Entre las palabras más repetidas en México, sobre todo en las últimas semanas, están: inseguridad, violencia, feminicidio, desaparición forzada, secuestro, fosas clandestinas, y hasta fusilamiento “simbólico”. Mientras tanto, el gobierno se obsesiona con regresar al monopolio energético del Estado, cuando el monopolio que importa es el de la seguridad en manos del Estado.
Cuestiones básicas. En la concepción weberiana, el Estado debe reclamar el monopolio del uso legitimo de la fuerza física. Para Rousseau, la “soberanía” no comienza con el petróleo (o el litio), sino con el poder único, inalienable, absoluto, pleno y total del Estado para controlar su territorio. Pues bien, México no tiene ni el monopolio del uso de la fuerza ni la supremacía territorial frente al crimen; ni de cerca, el Estado muestra capacidad de garantizar la seguridad de sus ciudadanos.
Es más, México ha perdido el control de 35% de su territorio el cual, según el jefe del Comando Norte de EE.UU., está bajo el yugo de organizaciones criminales. Esto equivale al tamaño de Francia y Reino Unido, juntos. Según el Fragile States Index, somos uno de los países con los peores aparatos de seguridad del planeta, al nivel de Afganistán y Siria; somos también el país más inseguro del continente, peor que Haití, Honduras y Venezuela; la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes es de 18, una de las más altas del mundo (el promedio de la OCDE es de 3); por si fuera poco, 8 de las 10 ciudades más peligrosas del mundo son mexicanas.
El número de feminicidios y desaparecidas aumentan año con año. En 2015 se registraron 427 víctimas a nivel nacional, en 2021 fueron más de mil. Solo en el primer trimestre de este año ya sumaban 234 casos. De acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda, actualmente hay más de 20 mil mujeres desaparecidas; son casi 8 mil en lo que va del sexenio. ¡Ocho mil mujeres desaparecidas!
Vivimos en un país donde 95% de los delitos quedan impunes y donde, según el Informe del Comité́ contra la Desaparición Forzada de la ONU, solo entre el 2% y el 6% de los casos de desaparición forzada son judicializados. La corrupción, por supuesto, explica mucho de lo anterior: en 2021 México se ubicó como el quinto país más corrupto de los 139 países evaluados, solo por encima de Uganda, Camerún, Camboya y República Democrática del Congo (Wolrd Justice Project, 2021).
Por ello, no sorprende que, según el Global Organized Crime Index, México es el 4to país del mundo con mayor criminalidad, al nivel de la República Democrática del Congo, Nigeria, Irán y Myanmar. La ONU recomienda tener 1.8 policías por cada mil habitantes (asumiendo que son profesionales y bien pagados); México apenas tiene 0.8. La relación es menor en las entidades con más violencia, como Guanajuato (0.4), Sinaloa (0.5), Jalisco y Michoacán (0.7) y NL (1.0).
El país se nos va de las manos y el gobierno se muestra impotente, más preocupados por nacionalizar el litio y buscar “traidores a la patria” que por recuperar el control del territorio de manos de la delincuencia. Esa es la soberanía que importa.