Desde hace tiempo el presidente de la República tiene la prerrogativa de presentar ante el Congreso propuestas legislativas que se conocen como preferenciales porque los legisladores tienen que responder en un período corto de tiempo, lo puede hacer una vez al año al inicio de los trabajos de las Cámaras.
Andrés Manuel López Obrador ha anunciado las que presentará este año y los próximos dos. No mencionó, cuando lo anunció, el orden en que lo haría.
Aunque quizá el espíritu de la iniciativa llamada “preferencial”, incluía la alta posibilidad de ser aprobada, afortunadamente, no ha resultado así. Una de las últimas propuestas hechas por Peña Nieto fue sobre el aborto, en la que en síntesis se igualaba a nivel Federal –lo que ya está vigente en la Ciudad de México–, y que parecía que contaba con amplio consenso, pero fracasó estrepitosamente, entre otras oposiciones de los diputados de MORENA.
Entre las proposiciones de López Obrador están cambios a la ley electoral, modificaciones a las leyes de energía y a la Guardia Nacional, las tres al contener cambios constitucionales, requieren de la aprobación de dos terceras partes de los miembros del Congreso y de ser aprobadas en los Congresos estatales.
Es absolutamente conocido el conflicto que el primer mandatario tiene con el INE, y con el Tribunal Electoral. Se conoce porque él lo ha expresado desde su tribuna matutina; se queja de los altos gastos que tiene el INE, sin analizar que la inmensa mayoría del presupuesto está asignado a los partidos políticos y a mantener el padrón electoral, lo que incluye la credencial de elector; se queja especialmente de los salarios de los Consejeros, especialmente el del Consejero Presidente y de los empleados de alto rango. Muchas de las determinaciones que se han tomado han sido calificadas como antidemocráticas, hayan sido o no confirmadas por el Tribunal Federal de la Federación, llama al Instituto y a sus Consejeros antidemocráticos y conservadores. Quiere un INE más disciplinado y apegado a su proyecto.
El presidente también se ha quejado de los diputados plurinominales, sin percatarse que su existencia le da presencia a la oposición –o quizá por eso–. Pongo por ejemplo lo sucedido en las recientes elecciones; Movimiento Ciudadano obtuvo el triunfo en muy pocos distritos electorales, sin embargo, fue la tercera fuerza más votada, por ello obtiene un número de diputados plurinominales que le da presencia en el Congreso, y algo parecido sucede en la Cámara de Senadores, aunque ahora no estuvo en juego. La ley parece querer proponer un instituto electoral que deje de ser un organismo de Estado pero no gubernamental, para pasar a ser parte del gobierno, que desaparezcan los diputados plurinominales y la representación de la oposición, sin ponerse a pensar que existen posibilidades que en próximas elecciones su partido lo requiera, aunque ellos no observan esta posibilidad. Con esta determinación sería regresar a elecciones y Congreso como los que existían en las épocas del más recalcitrante PRI y que todos criticamos tanto. ¿Esto será liberal y moderno? O ¿conservador y antiguo?
Las leyes emitidas sobre algunos cambios en la industria eléctrica y manejo de los hidrocarburos, no pudieron transitar porque violaban la Constitución de la República, pretendían dar preferencia a la Comisión Federal de Electricidad y a PEMEX frente a inversores privados, legalmente instalados, a pesar de que las energías producidas por las empresas estatales sean mucho más caras, pero sobre todo, de que se estén produciendo de manera mucho más contaminante, entre algunas cosas, para emitir la ley que fue acusada de anticonstitucional. Se adujo de la variabilidad en la producción de las empresas que manejan energías renovables y abusos en la portabilidad por parte de las empresas productoras de energías limpias, de tal forma que las colocaron al final de la fila para su uso, lo que no las hace rentables después de las inversiones que han tenido que hacer, todas dentro del marco legal vigente.
El Estado no ha apostado por energías limpias, sólo continúa con la producida a través de mecanismos muy contaminantes; en el reciente accidente de la mina en Coahuila nos enteramos de la gran cantidad de carbón que la CFE ocupa para producir energía. El gobernador del Estado, Miguel Ángel Riquelme, la acusó de manipular el mercado, manejando los precios se produce energía como en la primera mitad del siglo pasado. Es cierto que mantiene algunas empresas hidroeléctricas, pero éstas son difíciles de manejar porque la escasez de agua así lo obliga, y cuando se prioriza la producción de energía, puede acarrear disminución en el agua para consumo humano y uso agrícola. En otras ocasiones cuando se obliga a tener una producción sostenida a pesar de que haya exceso en el agua, en donde descargan las presas, pueden ocasionarse tragedias, como la que probablemente sucedió en Tabasco recientemente. Por tanto, no se percibe la necesidad de tener fuentes complementarias, y que partan de utilizar las más baratas y menos contaminantes; no se entiende muy bien por qué el empeño en favorecer a dos empresas gubernamentales que no han sabido avanzar ni progresar. ¿Es esto liberal y moderno? O ¿conservador y antiguo?
En cuanto a la propuesta para que la Guardia Nacional pase a ser íntegramente parte de las Fuerzas Armadas, no es fácil opinar, porque el problema de inseguridad, violencia y la delincuencia es terrible y no se ven soluciones fáciles. El fracaso del gobierno de la 4T para contener y disminuir la violencia, la inseguridad y la delincuencia ha sido notable, cuando menos igual al que tuvieron los dos o tres gobiernos anteriores.
Durante su campaña presidencial López Obrador expresó su desacuerdo para que la participación del Ejército en las labores policíacas fuera tan importante, sin embargo, a los pocos días de su toma de posesión, quizá antes, desmanteló a la Policía Federal, acusándola de deshonesta y corrupta, formando así la Guardia Nacional, la que legalmente se le autorizó siempre y cuando estuviera bajo el mando de un civil y no tuviera dependencia militar. Pero en la práctica no fue así, el General Bucio, distinguido militar, se hizo cargo de las fuerzas anunciándose que pediría permiso o renunciaría a su rango castrense, lo que hasta el momento no ha sucedido, la mayoría del personal que conforma la Guardia Nacional es miembro del Ejército y parece ser que de éste recibe sus salarios.
En todo caso, la desaparición de la Policía Federal y la creación de la Guardia Nacional no parece haber marcado diferencia en los resultados. Ahora, con la propuesta legislativa que modificaría la Constitución, se pretende que la Guardia Nacional forme parte íntegramente de las fuerzas armadas, y que la militarización del Estado no sea para en los asuntos de seguridad. Asimismo, ante la decisión de cancelar el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y construir el llamado General Felipe Ángeles, la obra fue encargada a personal militar, no sabemos si así de improviso el Ejército y la Armada contaban con los profesionales y técnicos adecuadamente formados para tan difícil obra; parece que en la refinería de Dos bocas y en el Tren Maya sucede algo parecido, poner a cargo de las aduanas terrestres y marítimas a la Armada es una decisión también extrema.
Las fuerzas armadas han sido utilizadas incluso durante la actual campaña para la vacunación para prevenir las infecciones por SARS-CoV-2. Hace tan sólo unos días (19 de junio), en un magnífico escrito, Jorge Volpi hace notar que después de lo que López Obrador llama las tres transformaciones previas, la Independencia, la Reforma y la Revolución, sucedieron sucesos de militarización considerables y que el país tardó muchos años, si no en desmantelar, sí en equilibrar el poder de las fuerzas armadas y que cumpliera con su deber constitucional pero nada más; y es que estos tres fenómenos sociales venían de una lucha armada en el que un bando militar había triunfado sobre el otro y, por supuesto, inicialmente se empoderó; ahora no es el caso. ¿La militarización del Estado será un gesto liberal y moderno, o conservador y antiguo?
No ha sido una propuesta como cambio constitucional, pero la ley de la reforma jurídica contiene un artículo extraordinario y temporal que agrede a la Carta Magna. Parece ser que la reforma judicial es magnífica y contiene modificaciones sustanciales, profundas, ante problemas que han hecho que el ejercicio de los jueces sea tan difícil, arriesgado y sujeto, muy a la posibilidad de la deshonestidad; pero las Cámaras colaron un artículo transitorio que aprueba el que el presidente de la Suprema Corte de Justicia extienda su período a cargo, lo que contraviene reglamentos de la propia Constitución. El presidente ha manifestado que el magistrado Zaldívar es el único que puede instrumentar la ley, que ninguno otro de los miembros de la Suprema Corte de Justicia puede hacerlo porque son conservadores y/o deshonestos.
Por supuesto que esto resalta el desprecio que López Obrador expresa por diez de los magistrados, acusándolos –seguramente sin pruebas–, pero además, el hecho de utilizar un recoveco de la ley para violar la Constitución, no habla nada bien de él. Ya se ha presentado un recurso de inconstitucionalidad, pero antes de esto, el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea ha presentado ante la misma Corte, la posibilidad que el artículo transitorio transcurra o no, lo que parece un recurso vigente y legal, sin embargo, me parece que el presidente de la Suprema Corte de Justicia no se comporta de una manera valiente ni leal, características indispensables no de un juez, sino de todos los seres humanos. Lo presenta de esta manera porque si la Corte no lo acepta, ya tiene cómo decirle que “no” al presidente y, en caso de decir que sí lo acepta, ya puede decir que es legal y acepta la sugerencia del presidente en beneficio de la ley y el progreso de México.
Nos quedamos sin saber qué opina él de la extensión de su mandato al frente de la Suprema Corte de Justicia. ¿Esta intromisión en el Poder Judicial es liberal y moderna o conservadora y arcaica?
Una las salidas de control del Señor Presidente aconteció cuando molesto comentó la obra de Roger Bartra, Regreso a la jaula: el fracaso de López Obrador. Pero, como afirma Bartra, con el análisis de las iniciativas legislativas enviadas y por enviar, veremos si el gobierno de la 4T es conservador y de derecha, o bien, liberal, progresista y de izquierdas.
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