Si los países pudieran escribir cartas a Santa Claus, varias naciones lo harían pidiendo que esta Navidad les regale algunas de las condiciones de las que goza México en este momento, empezando por poder contar con una frontera de más de 3,000 kilómetros con el país más poderoso del globo terráqueo.

Más allá de esta ventaja indiscutible, nos referimos a lo deseable que es para otros países contar con algunas de las circunstancias particulares que favorecen a México actualmente, y así poder atraer inversión extranjera directa (IED) y nacional, a pesar de la desaceleración económica mundial prevista para 2023. Las empresas productivas internacionales buscan blindarse de una serie de condiciones adversas que enfrentan desde diversos sitios en el mundo, o bien tratan de aprovechar condiciones privilegiadas con las que cuenta México, lo que las conduce al nearshoring o a su instalación cerca de su mercado de destino final, en este caso los Estados Unidos.

Entre los elementos adversos que afectan a la inversión internacional y que favorecen la localización de empresas en México está la guerra comercial entre Estados Unidos y China, comenzada por Trump a mediados de 2018 y continuada por Biden. El traslado de empresas de China a México les ayuda a evitar una tarifa de entre 10 y 25% por sobre los aranceles pre-existentes a la adopción de las nuevas barreras impuestas por Estados Unidos a productos fabricados en China. Las empresas que se instalan en México no sólo pueden evitar los aranceles mencionados sino además pueden gozar de preferencias brindadas por el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) al valor agregado generado en México al entrar al país del norte.

Al ubicarse en México, las empresas manufactureras también evitan una serie de obstáculos que han estado enfrentando desde el inicio de la pandemia, como los que experimenta el transporte de mercancías y sus partes, efectuado por vía marítima principalmente. La escasez de contenedores, el incremento de los costos de los combustibles, las largas filas de navíos en los puertos, que retrasan y encarecen la entrega de bienes, han significado una gran alteración en el funcionamiento de las cadenas globales de valor, que se aminoran al reubicar la producción cerca del mercado de destino.

Mientras el mundo se vuelve más proteccionista y los acuerdos multilaterales de comercio especialmente la OMC, se debilitan, se fortalecen los acuerdos regionales que, a su vez, se vuelven más exigentes. El acuerdo de libre comercio vigente T-MEC desde el 1 de julio de 2020 ofrece facilidades para el intercambio entre las Partes, pero sus obligaciones actuales son mayores que las que solía tener, especialmente en lo que se refiere al sector automotriz. El incremento en el Valor de Contenido Regional (VCR), es decir, el porcentaje de una mercancía que tiene que haber sido fabricada en la región del tratado para gozar de las preferencias arancelarias se ha elevado de 62.5% (bajo el TLCAN) para la fabricación de vehículos, a 66% actualmente en el T-MEC, porcentaje que llegará gradualmente al 75% para el mencionado sector (en 2025, a menos que la disputa actual contra Estados Unidos de Canadá y México por este requisito favorezca a estos últimos). Si bien a primera vista el mayor valor agregado regional puede verse como un obstáculo, en la práctica ha significado una mayor atracción de IED al sector automotriz en México justamente para cumplir con una más elevada producción local que permita acatar con parte de los nuevos cánones del acuerdo. En 2022, por ejemplo, ha habido una captación récord de IED en el sector de autopartes (cerca de 4 mil millones de dólares) y México se ha colocado como el cuarto productor a nivel mundial de estos bienes y el primero en América Latina.

A lo anterior hay que agregar que en la medida en que Estados Unidos avance hacia su meta de transformar al sector automotriz desde la tecnología de combustión interna a aquella impulsada por electricidad, también tendrá que reorientarse la industria automotriz en México, cuya producción se dirige principalmente hacia la exportación (85% del total 2021) y a Estados Unidos en particular. Este último país se ha comprometido a través de una Orden Ejecutiva del Pdte. Biden a que la mitad de todos los vehículos nuevos sean eléctricos para 2030 en ese país y, a nivel más local, en California quedará prohibida la venta de vehículos de combustión interna (VCI) desde 2035. Ello significa una verdadera revolución de esta industria, tanto dentro de Estados Unidos, como aquella que surte a ese mercado, incluyendo México, por supuesto. México mismo se ha comprometido a que la mitad de sus vehículos nuevos serán de cero emisiones a partir de 2030. Para lograr las metas planteadas por Estados Unidos, ese país está canalizando importantes ayudas para la transformación de la industria, además de imponer tiempos límites para hacerlo. Los estímulos son múltiples, pero uno muy importante es el provisto para consumidores en Estados Unidos, que está aumentando la demanda por vehículos eléctricos (VE) y, aunque los incentivos son mayores para aquellos producidos enteramente dentro de Estados Unidos, también recibirá apoyos la compra de los que provengan de fuera.

Así, al menos dos carreras están en marcha en la industria automotriz en Norteamérica: una es la de cumplir con los contenidos regionales de esta industria de acuerdo a lo establecido en el T-MEC y otra es la transformación de la industria desde la producción de VCI a VE para responder a sus compromisos internacionales de llegar a cero emisiones netas en 2050, en consonancia con el Acuerdo de París (2015). La transformación de la producción de VCI a VE no es menor pues, por ejemplo, éstos requieren considerablemente menos partes automotrices que los VCI y sus características son diferentes. De esta manera, en el mediano y largo plazo, México necesita reinventarse para mantener su relevancia en esta industria y para sostener el empleo que ésta ofrece lo que, a su vez, necesita de una mayor integración de la cadena productiva a nivel nacional, incluyendo por ejemplo, la producción de baterías de litio para los VE, que constituyen aproximadamente la mitad del valor agregado de dichos automóviles.

Los desafíos señalados van acompañados de la aparición de nuevas posibles cadenas de valor que pueden desahogar los cuellos de botella con que se ha enfrentado el sector automotriz y el sector electrónico durante la pandemia y que fue responsable en parte de la contracción de la producción vehicular durante ese lapso. A principios de agosto de 2022 se promulgó en Estados Unidos la ley de fomento a la ciencia y la cadena de semiconductores (CHIPS and Science bill), cuya finalidad es apoyar a la industria de semiconductores de Estados Unidos con 52,7 mil millones de dólares. A través de esta nueva ley Estados Unidos busca revertir la dependencia de China y otros países asiáticos como fuente de semiconductores (Estados Unidos produce sólo el 12% del total global mientras que en 1990 su participación era del 37%). Los múltiples incentivos pensados para esta industria tiene un potencial para estimular la producción de al menos algunos semiconductores o partes de ellos en México, ya que la ley pretende disminuir la influencia china en este ámbito. De hecho, las empresas beneficiarias de la CHIPS bill tendrán prohibido invertir durante 10 años en «China y otros países que signifiquen una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos», por lo que México se vuelve un destino atractivo para esas inversiones.

El impulso al nearshoring ha sido tratado explícitamente en el contexto del Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN) recientemente y funcionarios de Estados Unidos y México tienen intenciones de promoverlo especialmente a partir de 2023. Sin embargo, un esfuerzo serio de parte de México para aprovechar esta oportunidad tan excepcional que hemos descrito para atraer fuertes y crecientes inversiones tiene que ir acompañado de políticas públicas cruciales en diversos ámbitos.

Por ahora la limitada disponibilidad de energía eléctrica, y la insuficiente inversión para ampliarla en el futuro, es un obstáculo para la atracción de inversiones. De igual manera, es insuficiente la generación de energía limpia que las empresas necesitan para cumplir con sus compromisos internacionales de reducir sus emisiones. De hecho, se han paralizado proyectos privados de generación de energía limpia, lo que es un desincentivo más para que nuevas empresas se establezcan en México. Por tanto, el problema energético en México es uno de los mayores obstáculos para que el país aproveche las oportunidades del nearshoring.

Un segundo reto es en el ámbito de la conectividad, es decir, de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). Muchas empresas, especialmente las manufactureras nuevas operan con tecnología 4.0. La conectividad es esencial en esta revolución tecnológica, que permite usar Internet de las Cosas (IoT), Big Data, Inteligencia Artificial entre otras herramientas, por lo que la red de quinta generación de comunicación inalámbrica (5G), se hace indispensable. Pero el despliegue de redes 5G ha tenido una avance lento en México y ocupaba el octavo lugar en América Latina a mediados de 2022. El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) ha tenido retrasos en la subasta del espectro 5G.

Otro gran obstáculo es la generalizada inseguridad que existe en el país y que eleva los costos para las empresas que necesitan invertir en protegerse o que sufren pérdidas por la violencia en carreteras y otros ámbitos. Como afirma Jorge A. Castañeda en un artículo reciente, la delincuencia y la falta de seguridad jurídica en México generan dudas en las empresas respecto de elegir o no a México como destino de sus inversiones. En este último aspecto, Castañeda destaca lo ocurrido con el Aeropuerto Internacional (NAIM) suprimido por el presente gobierno, la cancelación de la planta cervecera Constellation Brands en Mexicali, y el freno que se ha puesto a los contratos de autoabasto eléctrico que provenían incluso de anteriores sexenios.

Los tres elementos mencionados son algunos de los más apremiantes, entre aquellos que se necesitan para detonar el nearshoring y su potencial de empuje al resto de la economía, justamente en un momento en que no abundan los estímulos a la economía mexicana. Otros aspectos cruciales, son la necesidad de entrenar y educar al capital humano acorde con las necesidades de las nuevas actividades señaladas; impulsar la investigación científica (en lugar de cercenarla); el fortalecimiento de infraestructura de carreteras y pasos fronterizos; la provisión de agua para la producción, que comienza a escasear justamente en grandes sitios industriales, como Nuevo León.

Así las cosas, el nearshoring puede ser una mera quimera para México o, al menos, una oportunidad en gran parte perdida, si no se atienden los graves problemas que obstaculizan y/o que no facilitan la operación de las potenciales nuevas inversiones.

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