Los grandes desarrollos científicos e innovaciones de nuestro tiempo no hubieran sido posibles sin un Estado fuerte y líder, que invierte y asume riesgos. El libre mercado, esa “mano invisible”, no habría podido colocar al hombre en la luna o crear las vacunas anti-Covid-19 en tiempo récord. Olvidamos que de detrás de Tesla, SpaceX, Apple, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, entre otros, hay décadas de inversión pública en investigación básica, impulsada por gobiernos visionarios, con perspectiva de largo plazo.
Coincido con la narrativa del Gobierno Federal en que debemos recuperar y fortalecer la rectoría del Estado en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI). El Estado y los gobiernos deben liderar la innovación para garantizar que sirva al bien público, no a intereses particulares. Pero no coincido con la estrategia. La “soberanía científica” –entendida como el fortalecimiento de la capacidad nacional para producir conocimiento y tecnología propios– no se puede alcanzar desde la austeridad extrema, la desinversión pública, ni desde la exclusión y la soberbia.
México tiene un Estado débil y con pocas capacidades presupuestales; la recaudación fiscal es apenas del 16% del PIB, lejos del promedio de la OCDE de 33%. Nuestro país es la 12ª economía más grande del planeta, pero se ubica en el lugar 136 en recaudación fiscal. Tenemos un Estado anémico y débil. El gasto público per cápita en México es de apenas 5 mil dólares anuales, mientras que en España es de 15 mil, en Canadá de 18 mil y en Noruega de 29 mil (OCDE). Este contexto de escasez también caracteriza al sistema nacional de CTI.
El Anteproyecto de Iniciativa de Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación coloca, atinadamente, a la ciencia como derecho humano y a la innovación al centro de la agenda. Sin embargo, la política presupuestal está llevando de facto a un desmantelamiento del incipiente sistema de CTI. Quizás estamos presenciando la mayor desinversión pública en décadas.
En México, las universidades, principalmente las públicas, aportan 50% de la inversión nacional en investigación y desarrollo (UNESCO). Sin embargo, desde 2015 han visto disminuido su presupuesto en 26 mil millones de pesos. Esto significa menos matrícula, menos laboratorios, menos docentes e investigadores.
Un Estado emprendedor debe seguir fortaleciendo a sus universidades, públicas y privadas, en plena libertad académica. México forma 10 mil estudiantes de doctorado al año, mientras que Brasil gradúa 30 mil y Estados Unidos 72 mil. Tenemos apenas 315 investigadores por cada millón de habitantes, en tanto que Argentina proyecta a más de 1,200, Brasil 800 y Corea del Sur 8,000. Nuestra matrícula de posgrado representa apenas 8% del total, con 384 mil estudiantes. Sin un claro compromiso de fortalecimiento a nuestras universidades y centros públicos de investigación, ninguna Ley resolverá los problemas.
Esta tendencia de desinversión debe revertirse hacia la reconstrucción de las capacidades del Estado en lo presupuestal, pero también en el sentido que ha planteado la economista Mariana Mazzucato en su libro Mission economy: A Moonshot Guide to Changing Capitalism (2021): “un Estado emprendedor que invierte, asume riesgos y lidera procesos de innovación; que convoca al sector privado y social para lograr transformaciones profundas”. Las grandes revoluciones tecnológicas han venido precedidas por un gran impulso de los gobiernos, desde lo público. No hay atajos discursivos.
Pero un Estado líder y emprendedor no implica el control ni la planeación central, como lo propone el Anteproyecto de Iniciativa de Ley en comento. El Estado debe impulsar y dirigir, pero garantizando la libertad académica de los investigadores y de las instituciones educativas y científicas. Los procesos de innovación se nutren de las serendipias, de la casualidad, de la interacción espontánea entre quienes muy a menudo piensan distinto. La innovación no puede darse en un paradigma exclusivo de control, de plazos y/o de términos burocráticos.
Tampoco se puede lograr la soberanía científica excluyendo a amplios grupos sociales, tales como las empresas, las universidades privadas o los organismos autónomos. Una genuina gobernanza para el desarrollo científico implica inversión y liderazgo del Estado sí, pero también colaboración y confianza con el sector privado.
El Gobierno Federal invierte 0.2% del PIB en CTI y la contribución privada es de apenas 0.06%; Corea del Sur destina 4.1% del PIB y su sector privado aporta casi 80% de la inversión. Eso es gobernanza colaborativa. Un mayor impulso y compromiso público con la CTI debe implicar, necesariamente, un mayor compromiso y riesgo del sector privado. Sin embargo, eso se da si y sólo si, hay una misión común que una las voluntades, no que las divida.
Con un Estado austero, anémico y excluyente no saldremos del subdesarrollo.