Pavimentando el infierno
Fulvio Vaglio Bertola
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Hambrienta, frustrada y enojada: así vive la mayoría de la población africana en tiempos de pandemia. Eso explica las protestas y los saqueos en Sudáfrica así como los golpes, o autogolpes…

Minería de bauxita y deforestación en Brasil (Foto: Atlas de Justicia Ambiental).
Minería de bauxita y deforestación en Brasil (Foto: Atlas de Justicia Ambiental).

Lectura: ( Palabras)

El viejo proverbio reza que “el infierno está pavimentado con buenos propósitos”. En esta época de confusión y desinformación, los ejemplos no podían faltar.

Este pasado 15 de julio, Human Rights Watch e Inclusive Development International publicaron un reporte conjunto de 63 páginas sobre el desastre ecológico que está provocando la minería de bauxita, primer paso para la producción de aluminio.

Minería de bauxita

Los efectos devastadores están igualmente repartidos en cuatro continentes: Asia (China, Malasia, Bangladesh, Indonesia), África (Ghana y Guinea), Sudamérica (particularmente Brasil) y Oceanía (Australia); las empresas responsables por el ecocidio son europeas, norteamericanas y chinas; hasta aquí, no es novedad, y es el infierno puro y simple al que ya estamos acostumbrados: destrucción de tierras de cultivo, contaminación de los mantos acuíferos y aumento del efecto invernadero.

El pavimento (los buenos propósitos) viene junto con pegado y tiene un amargo sabor a ironía: se trata de empresas automotrices preocupadas por la conversión a fuentes de energía limpias para el año 2050: electricidad en vez de combustibles fósiles. El aluminio es un insumo indispensable para llevar a cabo la conversión y la minería de superficie de bauxita es vista como un mal necesario. Si los efectos del cambio climático ya se hacen sentir en el Primer Mundo y deben ser controlados para el Bien de la Humanidad (no se olviden las mayúsculas, por favor), que el pato lo paguen, como siempre y mayoritariamente, los países del tercero. No se pueden hacer omelettes sin romper unos huevos.

minería de bauxita

No se puede afirmar que las automotrices no tengan sinceras preocupaciones ecológicas. Nueve empresas han adherido (al menos de dientes para afuera) a un estudio sobre el costo ecológico de la conversión: BMW, Daimler (Mercedes Benz), Ford, General Motors, Groupe PSA (que abarca Peugeot, Citroën, Opel, Vauxhall, Chrysler y FIAT), Renault, Toyota, Volkswagen y Volvo; y son las mejor intencionadas; las “malas” de la película, que por el momento han declinado participar, son Tesla, Hyundai y BYD: esta última sigla está por “Build Your Dream (otra ironía involuntaria) y, desde 2003, es china (desde la BYD original, establecida en Los Ángeles en 1995, es ahora una subsidiaria del grupo, dedicada a la producción de vehículos eléctricos pesados).

Al parecer, las nueve empresas “ecológicamente conscientes” están concentrando su atención sobre otro tipo de insumo: especialmente el cobalto, considerado quizás más peligroso. Sin embargo, tres automotrices, todas alemanas (Audi, Daimler y BMW), han lanzado una agrupación para (auto)certificarse, la Aliminum Stewardship Initiative (ASI). La opinión pública mundial, que no olvida aún las trampas de Volkswagen y BMW sobre la detección de gases en 2015, está a la espera de pruebas fehacientes de buena fe.

Otra situación, pero mismo orden de ideas, para no olvidarnos de África mientras tenemos espacios en la columna de hoy: la ONG británica Transparency International ha denunciado que al menos uno de cada cinco contratos gubernamentales para la distribución de vacunas contra el Covid-19 había levantado alarmas de corrupción. La analista kenyana Nanjala Nyabola utiliza ese reporte, junto con muchos otros datos, para sustentar que “la crisis de vacunas en África no es sólo una cuestión de corrupción”, o por lo menos no sólo de corrupción en los gobiernos africanos: ésa existe, pero también existe una política de mentiras y engaños de los países ricos hacia los más pobres. Por ejemplo, la promesa de volver disponibles las vacunas a los trabajadores del sector salud en todo el mundo antes de empezar a vacunar su propia población civil, formulada a comienzos de este año, ha sido inmediatamente abandonada.

Andry Rajoelina
Andry Rajoelina.

Como resultado, el diferencial entre países ricos y pobres se está incrementando: si el 70% de los 38 millones de canadienses ha recibido al menos una dosis, menos del uno por mil de los 89 millones de congoleses ha recibido lo mismo. La iniciativa internacional COVAX, inicialmente pensada como una medida para asegurar un acceso más equitativo al mercado de global de las vacunas, está languideciendo por falta de productos; mientras tanto, en Estados Unidos, Walmart y CVS han desperdiciado hasta ahora al menos 180,000 dosis: más de lo que muchos países pobres han tenido a disposición.

Ninguna de las grandes farmacéuticas acepta que la solución está en liberalizar las patentes de las vacunas para permitir a los países pobres producir las suyas propias. Hambrienta, frustrada y enojada: así vive la mayoría de la población africana en tiempos de pandemia. Eso explica las protestas y los saqueos en Sudáfrica así como los golpes, o autogolpes, en Mali, Tanzania y Madagascar, donde el Trump local (Andry Rajoelina) publicita sus concocciones tradicionales contra la malaria como el sacrosanto remedio que lo ha salvado –hasta ahora– del Covid.

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