El proceso burocrático con el que se lleva a cabo la elección o designación del rector es uno de los aspectos más controvertidos en la vida universitaria, sea bajo el ideal (o fantasma) de la democracia o de la oligarquía. En especial, si nos referimos a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“Ya llegó el momento en que la democracia no sólo sea teórica, sino que además tenga un sentido práctico; no podemos seguir enclaustrados con una actitud tiránica que afecte la gobernabilidad de nuestra máxima casa de estudios”, asevera Eduardo López Betancourt, profesor de Carrera por Oposición, en la Facultad de Derecho de la UNAM.

Buena parte de las universidades públicas y autónomas de nuestro país han sido tildadas como instituciones autoritarias en las que no predomina la participación de las comunidades en la rendición de cuentas, el acceso a la información y la transparencia.

La Universidad Nacional Autónoma de México no ha sido la excepción, y de manera constante, ha sido referente en la organización del gobierno y la gestión de varias de ellas. Por esta razón y en el contexto actual de grandes cambios nacionales y movilizaciones estudiantiles, el doctor Eduardo López Betancourt ha afirmado en una entrevista con Voces México que la UNAM no es una institución democrática y conviene replantear reformar la Ley Orgánica de la máxima casa de estudios:

“Lo observo como una urgencia, pues la Ley Orgánica tiene un grave defecto: margina a los estudiantes del Gobierno de la UNAM y definitivamente carecen de valor alguno sus acciones ante los quehaceres que se toman dentro de la agenda universitaria. Ante ello, la Junta de Gobierno se encuentran totalmente ajena a las necesidades de la comunidad”.

Como afirma el presidente del Tribunal Universitario de la UNAM, es de reconocer que la mayoría de las universidades públicas en el mundo contemplan la obligada participación de los estudiantes dentro de la agenda de Gobierno Universitario. Sin embargo “y en el caso concreto de la UNAM, no existe esa situación que es completamente omisiva y preocupante. No debemos olvidar que aquí el estudiante es la base del centro de la universidad y deben participar en el gobierno de manera eficaz, claro con una preferencia ante los docentes por su experiencia, pero sin excluir a los estudiantes como sucede en la actual Ley”.

¿Enfrentamos un sistema anacrónico?

La relación entre universidad y política se ha debatido desde hace muchos años. Entre muchos universitarios y algunos académicos prevalece el ideal de que la Universidad –dentro de su carácter autónomo que la distingue– debe mantenerse ajena a todo proceso de orden político. Sin embargo, con esta visión se niega la naturaleza misma de una institución de la sociedad.

Este ocultamiento de la “política” juega a su vez un papel político relevante para un grupo relativamente reducido de universitarios que ha dominado a la Universidad desde 1945.

La Junta de Gobierno fue creada con la Ley Orgánica de la UNAM en 1945. Se integra por quince distinguidos miembros de la comunidad académica elegidos por el Consejo Universitario y, en ocasiones específicas, por la propia Junta. Entre sus facultades, además de nombrar al rector en turno, se encuentra el nombramiento de los directores de las facultades, escuelas e institutos, así como designar a los miembros del Patronato Universitario.

De acuerdo con el artículo 6to de la Ley Orgánica, ente las atribuciones que se reconocen a la Junta de Gobierno se encuentra la de “nombrar al Rector, conocer la renuncia de éste y removerlo por causa grave, que la Junta apreciará discrecionalmente”, cuya prescripción normativa se contempla con un párrafo que señala que “para el ejercicio de las facultades que esta fracción le otorga, la Junta explorará, en la forma que estime prudente, la opinión de los universitarios”.

Para entender la especificidad política de una institución universitaria como lo es la UNAM, resulta necesario entender que la máxima casa de estudios, más allá del ámbito político y de la burocracia académica, es un dominio diferente a otros ámbitos gubernativos por la especificidad del trabajo universitario. Su misión es la creación, recreación, transmisión y difusión de conocimientos.

Pero la antigüedad de la Ley Orgánica y la administración del Gobierno Universitario representa un modelo anacrónico para algunos miembros de la comunidad, entre ellos López Betancourt, quien afirma que las condiciones actuales del país y de la máxima casa de estudios son distintas, y el modelo con el que se creó ya no resulta compatible con nuestra época, donde ahora resulta indispensable que la Universidad como ente autónomo, debe ir “a la cabeza en los cambios, ir delante de las necesidades sociales y, ante esta misma necesidad, reclama una nueva Ley Orgánica que permita la libre participación de la población universitaria”.

Reformar en el calor de las elecciones

Hay que reconocer que México está viviendo una serie de cambios políticos sin precedentes, ante dicha situación, es normal que en “el calor del momento” la idea de reformar leyes, proponer cambios estructurales y hablar de una democratización de instituciones se vuelva una constante en un periodo electoral que ha dado mucho de qué hablar.

Y ante ello, el mundo académico no ha sido la excepción. En febrero de 2020, el diputado Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca de la bancada de Morena presentó la iniciativa de ley que pretende cambiar el método de selección del rector de la UNAM.

En un breve resumen, el morenista buscaba cambiar el método de designación del rector y los directores de facultades, institutos y centros de investigación; así como las atribuciones de la Junta de Gobierno de la institución y los mecanismos para que esta designe a las autoridades universitarias.

Aunque no obtuvo el apoyo de su partido, que terminó por deslindarse completamente de la propuesta del diputado, esa iniciativa sigue haciendo eco en algunos miembros de la sociedad. Además de ser docente en la Facultad de Derecho de la misma institución por la que aboga un proceso de democratización, López Betancourt sostiene que la gobernabilidad de quince miembros sobre una población de más de 400,000 universitarios, académicos y del personal, es un hecho absolutamente absurdo:

“Hoy por hoy, el sistema es sumamente anacrónico, tiránico, oligárquico, la Universidad está gobernada por sólo 15 personas (todas ellas valiosas y reconocidas por sus especialidades), pero más que su papel de gobernar, sus cargos surgieron dentro de una situación distinta del país. Fue en una época donde no había democracia en nuestro país, no existía un proceso electoral como tal (que aún con sus deficiencias hoy tenemos). Y tanto los universitarios como los docentes, no podemos definir quienes nos deben de gobernar, nos imponen de una manera totalmente incorrecta. Me parece que eso ya es históricamente inaceptable, pues bajo ningún concepto debe darse por hecho que solamente 15 personas pueden gobernar a más de 300 mil estudiantes, 80 mil docentes, 40 mil trabajadores, eso es totalmente imposible, no es factible”.

A manera de ejemplo, el académico en Derecho afirma que debemos tomar como modelo a la población universitaria de otros países, como ocurre en las instituciones públicas de la Unión Europea, donde la democracia universitaria sí contempla la elección del rector mediante el voto, pero su valor no es equitativo a la hora del conteo.

Estadísticamente hablando, el voto del profesorado, por regla general en las universidades europeas, tienen un valor del 65%, mientras que el voto estudiantil representa un 30% y el resto del valor equivale al voto del personal administrativo y laboral de la comunidad universitaria. Esto tiene su propósito, ya que “de esta manera se genera una experiencia más democrática en la que el alumno –que aún es joven y por ende carece de experiencia, sin mencionar que su paso por la universidad es pasajero– puede votar por el rector de su elección, pero el docente que ya conoce el sistema y está más capacitado, puede tomar una decisión más consiente”.

Para el doctor López Betancourt, es este el modelo universitario europeo en el que el sufragio mantiene el papel de los docentes dentro de la esfera de una alta respetabilidad en cuanto a su valor para elegir a sus autoridades correspondientes.

“Creo que esto podría ser una muy buena opción para la universidad. Ya no podemos, insisto, estar gobernados por 15 votables”, puntualiza.

¿UNAM sin partidos?: No, pero sí…

De la experiencia se aprende. La autonomía universitaria en relación con el Estado mexicano, como una construcción sociohistórica, es bastante relativa y cambiante; mucho depende en su contenido y alcance de las fuerzas que intervienen en su concreción.

Por ello, es menester preguntarse si, ante el bamboleo político por el cual estamos regidos, el surgimiento de este tipo de iniciativas y el eco que genera pone en tela de juicio la posibilidad de que la política amenace de alguna forma la autonomía de la institución universitaria.

En un sentido teórico, Eduardo López asegura que se debe buscar que la política no se involucre en temas de la Universidad, sin embargo, él mismo reconoce que en la práctica la UNAM siempre ha sido un “botín” para los partidos políticos.

“No puedo garantizar que esta sea la excepción, más debe ser un trabajo muy cuidadoso por parte del rector Graue, quien debe evitar a toda costa el manoseo de nuestra universidad”.

Así mismo, aseguró que tampoco debemos mirar el panorama de manera optimista y creer que en la actualidad no existen miembros de la comunidad universitaria ligada a algún partido político y que son activistas dentro de la misma Universidad.

“Entiendo que es factible que exista el riesgo, pero también es imposible prevenirlo del todo. Los partidos políticos van a influir –como siempre lo han hecho– en la comunidad universitaria. Tampoco se pretende estar haciendo señalamientos inadecuados que dividan, pero es imprescindible remarcar que la vida política puede en gran medida involucrarse en el Gobierno Universitario, aunque debemos evitarlo hasta donde más se pueda”, atestó finalmente.

¿Y qué dice la comunidad?

En un sondeo realizado por el equipo de Voces México a miembros de la comunidad universitaria de la UNAM, descubrimos que existe un desconocimiento general acerca del derecho de los alumnos de participar en la discusión de los asuntos de interés colectivo y en la toma de decisiones a través de los consejos, del funcionamiento de éstos, sus alcances y límites, y de las condiciones para participar en ellos.

Es muy común que los alumnos durante su tránsito por un plantel nunca conozcan físicamente al director, 70% de los participantes sólo conoce el nombre del rector, más desconoce quien dirige su facultad o a los demás directores; el 52% no muestra interés alguno en los miembros de la Junta de Gobierno y un 31% no sabía de la existencia de la Ley Orgánica de la UNAM.

Una Ley Orgánica que ha permanecido vigente por más de 70 años puede parecer anacrónica en muchos aspectos si la contraponemos a nuestro contexto social actual. Sin embargo, más que reformular una serie de reformas que puedan “democratizar” el proceso electoral de una institución, sería conveniente analizar a fondo, si la misma comunidad universitaria tiene el genuino interés de formar parte de la gobernabilidad de la máxima casa de estudios; o simplemente centrarán la fuerza de su trabajo en el móvil principal de la Universidad: elaborar los mejores procesos de construcción, producción y difusión del conocimiento que cultivan a más de 400,000 mentes mexicanas.  

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