La corrupción es, como su nombre lo indica, la putrefacción de algo que deja de servir para sus fines originarios y se convierte en otra cosa que, por lo menos, es distinta o incluso contraria al objeto valioso que le dio vida y origen. Su combate en la vida gubernamental es una deuda añeja para la sociedad. Ha sido un problema que existe y persiste desde épocas remotas, perduraron y se documentaron durante gobiernos postrevolucionarios, en la alternancia, la transición y la autoproclamada “Cuarta Transformación”.
La esencia de la corrupción gubernamental implica el uso faccioso de las facultades y poderes concedidos para beneficio propio, de facción o grupo, en detrimento del pueblo al que se sirve. Así las instituciones públicas, cuando son infestadas por prácticas corruptas, lejos de cumplir sus fines valiosos atentan contra ellos, lo que ponen en riesgo no sólo la gobernabilidad, además la propia subsistencia y viabilidad del Estado.
En esta lógica no es extraño que la mayoría de las campañas y ofertas políticas —sobre todo en los últimos tiempos— se hubieren centrado en el combate a las prácticas corruptas que, de suyo, son funestas para la integralidad de la vida social y, en consecuencia, para la popularidad de los políticos y los gobernantes. Quien ofrece combatir a la corrupción con vehemencia, acompañada de denuncia y crítica, por lo regular obtiene simpatía popular, la campaña electoral de 2018 dio cuenta de ello.
Ofertas políticas van y vienen, discursos con oratoria convincente, denuncia recurrente, críticas constantes e, incluso, hasta afirmaciones sin sustento, denunciando actos de corrupción, aparecen todos los días, pero realmente, acciones concretas y contundentes que los prevengan o combatan con eficiencia no se ha visto o difundido alguna.
Los reajustes presupuestales, las reducciones salariales, las retenciones ilegales de prestaciones y, en general, la disminución en el gasto público, en poco han abonado al combate a la corrupción, por el contrario, parecieran haber fomentado prácticas poco transparentes y hasta cuestionables, como adjudicaciones directas, contrataciones a proveedores sin experiencias, aunado a servicios públicos denegados por la cancelación indiscriminada de servicios concesionados y consolidados.
Aunado a lo anterior, el único esfuerzo institucional para combatir a la corrupción no ha concluido su consolidación: el Sistema Nacional Anticorrupción.
Desde que inició la actual administración federal, las acciones relacionadas al combate a la corrupción, han sido aisladas y realizadas mayoritariamente por la Unidad de Inteligencia Financiera, a la Procuraduría Fiscal de la Federación y, en menor medida, a la Fiscalía General de la República; sin embargo, se carece tanto de estrategia central como de políticas generales de prevención y vigilancia, pues éstas corresponden al Comité Coordinador, que es presidido por el Comité de Participación Ciudadana, situación que actualmente no ha acontecido.
Combatir la corrupción es un asunto que va más allá del ejemplo y de detenciones espectaculares. Requieren de estrategias complejas y de seguimiento permanente. De otra forma, no dejaran de ser meras arengas en los discursos de políticos y funcionarios públicos ávidos de notoriedad y popularidad.
@AndresAguileraM
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