El mundo vive momentos sumamente complejos. La humanidad padece una pandemia que pone a prueba un colapsado y rebasado sistema de salud que, en todas las latitudes, ha resultado notablemente deficiente e insuficiente para atender una situación como la que padecemos con motivo de la pandemia generada por el SARS-COV-2 o COVID-19. Quedó al descubierto que ningún país cuenta con un sistema de salud sólido y con las capacidades necesarias para atender masivamente a la población, principalmente en lo que refiere a requerimientos de terapia media o intensiva.
De conformidad con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el éxito de los sistemas de salud de los países estriba tanto en la calidad como en la cobertura de servicios para toda la población. Ciertamente, gran parte del éxito radica en la capacidad de implementar políticas públicas de prevención que mengüen los riesgos de sanidad y eviten la utilización de servicios hospitalarios. Sin embargo, una parte que toma mucho en cuenta para esta evaluación es que garanticen una cobertura sanitaria universal, esto es que todas las personas, sin importar su situación económica u otros factores, tengan acceso a los mismos servicios sanitarios cuando y donde necesiten, sin que ello represente una merma a su situación económica. Cabe precisar que esto no implica que deje de existir inversión privada, ya que es un factor económico importante en todas las naciones, más bien impera la forma en que los gobiernos, a través de sus medios, políticas e inversiones, garantizan el acceso a los servicios de salud a la población.
De conformidad con el ranking establecido por la OMS en temas de salud pública, nuestro país se encuentra ubicado en el lugar número 61 de 190 países evaluados. Eso nos pone muy por debajo de países como Francia, Italia, España, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Cuba, Arabia Saudita, República Dominicana, Jamaica, Venezuela y Senegal. Esto implica, entre muchas otras cosas, que nuestro país padece de deficientes políticas para garantizar el acceso universal a la salud, de prevención, eficiencia, esperanza de vida y —sobre todo— baja inversión en infraestructura, equipamiento y servicios en general.
Nuestro país, al igual que muchos en el orbe, están pasando por una situación presupuestaria compleja. Ciertamente, con motivo de la pandemia, la actividad económica ha caído de forma considerable y, por tanto, también la recaudación hacendaria y sería posible justificar la falta de inversión en salud por esta situación. Sin embargo, cierto es que aún y cuando la situación deplorable del sistema de salud pública no es nueva y tiene varias décadas de retraso, también lo es que las políticas de gasto público de los últimos años no contemplan inversión en la materia. Para el ejercicio 2021, se contempló destinar el 3.1% del PIB en esta materia, y que representó un incremento marginal del 9.1%, para destinar 145 mil 414 millones de pesos.
Hoy por hoy la realidad impera la necesidad de fortalecer, en inversión, políticas e infraestructura al sector salud; promover, de igual manera, la inversión privada en la materia; fortalecerla y brindarle estímulos, para contar con los instrumentos necesarios para lograr la ansiada universalidad en salud. Este tipo de acciones imperarían, per sé, un verdadero cambio y transformación en beneficio de todos.
@AndresAguileraM
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