto como el de López Obrador. Gracias al Plan Cuatro Ciénegas se ha logrado beneficiar a prácticamente todas las familias que residen en dicho pueblo mágico; y gracias a la CMDH, a la Barra Mexicana y al Ilustre se ha contribuido a construir el muy deficiente Estado de Derecho que el Presidente de México se empeña en colapsar.
Seguiré, junto con algunos de los mejores mexicanos que he conocido en todas esas instituciones, luchando por la construcción de un México mejor y me niego rotundamente a dejar su devenir exclusivamente en las manos de ese hombre lleno de resentimientos y rencores y de cuya mala fe finalmente me convenzo, que es la persona de Andrés Manuel López Obrador.
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De verdad es una tristeza lo que esta administración está haciendo. La cantidad de personas a las que afecta, personas necesitadas.
Definitivamente, es claro que el presidente no ama ni busca el bien de los Mexicanos. Las palabras sin acciones que las respalden no valen de nada.
El término BIENESTAR se repite continuamente en los discursos presidenciales, pero en los hechos resultan implacables los esfuerzos de AMLO por negárselo al pueblo que dice presidir. Es un derecho que equivocadamente se auto atribuye para administrarlo conforme sus necesidades personales de poder, popularidad y fines electorales. ¿Alguien encuentra alguna semejanza entre este comportamiento y el que establece la Constitución como responsabilidades del titular del Ejecutivo?
Me parece una variada selección de los temas que aquejan al País, con variadas opiniones, aunque generalmente en contra de la Admon Federal. Quizá valdría la pena incluir algunas del bando en el poder para profundizar su ‘idiosincrasia’ y disponer de mayores elementos para confrontar opiniones y generar una alterna.
Los supuestos filántropos que se dedican, según ellos, al beneficio de los más necesitados, de los jodidos, jinetean el presupuesto gubernamental que dicen merecer para “favorecer” a los jodidos, cuando en realidad usan ese dinero para descontarlo de los impuestos. Sus transas y triquiñuelas han quedado al descubierto. Son falsos, mentirosos e hipócritas. Están enseñando el cobre. Son lobos rapaces disfrazados de tiernas ovejas. Pero ya nadie les cree. Desaparecerán afortunadamente. Ya los cachamos en la movida,
Debe haber de todo en la Viña del Señor: proyectos legítimos de beneficio social y otros de hampones. El Estado con el uso de sus facultades de supervisión y vigilancia tiene la obligación de apoyar a los primeros y refundir en el tanque a los segundos. Lo que no vale es destruir todo a rajatabla. Los dañados de esta última actitud son los beneficiarios de los proyectos legítimos, quienes suelen ser de los más jodidos.