A los mexicanos se nos vendió la obra de la refinería de Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco, como un proyecto insignia de soberanía, seguridad energética y de sustentabilidad. Sobre todo, se reafirmó que sería muy benigna con el ambiente y gran detonador de empleos y fuerte competidor en el mercado global de los hidrocarburos. Pero el proyecto sigue una ruta cargada con más adversidades e ilegalidades que aciertos.
Vale recordar que este proyecto de Dos Bocas –rebasado por las tendencias mundiales de transitar a la era de las energías renovables–-, violó desde el inicio de su construcción –hace más de dos años–, la normatividad ambiental, pues los trabajos empezaron sin contar con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y sin los estudios de Riesgo Ambiental. Tampoco se conoció el Proyecto Ejecutivo, el cual es fundamental para después realizar dichos estudios ambientales que marca la ley.
Y dado que se van a manejar sustancias peligrosas, el Estudio de Riesgo Ambiental era indispensable antes de iniciar las obras, y este trabajo junto con la MIA requieren de entre seis meses a un año para su elaboración. O sea, lo que se hizo después ha sido totalmente irregular.
Las instituciones ajustaron todo a la medida del interés del presidente Andrés Manuel López Obrador, y con ello quedó de manifiesto el abuso de poder y la forma de violentar el Estado de Derecho, pues primero iniciaron los trabajos de construcción y después cuadraron a su modo los requisitos que marca la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Ni Rocío Nahle, secretaria de Energía –que con enjundia promueve la refinería con carácter de “sustentabilidad”–, puso a consideración, en su momento, el proyecto a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (el cual la normatividad indica que debe publicarse en la Gaceta Ecológica de la Semarnat para conocimiento de la opinión pública). La opacidad, la ilegalidad y el abuso de poder envuelven a la obra insignia del gobierno de la llamada 4T.
La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) sólo autorizó el proyecto de ampliación del puerto de Dos Bocas, Paraíso, para aumentar el volumen y profundidad del dragado, y al momento de iniciar obras no tenían ningún permiso más.
Expertos en materia ambiental y energía han calificado de altamente vulnerable la futura refinería a las inundaciones por los fenómenos meteorológicos, altos costos de obra y operación, y advierten limitaciones tecnológicas y falta de planeación, así como mercados adversos para Pemex ante el declive mundial del uso del petróleo. Hasta los análisis de Pemex identificaron 106 puntos de riesgo en la zona de obras y en la propia infraestructura del complejo petrolero.
Además, en el polígono de la obra se destruyeron 300 hectáreas de manglar y junto con éste, toda la fauna que ahí habita como moluscos, plantas, aves y otras especies endémicas. La refinería colinda con los pantanos de Centla y de la Reserva Ecológica Río Playa. Y biólogos del Instituto de Ecología de la UNAM me comentan que en estas zonas aún se encuentran cocodrilos, manatíes, tortuga blanca (en riesgo de extinción), entre otras especies.
De acuerdo a la ley en la materia, destruir un manglar está prohibido y es motivo para suspender o clausurar la obra.
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) ha señalado que Dos Bocas estaba considerada por el Instituto Mexicano del Petróleo como una zona no apta para una refinería, pues de acuerdo a estudios de este organismo en 2008, consideró que de siete potenciales áreas en la región, la peor era donde hoy se construye el complejo petrolero, debido a la presencia de manglares y el riesgo permanente de inundaciones, como ahora ocurren.
El presidente ha dicho que la obra terminará en 2022, creará 100 mil empleos directos e indirectos, y que tendrá capacidad para procesar 340 mil barriles diarios de petróleo tipo Maya de 22 grados API.
El proyecto gubernamental de la refinería de Dos Bocas no sólo viola normatividades ambientales mexicanas, sino también acuerdos internacionales para conservar la biodiversidad.
En 2019, el gobierno federal informó que el costo de la refinería sería de entre 6 mil y 8 mil millones de dólares, pero ahora se estima que el costo final estará en los 12.9 mil millones de dólares. En su momento, expertos en economía y negocios advirtieron que una refinería a un costo de 8 mil millones de dólares era muy alto, y máxime para un país con crisis económica y con alta desigualdad social y pobreza.
Además, la obra tiene atrasos significativos (sólo lleva un avance de casi 28%) y todo anuncia a que no estará en 2022, sino hasta 2023, y esta situación puede volver a mover los costos finales a cifras más altas.
La destrucción de los manglares es irreversible, y ninguna medida de mitigación que emprenda Pemex en la región compensará el daño ambiental en áreas que la Semarnat tiene catalogadas como protegidas.
Este desastre no lo ven las autoridades ambientales y dejan que el capricho del presidente se mantenga a costa de la destrucción de ecosistemas y a altos costos económicos para el país.
Los abusos del poder y el desastre aún no termina.
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