Decía mi abuela que “nada es gratis en esta vida” y creo que nada hay más cierto. Todo lo que deseamos requiere algo a cambio y un precio a pagar, la esencia de la vida es, precisamente, tener conciencia de ello, valorar, decidir y afrontar las consecuencias que nuestras ambiciones traerán consigo. Así, cualquier deseo a cumplir, pasión a satisfacer o ambición a lograr, tiene una o varias consecuencias que vendrán con ello, pues no sólo habremos de realizar sacrificios, además, inevitablemente, se pagarán costos que deben ser saldados y no necesariamente de forma inmediata.
Quienes imponen sus ambiciones egoístas en el servicio público sobre las obligaciones morales y legales a las que están sujetos, tarde o temprano habrán de pagar por ello y no necesariamente por la acción legal para sancionarlos, sino —incluso— por sus consecuencias económicas, sociales y políticas.
Cierto: la impunidad es un mal que nos aqueja y nos lastima, pues demuestra una innegable debilidad institucional y un exceso de manipulación del sistema legal por quienes lo transgreden; sin embargo, esta no es total. Tarde o temprano —como lo decía mi abuela— todo se paga. De este modo el mayor costo de la corrupción “impune” es, precisamente, la pérdida de libertad y el sometimiento de las conciencias y acciones propias a fines ajenos y sumamente distantes de los intereses egoístas y perversos que impulsaron —en primer lugar— a la realización de conductas corruptas.
En pocas palabras: la impunidad se vuelve una prisión infranqueable que, para mantenerse, obliga al corrupto a esclavizarse a atender condicionantes que está obligado a cumplir, la mayoría impuestas por personas y grupos ajenos a sus intereses, para prevalecer en el tiempo.
La base de esta disertación —que pareciera enredosa, etérea y compleja— es sumamente simple: el que corrompe al servicio público y al sistema legal al amparo del poder estatal, lo hace desde la óptica que siempre lo detentará y ejercerá; sin embargo, esto no es así. Una de las virtudes del sistema democrático es que el ejercicio del poder no se perpetúa en una persona o grupo, siempre es dinámico, lo que genera un control —ciertamente relativo— que limita la impunidad a un tiempo determinado. De este modo, el arribo de una persona o grupo distinto es —en sí mismo— un mecanismo de control que encierra al corrupto en una prisión infranqueable y permanente, ya que lo somete a dos alternativas: al juicio de la ley o a los deseos de dominación del personaje o grupo que lo detenta.
Quien se corrompió y perdió el poder sabe que, en cualquier momento, se puede hacer uso del aparato estatal para privarlo tanto de su libertad física como de los beneficios adquiridos de forma indebida, por lo que se someten a todo aquello que ofrezca o brinde condiciones de impunidad, con lo que se mantiene un círculo vicioso y perverso en el que la dominación permanece, las complicidades incrementan y la impunidad prevalece.
Así la prisión de la corrupción y la impunidad —que no es otra cosa que la corrupción del sistema democrático— obliga a que se rompan estos círculos viciosos para retomar la ruta valiosa en la que individuos, comunidades y sociedad, retomen su papel de origen, motivo y fin de la política y del gobierno, para que podamos aspirar a una verdadera justicia social y al bienestar de las personas.
@AndresAguileraM
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