Contaba mi abuela que durante las épocas de las revueltas producidas por la guerra contra el dictador Victoriano Huerta, la inestabilidad social —sobre todo en las comunidades rurales— era considerable. La pseudo milicia hacía destrozos, asolaban comunidades, robaban, violaban y atacaban so pretexto de pelear por una causa política legítima y justa.
Al terminar la guerra, muchos de esos grupos fueron incorporados a las fuerzas armadas o, como el caso de Francisco Villa, fueron obligados a deponer las armas y constreñirse a la vida civil; sin embargo, otros tantos se desistieron de la amnistía y mantuvieron sus prácticas paramilitares, con ello lograban su control económico, político y social, con lo que generaban acuerdos con el gobierno a cambio de mantener la paz y la estabilidad de las regiones. Ese control era tan férreo, estricto e —incluso— inhumano, que la actuación de estos pseudo líderes revolucionarios era comparable al de los señores feudales del medioevo.
Conforme fue avanzando el tiempo, ese tipo de liderazgos y controles fueron concluyendo, ya fuera por muerte, sublevación o la imposición de la fuerza gubernamental para concluirlos, dando pauta a otro tipo de controles, quizá más legítimos y menos barbáricos, imponiendo otros cuya característica principal siempre ha sido el abuso de las necesidades, exigencias y causas de las personas y comunidades a las que, presumiblemente, sirven y representan.
Muchas de las personas que llegan a ostentar y ejercer el poder, tienden a abusar de él y utilizarlo para satisfacer sus necesidades instintivas y hasta las perversiones más impensables. Así líderes de sectas religiosas, sindicatos, grupos políticos y, en general, cualquier tipo de aglomeración dirigida, guiada o asegurada por una persona con influencia en la comunidad y en las instituciones, suele ser tentada para abusar del mismo de formas ilegales e inmorales.
Eso fue lo que ocurrió con un número importante de líderes de fuerzas armadas irregulares en la revolución. Pseudo mandos militares que escudados en la beligerancia de la batalla, o en la necesidad de tomar pueblos y puntos estratégicos, sometían a las comunidades, cometiendo saqueos, violaciones y abusos inconmensurables de los que no quedaron registro, salvo en la memoria de las víctimas y de sus familias.
Hoy por hoy, pese a los avances con respecto a la protección de los derechos humanos en la legislación mexicana, a una mayor sensibilidad por parte de las personas, la férrea fiscalización de las funciones públicas, y las facilidades legales que se brindan para la denuncia, aunadas a la tecnología que ayuda a exhibir a quienes abusan del poder, lamentablemente esto sigue ocurriendo.
Hoy personas con influencia y poder siguen utilizándolo para fines perversos y egoístas que nada tienen que ver con el bien público; por el contrario, se esconden tras el manto de impunidad que les brinda su función y el temor de quienes victimizan. La única forma legal de destronarlos es, precisamente, retirándoles el poder que les es concedido y, para ello, el sufragio es el arma más poderosa que nos brinda la libertad y la democracia. Retirémosles el poder público para que cesen sus neocacicazgos y abramos paso a quienes están capacitados y deseosos de verdaderamente servirle a las personas.
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