Antes de que Andrés Manuel López Obrador pusiese de los nervios a propios y extraños con su peregrina intención de poner en pausa la relación entre México y España, como si se tratase de un DVD, España ya se encontraba nuevamente dividido con motivo de la Reforma Laboral acordada por empresarios, sindicatos y el propio Ministerio del Trabajo. Una de las promesas estrellas del actual Gobierno y especialmente de Unidas Podemos era derogar la “perversa” ley elaborada por el Gobierno de Mariano Rajoy hace unos cuantos años y que vino a suponer una devaluación de los salarios de los trabajadores, así como un abaratamiento del despido. Dudo mucho que la nueva ley, firmada por los empresarios, conlleve grandes cambios en esas materias, pero indudablemente mejora las condiciones de los trabajadores. Ahora bien, el hecho de que los agentes sociales se pongan de acuerdo en esta materia –o sea, los principales interesados–, debería llevarnos a pensar que esa regulación no tendría obstáculos en su tramitación parlamentaria. Sin embargo, la negatividad a ultranza de la oposición no iba a hacer la tarea fácil. Menos aún, la mezquindad de los partidos nacionalistas que, hasta ahora, habían apoyado sin fisuras al Gobierno.
El principal escollo que tuvo esta reforma no fueron los cambios que implicaba, sino el hecho de que le daba fuerza al Gobierno y especialmente a la ministra comunista Yolanda Díaz, que probablemente será la candidata de Unidas Podemos a la presidencia en dos años y pudiera robarles algún escaño a Ezquerra Republicana o Bildu en Cataluña y Euskadi respectivamente. De hecho, esta es la primera reforma laboral de gran envergadura que se aprueba con el consenso de todos los agentes sociales. Este hito debería de haber sido acompañado con una votación unánime a su favor. Por poner un ejemplo, en Finlandia, cuando el Gobierno hace una reforma educativa, escucha a los maestros y padres de la familia. Lo que estos dicen constituye la esencia del cambio legislativo, pues se entiende que ellos (maestros y padres) son lo que saben de la materia. En ese país, ningún político de izquierda o derecha se atreve a llevarles la contraria, pues sería muy mal visto por el resto de la población. Aquí, en España, lo que está mal visto es ponerse de acuerdo con el otro. Hay que mantener la pureza ideológica cueste lo que cueste. Por ello, no era de extrañar que la derecha compuesta por PP y Vox votase en contra. Lo que nadie esperaba es que los partidos nacionalistas se mostrasen más puristas que los propios sindicatos y empresarios. Ya fueran de derecha o de izquierda, esos partidos argumentaban a modo de excusa que le faltaba o sobraba algo a esta ley. Curiosamente, todos los partidos radicales se posicionaron en contra del cambio legislativo.
Sin embargo, pese a todo, el Gobierno consiguió el apoyo de los partidos moderados y, aparentemente, tenía asegurada la mayoría en la votación con 176 votos a favor y 173 en contra, habida cuenta de que Unidas Podemos no ha sustituido al diputado Alberto Rodríguez, expulsado del congreso por supuestamente agredir a un policía en una manifestación de 2014. Así llegamos al 3 de febrero de 2022. Después de un debate matutino en el que cada partido refrendó y explicó los motivos que los llevaban a votar a favor o en contra de la norma, llegó la hora de la verdad. Contrariamente a lo que se esperaba dos diputados del Unión del Pueblo Navarro (socio tradicional del Partido Popular en Navarra) cambiaron su voto del sí al no, desobedeciendo las órdenes de la cúpula del partido. De esta forma, el resultado cambiaba y la oposición obtendría más votos que el Gobierno.
De hecho, la presidenta de la cámara Meritxell Batet proclamó la derogación de la reforma. Sin embargo, después de revisar el resultado, la norma salió adelante por un solo voto 175 a 174. ¿Qué pasó? Simple y llanamente que el diputado y director de Organización del PP; Alberto Casero, un peso pesado del partido, se equivocó en su voto telemático y apoyó la medida que quería tumbar. Después de tan rocambolesco proceso, lejos de admitir su error el señor Casero afirmó que su voto había sido modificado por un error informático. A partir de ahí, su partido ha montado una ofensiva judicial y mediática para emborronar el éxito del Gobierno y no reconocer la torpeza de su diputado. Ya los letrados de la Cámara han confirmado que no hubo ningún error, pero eso les da igual. La votación que se presentaba como fundamental para el Gobierno, acabó en película de los hermanos Marx.
Ahora bien, como todos sabemos los diputados cobran salarios muy jugosos y tienen una serie de complementos que cualquier ciudadano anhelaría. Por ejemplo si el diputado es de fuera de Madrid recibe un complemento de su salario para alojamiento. También reciben una cantidad fija para taxis y no pagan aviones. En términos generales, sus excelencias son muy celosas en el cumplimiento de sus derechos, pero no parecen tan afanosos en cumplir con sus deberes. Resumiendo, ¿cómo es posible que no conozcan sus herramientas de trabajo? Si algo ha dejado en claro esta votación es que este tipo de errores se dan frecuentemente y no hay partido que se libre. Además de fastidiar a su propio partido, incompetencias como estas decepcionan a los ciudadanos que acaban viendo con recelo a sus representantes y desconfiando de la democracia. Un reciente estudio de El País señala que sus señorías han cometido 1,789 errores a la hora de votar, en los 2 años que van de legislatura. Es decir 5 fallos por diputado y algunos hasta 6. Aparentemente, el diputado Casero deseaba ponerse al día en lo referente a su cuota de equivocaciones, pues ese mismo día cometió otros 3 errores, amén del fatídico. De 17 votaciones erró 4. O dicho de otra manera, un 25% de fallos. Muy enfermo debía de estar o muy mal le sentó la medicina para cometer tal cúmulo de despropósitos.
Digo yo que después de tantas elecciones desde su casa (desde que surgió la pandemia), los diputados ya podrían haber aprendido los diputados a ejercer su voto por esta vía. Y, peor aún, después de décadas de votar apretando botoncitos en el hemiciclo, aún hay diputados que se confunden a la hora de la verdad. Además, no ha faltado algún representante autonómico que haya buscado hacer un fraude electoral, votando por su compañero ausente. No obstante, eso sí hay que reconocerlo, este sistema tiene la ventaja de no solo facilitar el recuento del voto sino de indicar que sufragio emitió cada uno de los parlamentarios presentes. Por ende, si el curul de un diputado ausente aparece en color en la pantalla del recuento es, simple y llanamente, porque ha habido cachirul. En fin, tal incapacidad por parte de nuestros representantes, me hace pensar que sería mejor que los diputados renunciasen a tantos aparatitos modernos y volviesen al tradicional voto a mano alzada o en una papeleta. Por supuesto, ya encontrarían la forma de crear polémica cuando el resultado les fuese adverso, pero por lo menos no se equivocarían a la hora de emitir su voto. Digo yo.
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