La Reina Virgen, Isabel I, orgullo de los ingleses, azote de la Armada española y fundadora de la Iglesia de Inglaterra, durante una conferencia dictada en Cambridge en 1563, en referencia a la complejidad y, por tanto, al cuantioso esfuerzo y tiempo requerido para lograr materializar un plan y un conjunto de estrategias para fortalecer su reinado, y de esta manera proteger y brindar calidad de vida a su pueblo, comentó, en latín, que:
‘Hæc tamen vulgaris sententia me aliquantulum recreavit, quæ etsi non auferre, tamen minuere possit dolorem meum, quæ quidem sententia hæc est, Romam uno die non fuisse conditam’ (Pero este dicho común me ha dado cierta comodidad, un dicho que no puede quitar, pero puede al menos disminuir, el dolor que siento; y el dicho es que Roma no se construyó en un día).
Ahora bien, cabe mencionar que, ¡el único que ha logrado divinamente concebir y concretar un Plan sumamente arduo y peliagudo, no en un día sino en siete fue, nada más y nada menos que Dios! Sí, Dios: sólo había oscuridad y sólo existía Dios –pues Él ha existido siempre, no ha sido creado, reza el Génesis–, entonces Dios creó la luz en el primer día; la bóveda celeste, los mares y los continentes en el segundo; el tercer día, llenó la tierra de flores, hierbas y de árboles; el cuarto puso en el cielo el Sol, la Luna y las estrellas; en el quinto, dio vida a los peces que nadan en el mar y a las aves que surcan el aire; en el sexto, creó todos los animales que habitan la tierra y al hombre –y, a la mujer, por supuesto– a su imagen y semejanza, y, finalmente, después de tan laborioso trabajo, el séptimo día, descansó.
En México, desafiando las premisas de la lógica, en un acto perfecto de ineficiencia presupuestal pública, el INE tiene calculado gastar, más menos, para la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de la Consulta Popular en la que decidiremos los ciudadanos si: ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? –¡Maquiavelo debe estar retorciéndose en su tumba en estado imperecedero de hilaridad!–; ese distópico ejercicio antidemocrático mexica, nos costará la nimiedad aproximada de 528 millones de pesos, según informaron los consejeros del INE Carla Humphrey Jordan y Uuc-kib Espadas Ancona… ¿en verdad nos vamos a gastar alrededor de 530 millones de pesos en saber si el pueblo –bueno y sabio– está de acuerdo en que se aplique la ley?… ¡Jesús mil veces!, diría la abuela.
La pregunta de la Consulta Popular del próximo 1º de agosto genera más cuestionamientos que certezas: ¿cuál es el actual Estado de derecho y de derechos en nuestro país? Porque parecería que en México estuviéramos viviendo en una era predemocrática –o, mejor dicho, absolutamente antidemocrática–, en la que el trogloditismo es el modelo “político” reinante y, en ese estado bárbaro y cavernícola, estuviéramos en busca de implementar un modelo básico de derechos de la gestión pública democrática y, por tanto, resulta indispensable consultar a los ciudadanos para saber si desean transitar hacia la democracia o si prefieren que sigamos de brazos cruzados pero abrazando vehementemente la ilegalidad y la corrupción. Es tanto como si todo lo que se ha avanzado en materia constitucional, legal y reglamentaria no existiera y estuviésemos apenas buscando construir un nuevo proyecto de nación sobre una realidad social de carácter bestial y salvaje.
¡Resulta, por decir lo menos, sumamente inquietante el computo final de dicha Consulta Popular! ¿Habrá alguien –dejemos fuera obviamente a quienes se erigen como los candidatos más susceptibles y probables– que, con base en la prudencia, el apropiado discernimiento, una buena salud mental, con oportuna sensatez, amplificada sabiduría, favorable cordura, admirable sentido común y harto buen criterio, vote por el NO? Existirá algún homo sapiens que concluya: ¡No, no quiero que se imparta justicia en este país! ¡Quiero seguir viviendo en un ámbito de corrupción e impunidad absolutas!… bueno, ya puesto en blanco y negro, quizás sí habrá varios especímenes que voten por el NO.
Pero, después de esa autoinflexión neuronal, ¿acaso la construcción de un Estado no es precisamente para brindar justicia y garantizar los derechos y exigir las obligaciones de todos sus conciudadanos? En fin, ni para darle más vueltas a este singular asunto que quedará grabado en la historia del México predemocrático. Sí, ¡predemocrático!, ya que, a pesar del desacertado pensamiento de algunos que, desde una visión completamente epidérmica y alejada del bien común, ven –erróneamente– la participación ciudadana en la consulta popular como sinónimo de un modelo de Democracia de ciudadanía. Decimos erróneamente porque la democracia de ciudadanía no sólo se construye con una consulta –y menos cuando la pregunta ofende el sentido común–, sino que este modelo debe integrar, armónica y sistemáticamente, los derechos ciudadanos: 1) a la participación en la información, 2) en la consulta, 3) en la decisión, 4) en el control y 5) en la ejecución de las políticas públicas que logren consensuarse. Pero, suponiendo sin conceder, que nos encontráramos con dificultad en los albores de la materialización de las bases de una democracia participativa o directa –que, obviamente, no es el caso–, ¿no es propio de la justicia constitucional imponer el o los castigos y/o sanciones a quienes han cometido cualquier acto en contra de los principios constitucionales y legales? ¿No se supone que para eso también hay un presupuesto que se ejerce mes con mes para soportar una estructura judicial competente, eficaz y suficiente?
Ni hablar, si se piensa que es justo y necesario gastar ese presupuesto para demostrar el nivel democrático gubernamental actual –si adicionalmente en el caso de que fuéramos una Nación que ya sobrevino a la pobreza económica y a las carencias sociales más abyectas “del México de antes”–, pues entonces sí, consultemos todo, desde ¿está usted de acuerdo en que se lleven al cabo las acciones pertinentes para que el gobierno de la ciudad garantice nuestro derecho constitucional a vivir en un medio ambiente sano para nuestro desarrollo y bienestar?, hasta ¿está usted de acuerdo en que se vulneren las disposiciones y procedimientos legales para la aprobación y consulta de los instrumentos que determinan la edificación y la transformación urbana y edilicia de la Ciudad de México, en sólo siete días y al vapor?
Porque, asombrosamente, por un lado, nos vamos a gastar casi 530 millones de pesos para consultar a la ciudadanía sobre lo indiscutible e irrebatible y, por el otro, el gobierno de la Ciudad de México, vulnerando el procedimiento de ley para la aprobación del Plan General de Desarrollo y del Programa General de Ordenamiento Territorial, ambos de la Ciudad de México, ¡estableció un período de “Consulta” para ambos instrumentos de sólo siete días! Sí, sólo siete días: ¡la antidemocracia y la prepotencia política al límite!
Dado en la residencia oficial de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México a los 2 días del mes de julio del año dos mil veintiuno. LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE GOBIERNO, JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA.- FIRMA.
CONVOCATORIA A LA CONSULTA PÚBLICA PARA PRESENTAR OPINIONES Y PROPUESTAS AL PROYECTO DE PLAN GENERAL DE DESARROLLO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y AL PROYECTO DE PROGRAMA GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
…
SEXTA.- PERIODO Y MECANISMOS PARA RECABAR LAS OPINIONES Y PROPUESTAS
El proceso de Consulta Pública se realizará entre el 5 y el 12 de agosto de 2021.
…
GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
VIGÉSIMA PRIMERA ÉPOCA.
5 DE JULIO DE 2021.
No. 632.
¿De verdad, con siete días basta y, según nuestro flamante gobierno citadino, es suficiente para revisar y elaborar propuestas serias y consistentes, tanto al Plan General de Desarrollo (PGDCDMX), que consta de 275 páginas, y al Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOTCDMX), que consta de 546 páginas, ambos de la Ciudad de México?, máxime que dichos instrumentos tienen por objeto:
I. Proyecto de Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México 2020-2040.
Es el instrumento al que se sujetarán:
a) Planes, programas, políticas y proyectos públicos;
b) Programación y ejecución presupuestal incorporará sus objetivos, estrategias y metas.
II. Proyecto de Programa General de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México 2020-2035.
Regulará la transformación de la Ciudad y fortalecerá la función social de la misma para su desarrollo sustentable. Se sujetará al Plan General de Desarrollo, tendrá carácter de ley. Será elaborado por el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, con la participación de la Administración Pública Local, las Alcaldías y la ciudadanía. Para su aprobación deberán privilegiarse los criterios y lineamientos técnicos del instrumento. Tendrá una vigencia de quince años, deberá evaluarse y actualizarse cada cinco años o cuando ocurran cambios significativos en las condiciones que le dieron origen.
Tendrá como objetivo regular la transformación de la Ciudad y asegurar la función social del suelo y de la propiedad pública, privada y social para un desarrollo sustentable compatible con los intereses de la sociedad.
https://plazapublica.cdmx.gob.mx/processes/consulta-ipdp
¿Sólo siete días –como sólo la divinidad lo logró y descansando en el séptimo– para que la ciudadanía capitalina ejerza una multiplicidad de derechos constitucionales federales y locales que rigen sobre la aprobación de los documentos que definirán el devenir socio-espacial de la Ciudad de México?… ¿neta? Claro, pero eso sí, casi 530 millones de pesos para preguntarle al pueblo mexicano si está de acuerdo en que las instituciones judiciales hagan su trabajo o si estamos de acuerdo en que hagan como que trabajan.
Los cuestionamientos emergen abundantemente, ya que, en este antidemocrático ámbito de planeación urbana disque participativa, sorprende muchísimo el silencio de los “inocentes” o, más bien, de los que inocentemente callan sus voces porque seguramente no tienen nada qué decir ni a favor ni en contra… porque, también seguramente, su contenido y su veloz procedimiento de aprobación les favorece.
En México, y la CDMX no es la excepción, hasta finales de los años sesenta, las únicas asociaciones existentes eran las agrupaciones sindicales o de carácter gremial y/o sectorial (de obreros, campesinos, empresarios, etc.), reconocidas o, algunas, fundadas por el Estado. A partir de entonces, y particularmente en la Ciudad de México después del sismo de 1985, se han desarrollado y constituido organizaciones para la defensa de intereses grupales o particulares; un buen ejemplo de ello son las organizaciones de la sociedad civil, que se han venido involucrando cada vez más en asuntos públicos y de interés territorial, su importancia radica en publicitar los derechos humanos vigentes, que no necesariamente se observaban o que se realizaban –y se siguen realizando– en ámbitos de oscuridad política-administrativa, además de impulsar otros movimientos, entre ellos, la defensa de los derechos humanos y políticos de la ciudadanía en general, y en ellos está el derecho que tiene toda persona a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar.
Varias organizaciones de la sociedad civil se han manifestado contrarias tanto al contenido como a los procedimientos de aprobación de los instrumentos de planeación de la CDMX (del PGDCDMX y del PGOTCDMX); en contraste y sorprendentemente, las agrupaciones gremiales y empresariales, particularmente las dedicadas al desarrollo inmobiliario y que resultan ser las beneficiarias o las deficitarias de lo que dichos instrumentos establezcan, han resplandecido por su mutismo. La premura y la escasez jurídica y administrativa han venido imperando tanto en el contenido como en los procedimientos de aprobación de los instrumentos de planeación de la Ciudad de México y, en contraste, la Consulta Popular del 1º de agosto –por su carácter populachero– será todo abundancia y exceso.
Quizás, habría que recordarle a quien comanda –o debería comandar– la planeación del desarrollo en la CDMX que, la participación ciudadana en las decisiones de política pública que afectan la esfera de la vida social y comunitaria germinaron hace ya más de 200 años; en el siglo XVIII, Jean-Jacques Rousseau consideraba –palabras más, palabras menos– que la soberanía reside en la igualdad entre gobernantes y gobernados, y, asimismo, que ésta es inalienable e indelegable, y sostenía que se debería suprimir la democracia representativa para implementar la democracia directa… ¡seguramente algunos ya arquearon la ceja!… ¡relájese joven!, eso fue hace 200 años, ahora dedicamos recursos públicos y neuronas ciudadanas para discernir, vía consulta popular, lo irrebatible mientras ¡lo sustancial estuvo por escapársenos de las manos… y, ¡en tan sólo siete días!
Ahora bien, en un acto de profundo histrionismo político, desde una visión jurídica menos desaseada y en busca de una plataforma política para la próxima elección de la jefatura de gobierno, desde la Secretaría de Gobierno de la CDMX, se ha establecido –apenitas en la raya– un nuevo período para la elaboración, consulta y aprobación del PGDCDMX y del PGOTCDMX: ¡seis meses! Ahora sí que la libramos apenitas.
Pero germinan nuevas preguntas, ¿acaso no nos dijeron –y lo cacarearon como gallinas ponedoras– que la actividad del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (IPDP) se basaría en su independencia y autonomía política administrativa y que, precisamente por esa razón, se desincorporaba del cuerpo administrativo del gobierno de la Ciudad? Y, entonces, ¿en dónde está la tan presumida independencia y autonomía del IPDP?, porque, en este desaseado e ilegal proceso de planeación del desarrollo y urbana de la CDMX, el capitán del presunto Instituto autónomo no mostró más que servilismo y una visión sumamente corta y escasa para anteponer la planeación de nuestra Ciudad a los caprichos y ocurrencias político-administrativas de la jefatura de gobierno. A menos que, el personaje en cuestión piense que planear tiene que ver más con dejarse llevar por la ventisca que por la puesta en marcha de un proceso continuo y permanente de análisis de la situación actual y de previsión de los escenarios futuros para el desarrollo de los asentamientos. Porque, si éste es el caso, ¿en dónde está el piloto?
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