Recuerdo que, hace poco más de una década, la cotidianidad hablaba de inseguridad básicamente relacionada con los crímenes del fuero común como secuestro, robo y homicidios, en tanto que el asunto del crimen organizado y el narcotráfico se percibían como ajenos y distantes, como si fueran parte de una realidad distinta a la cotidianidad; sin embargo, poco a poco, esa percepción fue cambiando debido a que se difundió una conexión perversa entre ellos: que toda la gama delincuencial se manejaba y dependía de grandes consorcios criminales, que fueron diversificando sus actividades con la finalidad de generar mayores dividendos para quienes las dirigían, autorizaban y controlaban.
La industria criminal fue reclutando diversos delincuentes cuya línea de acción les resultaba de utilidad para sus negocios principales. Así, los jefes de seguridad de los cárteles reclutaron asaltantes, secuestradores y homicidas reincidentes para volverse sus guardianes y testaferros, quienes, a cambio, obtenían protección para intensificar su línea delincuencial. De este modo, bandas de secuestradores y ladrones fueron protegidos por el poder económico y de fuego de los grandes cárteles, quienes –primeramente– los respaldaban a cambio de servirles de guardianes de sus rutas de trasiego, centros de distribución y zonas de influencia.
A la postre, al resultar que los crímenes del fuero común eran “negocios redituables”, los jefes de los cárteles comenzaron a pedirles tributo a sus protegidos, lo que los obligaba a intensificar sus operaciones delictivas para “cumplir con la cuota”, con lo que la beligerancia e incidencia repuntó, por lo que los criminales atacaban con más frecuencia y a un mayor número de personas y comunidades.
El crimen organizado se diversificó de forma tal que actividades delictivas que antes estaban dispersas y desarticuladas, se integraban en una peligrosa industria criminal, alentada por el poder económico, la impunidad y el deseo de control de los territorios y rutas por los grandes capos.
Ante este escenario el reto del Estado hoy es más complejo que lo que fue hace un par de décadas. Su inacción y, de alguna manera, su abdicación a salvaguardar a la población de la delincuencia, junto con la grosera complicidad con la que servidores públicos se sometieron a los perniciosos intereses económicos del crimen organizado, permitieron y favorecieron el crecimiento exponencial de la industria criminal, dejando a la sociedad completamente indefensa ante ellos.
No bastan las buenas intenciones ni las referencias morales en los discursos de políticos y autoridades, se requiere –esencialmente– de voluntad para salvaguardar a la población, valentía para hacer todo lo necesario para evitar que los intereses criminales se sobrepongan a la seguridad y estrategia certera que desmantele esas complejas estructuras que hoy existen y que tienen a la población en la zozobra.
El Estado mexicano se encuentra en un grave riesgo de desarticulación. Su esencia es la seguridad de las personas y, como tal, es la única de sus obligaciones a las que no puede faltar. Se requiere de decisión y, sobre todo, de un uso racional, inteligente y quirúrgico de la fuerza y, en general, de todos los medios que tenga a su alcance para hacerlo. De lo contrario, estaríamos condenando a la sociedad mexicana a sumergirse en une estado de barbarie.
@AndresAguileraM
Deja un comentario
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.