Al país le urgen afianzar nuevos pactos hidráulicos de largo plazo, 30-50 años, para impulsar una serie de estrategias regionales sobre el uso del agua y que contemple la mitigación en los impactos colaterales —ecológicos y sociales— entre las comunidades. Las cuencas hidrológicas están drásticamente agotadas por la alta demanda de zonas urbanas, como es el caso del Valle de México (alimentado por las cuencas de Lerma, Cutzamala y por agua subterránea).
Estamos en el Decenio Internacional para la Acción Agua para el Desarrollo Sostenible 2018-2028, que en el propio enunciado va implícito el objetivo central que ha impulsado la ONU. No hay duda que la proclama obliga a las naciones a tener un rumbo a largo plazo para alcanzar las metas de acceso al agua, saneamiento de las aguas residuales y su reúso con el fin de lograr y mantener el ansiado desarrollo sostenible.
Es imprescindible: si hay agua, hay salud, bienestar, calidad de vida y se reafirma el rumbo de la llamada sustentabilidad de una población, pues el ciclo natural del vital líquido implica, entre otros factores, tener bosques sanos e íntegros, así como suelos con cobertura vegetal que permitan la infiltración del agua al subsuelo.
La búsqueda de soluciones han estado presentes por décadas en las sociedades y gobiernos, pero en el caso de México la batalla se ha ido perdiendo por la flaqueza en las políticas públicas, por resistencias sociales, por el uso irracional del agua, por proyectos sexenales truncados, que en suma han traído como consecuencia que 106 acuíferos del país se encuentren agotados. En otras palabras, están sobreexplotados, y con ello se desatan serios problemas sociales por la escasez del agua, principalmente, en las zonas metropolitanas y en territorios en los que se extrae el líquido para el riego de cultivos.
¿Guerra por el agua? La tenemos, no es armada, pero los niveles de confrontación van en aumento entre comunidades, y se enconan ante el crecimiento de la mancha urbana en el que la demanda de agua supera a la diezmada oferta. Hoy lo vemos cuando una cuenca hidrológica se altera para desviar agua a las metrópolis y estalla la resistencia social. Simplemente a nivel de colonias urbanas, existe una resistencia vecinal contra los nuevos desarrollos inmobiliarios o plazas comerciales.
La sobreexplotación del acuífero, un signo de la crisis de gobernabilidad hídrica, se le ha dejado crecer (en cual ámbito de las administraciones municipales, estatales y del gobierno federal) y el impacto que tenemos con el abatimiento acelerado del nivel freático no sólo es la escasez del agua, sino también el deterioro en su calidad. Y en algunas regiones del país, como el caso del Valle de México, hasta un acelerado hundimiento del subsuelo, estos fenómenos geológicos elevan la vulnerabilidad de los inmuebles ante sismos intensos.
De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), están clasificados 653 acuíferos en el territorio nacional, que corresponden a límites geológicos subterráneos. Y las propias autoridades y expertos reconocen que existen dos problemas muy graves: agotamiento por sobreexplotación del acuífero y contaminación por basura y residuos tóxicos desechados en barrancas, arroyos, ríos y suelo permeable como parques y bosques. En ese escenario se encuentran los 106 acuíferos en estado de agotamiento grave.
Los acuíferos más afectados se encuentran dentro de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (clasificado como el más grave por agotamiento), en Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Zacatecas, San Luis Potosí, Coahuila, Chihuahua, y en las zonas metropolitanas de Monterrey y Guadalajara.
Y, por ejemplo, en la zona del Bajío y en el estado de Chihuahua, el mayor problema radica en el uso del agua potable de pozo para riego agrícola. Por ejemplo, producir un kilo de naranjas necesita de 600 litros de agua; un kilo de durazno, 2,643; mandarina, 758; fresas, 361; uvas, 414; guayaba, 1,468; mango, 1,468 litros por un kilo. Producir un kilo de carne de res requiere de 15,000 litros de agua; pollo, 4,500; carne de cerdo, 6,500. Una hamburguesa implicó utilizar 2,400 litros de agua; un pastelito, 1,259; una bolsa de papas fritas, 185 litros.
Por omisiones, negligencias, falta de recursos y marcos normativos y hasta por desvío de recursos, las autoridades en todos los ámbitos de gobierno han dado mayor prioridad a otro tipo de obras, como el caso actual en la construcción de la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, cuando la era global está en transición al uso masivo de energías renovables. Es desfasado ver el desarrollo de un país en la producción de petróleo cuando este energético fósil va a la baja mundial. Los recursos que hoy se destinan a la nueva refinería (más de 9 mil millones de dólares) deberían redireccionarse al agua y a la tecnología de fuentes renovables.
Y orto punto que se debe intensificar es el tratamiento de aguas residuales, pues el rezago es sorprendente en municipios y estados; no se cumple con esta normatividad y muchas descargas del drenaje van directo a los cuerpos de agua: ríos y mares.
También urge una agenda programática para combatir fugas de agua en las redes primarias y secundarias (la Ciudad de México pierde más del 40% en fugas y se requieren inversiones de más de 2 mil millones de pesos cada año, en lapso de 10 años, para corregir este desperfecto).
Asimismo, es necesario intensificar programas de cosecha de agua pluvial en viviendas, edificios públicos y privados y filtrarla para destinarla a baños y limpieza de áreas comunes. Experiencias a nivel internacional nos indican que el reúso del agua de lluvia reduce la demanda social-urbana. En la Ley de Aguas de la Ciudad de México se considera esta práctica como una iniciativa prioritaria.
¿Existe solución? Mantener sanos los bosques y espejos de agua, revisar los esquemas de tarifas y que se cobre al precio real para que los organismos operados de agua los destinen con el fin de modernizar la infraestructura hidráulica, así como revisar concesiones y permisos, y combatir los pozos clandestinos en empresas, industrias y fraccionamientos.
Estas medidas no son nuevas, han estado por años en manos de expertos, académicos, legisladores, sociedad civil y autoridades, pero algo estamos haciendo mal que la batalla por el agua la estamos perdiendo.
Si prevalecen las actuales condiciones de demanda de agua por el crecimiento poblacional, la oferta de ésta no podrá incrementarse a la par de la demanda. Si no se produce un cambio tecnológico que permita racionalizar los usos —además de cambiar sus condiciones políticas—, habrá mayor pérdida de sustentabilidad, mayor sobreexplotación, más contaminación y mayor costo de operación.
No podemos navegar en esquemas de disputar los caudales existentes, pues una entidad puede incrementar su oferta, pero a costa de quitarle el líquido a otra región.
El decenio por el agua es un llamado para analizar y actuar por la viabilidad hidráulica de los países, de las regiones y de las comunidades.
El agotamiento de fuentes hídricas, nos indica el camino, como señala Alejandro, el agua de lluvia debe aprovecharse y no subutilizarse, reciclar, tanto para reuso, como para recarga de los mantos.
Gracias Alejandro por mantenernos en el camino que debemos transitar.