Hans Brinker es un carácter ficcional: lo inventó Mary Mapes Dodge en 1865; hoy día, pocos recuerdan sus nombres (del personaje y de la escritora), pero ambos tienen coincidencias interesantes con la realidad noticiosa de esta semana. La primera es que el pequeño Hans era holandés: se trata del chico que insertó su dedo en la fisura de un dique para evitar que colapsara. La segunda coincidencia es que la escritora era norteamericana.
El trasfondo actual de la coincidencia es Afganistán: en 1865, probablemente ningún lector norteamericano sabía dónde quedara eso (y no importaba, porque el cuento se desarrollaba en Europa, no en Asia);hoy, sin embargo, es un nombre bien conocido: la strafexpedition de George W. Bush para castigar a Al-Qaeda, en 2001, inició el último acto de una larga historia de golpes de estado y guerras civiles que databa de al menos 30 años atrás, desde la caída de la monarquía en 1973 y pasando por la intervención militar soviética de 1979 a 1989.
No será demás recordar que en esa primera fase Estados Unidos y Gran Bretaña intervinieron al lado de los fundamentalistas islámicos muyahidines y en contra de las reformas progresistas esbozadas por el presidente Nur Muhammad Taraki antes del golpe que lo derrocó el 15 de septiembre de 1979: cualquier parecido con lo que sucedería entre Estados Unidos y Al-Qaeda 20 años después, es todo menos que casual.
Pero regresemos a las coincidencias con la situación actual. En diciembre 2018 la administración Trump anunció su plan para retirar todas sus tropas de Afganistán en un plazo máximo de 14 meses; las elecciones y el conflicto postelectoral retardaron momentáneamente la ejecución del plan: actualmente Joe Biden lo ha vuelto a fijar para el 11 de septiembre de este año (fecha que tiene un fuerte valor simbólico, ya que coincidirá con el vigésimo aniversario de las Torres Gemelas).
A partir del anuncio de Biden en abril, y pese a las desmentidas del gobierno de Kabul, ha quedado claro que el Talibán está bien encaminado a reconquistar la totalidad del país: inicialmente (24 de junio) los analistas militares habían estimado un plazo de seis meses desde el retiro de las tropas norteamericanas, para que el gobierno de Kabul colapsara completamente; luego las estimaciones se han venido reduciendo: actualmente están en 30 días antes de que la capital sea sitiada, y 90 para qua caiga definitivamente. Pero nadie duda del resultado final.
Desde el anuncio del retiro, los países escandinavos (Suecia, Noruega y Finlandia: sólo faltó Dinamarca) declararon que, en vista de la situación en Afganistán, suspenderían la deportación de migrantes ilegales afganos a su país de origen, y urgieron a los otros países de la Unión a hacer lo mismo. Inmediatamente (el 10 de agosto) Países Bajos, Alemania, Dinamarca, Austria, Bélgica y Grecia hicieron pública su inconformidad.
Las justificaciones fueron un despliegue de hipocresía y falsa realpolitik: “Entendemos que la situación es delicada, pero no podemos extender un permiso general de asilo”, dijo la representante holandesa; “El que ciertas regiones de un país sean peligrosas no quiere decir que todos los habitantes [de aquel país] sean automáticamente sujetos a protección”, subió de tono el representante belga. “Sin embargo, la situación está bajo constante escrutinio”, matizó la ministra neerlandesa de justicia.
Finalmente, ayer vino un primer giro radical. Alemania y Países Bajos pusieron una moratoria a las deportaciones; Francia (que no se había pronunciado inmediatamente) acaba de unirse a su ejemplo. Es casi seguro que los países occidentales de la Unión Europea terminarán también poniendo una moratoria; también muy predecible, sin embargo, es la negativa de Visegrád (el bloque nacionalpopulista liderado por Polonia y Hungría) y la resistencia de Bielorrusia y Turquía (que no forman parte de la Unión, pero que han manifestado repetidamente –a veces con justificaciones de signo ideológico opuesto– que no aceptan ser el aparcamiento temporal de los ilegales que pretenden cruzar hacia la Unión).
Un dato que puede explicar las contradicciones europeas: el número de solicitudes de asilo por parte de ciudadanos afganos, en el período 2015-2019 superó las 570,000 (con el pico más alto en los años 2015-2016); sólo en 2020 fueron más de 44,000; este año no hay cifras atendibles, pero no es difícil hacerse una idea de lo que está en puerta, considerando que el número total de desplazados en Afganistán se calcula en más de 4 millones y medio, que crecen proporcionalmente con la embestida del Talibán y que, más temprano que tarde, intentarán sumarse a los que ya están en el extranjero. En otras palabras, la fisura en el dique se ha vuelto más grande y el gesto de Hans Brinker se torna cada día menos heroico y más patético.
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