Decía el empresario Jim Rohn, con total razón, que cuidáramos nuestro cuerpo, porque es el único lugar que tenemos para vivir.
De acuerdo con la OMS, la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedad. El pleno goce de ella es un derecho de todo ser humano, sin distinción de ningún tipo.
A pesar de que su garantía debe ser igualitaria, en la realidad, hay factores que dan lugar a inequidades en la atención sanitaria para conservarla, como la condición socioeconómica, la edad, el origen étnico, la discapacidad, la orientación sexual y el género.
En un estudio de marzo de 2021, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza reveló que, de las 64 millones 540 mil 634 mujeres contabilizadas en el Censo de Población y Vivienda del INEGI de 2020, el 24.6% (15 millones 933 mil 811) no están afiliadas a ningún servicio de salud.
En el mismo documento, también se observó que durante los tres primeros trimestres de 2020, en contraste con el mismo periodo en 2019, los servicios de planificación familiar se redujeron 40% y los de salud reproductiva 44%; lo que repercute en el desarrollo de las mujeres y de las menores de edad.
Según datos de la OMS, a nivel mundial, la segunda causa de muerte entre adolescentes de 15 a 19 años está relacionada con embarazos. Tener esa condición a esa edad afecta su salud, su continuidad escolar, los ingresos que puedan tener, y el acceso a oportunidades recreativas, sociales y laborales.
Adicionalmente, la salud física y mental se ha visto disminuida por el aumento de la violencia de género durante el confinamiento, incluyendo el entorno digital.
De acuerdo con ONU Mujeres, las medidas de asilamiento incrementaron el uso de Internet entre un 50% y 70%, lo que ha expuesto a las mujeres a amenazas y contenido sexualmente explícito no solicitado; a recibir mensajes, imágenes y/o vídeos para intimidarlas; o bien, a la divulgación de su información personal sin su consentimiento, causando repercusiones emocionales.
Ante un panorama desigual en la prestación de servicios médicos, agravado por la pandemia, las estrategias de gobierno abierto con perspectiva de género pueden contribuir a mejorar la salud de las mujeres y niñas.
Estas iniciativas promueven proyectos de participación y colaboración, conjunta y con transparencia, entre instituciones y ciudadanía, aprovechando la información disponible; así como sumando esfuerzos y recursos para diseñar políticas públicas en favor de la inclusión social.
El cruce entre derecho a la salud y gobierno abierto con enfoque de género fue parte de las temáticas abordadas en la III Cumbre de Gobierno Abierto, organizada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el Núcleo de la Sociedad Civil para el Gobierno Abierto en México.
Voces de destacadas mujeres, con quienes pude conversar, como Mariel Domínguez de la organización “Luchadoras”; Friné Salguero, Directora del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir; Kenya Cuevas, Directora de Casa de las Muñecas Tiresias; la Dra. Adriana Ortiz del ITAM; Dominique Amezcua de la organización “Alternativas y Capacidades”; y la Comisionada del INAI, Josefina Román Vergara, comentaron sobre la importancia de fomentar modelos de gobierno abierto que incluyan a diversos grupos sociales para construir políticas públicas en salud que respondan a sus distintas necesidades.
La Alianza para el Gobierno Abierto destaca que “las sociedades tienen más probabilidades de éxito cuando todas las personas son miembros contribuyentes iguales”. Aún tenemos la tarea pendiente de conformar una sociedad en la que todas y todos tengamos cabida por igual y libertad de decidir quiénes queremos ser. Las acciones de gobierno abierto pueden favorecer dicha integración.