Cuando seguir viviendo es peor que morir, es una muy buena noticia saber que se puede contar con la ayuda de un médico para poner fin a la propia vida el día que una decida. Lograr esto ha sido la lucha de Ana Estrada, una mujer peruana de 44 años, quien desde los doce fue diagnosticada con polimiositis, una enfermedad autoinmune, degenerativa, irreversible y progresiva que daña sus músculos y debilita todo su cuerpo. Necesitaba que la ley le permitiera morir para liberarse de esa condición en que se siente atrapada. Como en Perú no está permitida la eutanasia, debió interponer una demanda judicial para que se le reconociera su derecho a decidir cómo y cuándo morir. El 22 de febrero pasado lo consiguió.
Ana inició su campaña en 2016, después de recuperarse de la depresión que sufrió debido a las complicaciones de su enfermedad. Empezó a indagar y a aprender sobre el derecho a elegir la muerte,[1] primero de manera solitaria, pero después con el apoyo de diferentes personas hasta recurrir a la Defensoría del Pueblo[2] para promover un proceso de amparo con el cual obtener el acceso a un proceso eutanásico sin perjudicar a quien lo aplicara. Actualmente agradece todo el apoyo recibido: de sus familiares, del juez y de la Defensoría del Pueblo.
Ana dice seguir aprendiendo y aclara que no quiere morir ahora, pero sí quiere tener la libertad de elegir su muerte; de hecho, ha escrito en su blog que “esta búsqueda por la muerte se convirtió, paradójicamente, en una motivación para vivir”. No siempre se entiende que la eutanasia representa la posibilidad de sentirse libre hasta el último momento, cuando una enfermedad ha reducido al mínimo las posibilidades de elegir. Contar con la opción de recibir ayuda para morir permite seguir viviendo porque se sabe que se puede decidir no vivir más cuando uno quiera y tener la tranquilidad de irse de esta vida en paz y sin dolor. Ana tiene razón en decir que su lucha es un alegato por la vida, no por la muerte, algo que tendrían que entender las voces que tan superficialmente encasillan la defensa de la eutanasia en una cultura de la muerte (el Vaticano en primer lugar). De ninguna manera es así; se trata de defender la vida, pero con libertad hasta el final.
El juez encargado del caso de Ana Estrada, Jorge Ramírez Niño de Guzmán, decidió apoyar su demanda porque consideró que estaban siendo afectados sus derechos a la dignidad, a la autonomía, al libre desarrollo de su personalidad y a no sufrir tratos crueles e inhumanos. Descartó, como pretendían quienes estaban en contra, que Ana esperara a que se modificara la ley y se regulara la eutanasia. A pesar de que ésta es la situación que viven miles de personas en todos los lugares en que la eutanasia o el suicidio médicamente asistido no son opciones legales, al analizarlo como un argumento opositor que se dio en el juicio, se evidencia lo cruel que resulta obligar a quien desea poder poner fin a su vida para terminar con su sufrimiento a esperar a que cambie la ley. ¡No tiene ese tiempo!
La sentencia del juez Ramírez ordena al Ministerio de Salud y al seguro Social de Salud de Perú a garantizar la aplicación de la eutanasia en un plazo no mayor a diez días a partir de la fecha en que Ana decida que quiere morir. Con este fallo se exime del proceso penal que ahora establece la ley al médico que aplique la eutanasia; por el momento no se pretende cambiar la situación legal. Esto significa que la sentencia sólo aplica para Ana.
Además del inmenso agradecimiento que ha expresado Ana por haber logrado el derecho a la eutanasia, considera especialmente significativo el simple hecho de haber sido escuchada. Esto nos lleva a pensar en tantas personas que se encuentran solas en su deseo de ejercer su última libertad para morir con la ayuda médica que garantice una transición indolora y tranquila hacia la muerte. La ilegalidad de la eutanasia les ha impuesto el silencio, pues, ¿cómo hablar abiertamente de lo que se considera un delito? Ana va todavía más lejos y reconoce el silencio que sufren muchas otras personas y sus palabras conmueven: “Dedico este primer logro a las que no se les escucha. A las niñas, adolescentes y mujeres que tienen que callar o han callado. A las madres, hermanas, hijas y amigas de las que mataron o desaparecieron. ¡Justicia para todas!”.
Con cierta frecuencia se difunden noticias de enfermos que en diferentes lugares del mundo solicitan a los presidentes de sus países el permiso para que se haga una excepción a las leyes que prohíben la eutanasia y se les permita recibir ayuda para morir. El caso más reciente fue el de Alain Cocq, quien envió una carta con esta solicitud al presidente de Francia, Emmanuel Macron. Igual que ha sucedido en otros casos, la respuesta fue negativa pues el presidente no puede estar por encima de las leyes. Si bien la difusión de estos pedidos contribuye a la discusión sobre el tema al invitar a la sociedad a reflexionar sobre la conveniencia de permitir la eutanasia, la vía efectiva para conseguir la autorización en un caso personal es la seguida por Ana Estrada, siempre, claro está, que el fallo del juez sea positivo, como lo fue para ella.
Un caso similar fue el de Gloria Taylor, una mujer canadiense que padecía esclerosis lateral amiotrófica. Después de incluirse en la demanda que se conoce como Carter vs Canada, una juez del Tribunal Supremo de British Columbia le concedió en 2012 el derecho a recibir suicidio asistido, mismo que no llegó a solicitar, pues murió antes como resultado de una infección. Los alcances de la resolución canadiense llegaron más lejos que la peruana, pues la juez declaró inconstitucional la ley nacional que prohibía el suicidio asistido y discriminaba a los enfermos físicamente discapacitados.[3] El caso fue apelado, por lo que llegó a la Corte Suprema de Canadá, la cual resolvió definitivamente la inconstitucionalidad del suicidio asistido en febrero de 2015, lo que dio lugar al proceso que desembocó en su legalización en 2016.
A pesar de que en Perú el derecho a la eutanasia sólo ha sido aprobado para una persona, se trata de un avance importante en el reconocimiento de la libertad para decidir sobre el final de la propia vida. A este paso dado en un país latinoamericano, se suma el logro que representa que en Chile la Cámara de Diputados aprobara a finales del año pasado un proyecto de ley de “Muerte digna y cuidados paliativos” que permitirá, cumplidos ciertos criterios, la solicitud de la ayuda médica para morir. Antes de su aceptación definitiva, este proyecto debe realizar algunas modificaciones señaladas en el debate parlamentario.
A finales del año pasado comentaba que había buenas noticias en el movimiento mundial que defiende el derecho de las personas a elegir cómo vivir el final de la vida e incluir la posibilidad de recibir ayuda para dejar de vivir. Mencionaba a Nueva Zelanda, Australia, Austria y España. También en Portugal se han dado avances importantes para permitir la muerte médicamente asistida y en Uruguay existe un proyecto de ley que busca su aprobación. Sumamos ahora las noticias sobre Perú y Chile y esperamos añadir pronto el nombre de México en la lista de estos países.
Referencias:
[1] Aunque es común hablar del derecho a morir (right to die), no es una descripción precisa, pues ese “derecho” lo tenemos todos garantizado, pues la muerte es inevitable. Lo que deseamos que se nos reconozca es el derecho a elegir cómo y cuándo morir.
[2] En México equivaldría a la Comisión Nacional de Derechos Humanos o al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.
[3] La discriminación a los enfermos discapacitados se basa en el hecho de que estos no pueden suicidarse por sí mismos, como sí pueden hacerlo quienes no padecen una discapacidad.
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