Hace aproximadamente un mes, Glen D. VanHerck, jefe del Comando Norte de Estados Unidos, afirmó que al menos un tercio de México no tiene gobierno. Para ser más precisos, VanHerck aseguró que entre el 30 y el 35 por ciento del territorio mexicano estaba ingobernado como resultado de la presencia de organizaciones criminales transnacionales. Estos grupos, argumentó el funcionario, “a menudo operan en áreas no gobernadas […] Eso está creando algunas de las cosas con las que lidiamos en la frontera”. Y concluyó: “son síntomas de un problema más grande”. La declaración se da en el contexto del incremento de migración desde Centroamérica a partir de que Joe Biden asumiera la presidencia estadounidense.
La idea de un tercio ingobernado supone una idea de “tierra de nadie”, donde reina la premisa ambigua de la ley del más fuerte. Además, resulta problemático pensar la relación que tiene la ausencia de gobierno en México con el incremento de migración centroamericana en la frontera sur de Estados Unidos. En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó los dichos de VanHerck en su conferencia mañanera: “No es cierto lo que se sostiene, pero respetamos las opiniones de todos. Nosotros vamos a seguir teniendo buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos, no nos vamos a pelear con el gobierno de Estados Unidos”. Más allá de la negación, no hubo ni intercambio de argumentos, ni alguna reflexión en torno al dicho. En todo caso, la premisa del tercio ingobernado invita a reflexionar sobre la dimensión política del crimen organizado y el fenómeno de la gobernanza criminal.
Siguiendo la lógica de VanHerck, la ausencia de un gobierno legal y oficial, es decir, la del gobierno mexicano en alguno de sus tres niveles, significa automáticamente que aparezcan áreas ingobernadas. Sin embargo, el propio VanHerck habría reconocido anteriormente la presencia de “dos importantes organizaciones criminales transnacionales” en México. ¿En qué radica la importancia de esos grupos? Implícitamente se reconoce que la presencia y el control del territorio, así como la subordinación de autoridades oficiales ante autoridades criminales, y en general la creación de un orden social local a partir de una autoridad ilegal, son factores de consideración para determinar cómo se organizan los asuntos públicos en esos lugares.
En efecto, ni en México ni en ninguna parte del mundo, la falta de legalidad anula en la práctica a las autoridades ilegales. Lo que es más, el hecho de que sean regímenes de gobierno indeseables, no significa que no sean posibles o, como en este caso, reales. En otras palabras, el hecho de que el gobierno legal y oficial, ya sea federal o local, no tengan control ni capacidad de gobierno sobre un territorio, no anula ni la existencia del propio gobierno legal, ni la posibilidad de que exista un gobierno ilegal. En cualquier caso, no existen áreas sin gobierno sino con exceso de gobiernos, o con gobiernos que operan ya sea comandados desde grupos y marcos criminales, o articulados con autoridades legales. Es una premisa fundamental para reconocer cómo se construye el orden local mexicano en buena parte del país.
El diagnóstico del Comando Norte no es inocente. Detrás existe una cantidad suficiente de información como para reconocer que el fenómeno es mucho más complejo. Sin embargo, sí es un diagnóstico que refleja una forma de representar el problema de la seguridad en la región en general y en México en particular. En contraposición, la experiencia de especialistas a nivel mundial reconoce la importancia de investigar cómo se construye la autoridad históricamente y en el nivel más local, ya sea legal o ilegal, legítima o ilegítima. La gobernanza criminal es el resultado de, al menos, esos elementos. Impulsar investigación en este sentido nos permitirá comprender que el tercio ingobernado está, de hecho, gobernado de distintas maneras.
Deja un comentario
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.