Con el nuevo gobierno de Biden desde enero de 2020 –y los dramáticos efectos de la pandemia del COVID-19– se aprecia un sustantivo “cambio de paradigma global”. En el caso de Estados Unidos –el buque insignia de la liberalización desde la década de 1990– los cambios han sido dramáticos: si en 2020 las principales 50 economías del mundo anunciaron medidas para la reactivación económica por el 17% del PIB según la CEPAL, en el caso de Estados Unidos han sido cercanos al 20% de su PIB, y sin incluir anuncios del programa bipartidista de infraestructura anunciado en junio de 2021. Apenas el 14 de junio de 2021 el gobierno de Biden anunció su programa más ambicioso –que pudiera o no incluir el anterior programa de infraestructura– por 3.5 billones de dólares (o un adicional de alrededor del 17% de su PIB).

Estas diversas medidas internacionales y en Estados Unidos reflejan un profundo cambio de paradigma con la política económica desde las épocas de Reagan (1981-1989): la necesidad de intervención por parte del sector público por cuestiones de salud, seguridad nacional y la competencia ante China, entre otros. Como resultado, los diversos instrumentos no sólo buscan el apoyo de las clases más desfavorecidas, sino también fomentar la competitividad en sectores y empresas vinculadas a semiconductores, Inteligencia Artificial, software en general y el transporte autónomo, etc. Se trata de un profundo cambio en el “paradigma global” –neoliberal para algunos– que se impuso durante más de cuatro décadas globalmente, y en México.

El más reciente programa anunciado por Biden por 3.5 billones de dólares es reflejo de este cambio global y en Estados Unidos. El anuncio no sólo se hizo el mismo día en que la Unión Europea propuso un impuesto transfronterizo a la energía fósil y al dióxido de carbono, sino que incluye las prioridades prometidas por Biden durante su campaña: kínder gratuito universal para todos los niños de 3-4 años, dos años de universidad gratuitos, incentivos para la generación de energía renovable, infraestructura y apoyo a inversiones en hogares, entre otros. Se trata, sin lugar a dudas, de la propuesta más ambiciosa de la administración Biden para cumplir con sus promesas sociales y ambientales.

Buena parte de la discusión se centrará en el financiamiento del programa, existiendo un generalizado consenso que las grandes empresas, ingresos generados en la bolsa de valores y entre los más ricos en Estados Unidos serán su base; la efectiva implementación de los impuestos será fundamental. Políticamente más atractiva, sin embargo, ha sido el señalamiento que las importaciones estadounidenses gravarán a los productos cuyos países que no cumplan con los criterios ambientales estadounidenses, señalando explícitamente a China. Es decir, los productos importados por Estados Unidos cuyos países no cumplan con los criterios ambientales –todavía no especificados– deberán pagar un arancel extraordinario. Si bien no es de esperarse que estos aranceles sean económicamente significativos, sí lo son desde una perspectiva política –un creciente malestar social en Estados Unidos en contra de China– y la “competencia entre grandes potencias”.

¿Qué implicaciones pudiera tener el planteamiento anterior, considerando que el programa de Biden se encuentra en plena negociación?

Por un lado, refleja la profundización del “cambio de paradigma global” arriba señalado, ahora específicamente en el ámbito de la política comercial.

El Centro de Estudios China-México de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México viene calculando desde hace varios años la tasa arancelaria impuesta por Estados Unidos a sus importaciones: como resultado de la “guerra comercial” entre Estados Unidos y China; Estados Unidos prácticamente duplicó su tasa arancelaria con el mundo durante 2017-2020, del 1.41% al 2.78%, China lo hizo del 2.67% al 9.91% y México del 0.11% al 0.17%. Lo anterior es de la mayor relevancia, después de décadas de reducción de la tasa arancelaria de las importaciones estadounidenses. Las diferencias desagregadas por países son de la mayor significancia y permiten comprender recientes cambios en los flujos de las importaciones de Estados Unidos.

Lo anterior también refleja que el país norteamericano deberá definir criterios ambientales para establecer aranceles extraordinarios por países –difícilmente serán puramente ideológicos–y que bien pudieran afectar a China y a México: las empresas estadounidenses en las últimas décadas han sabido transferir segmentos de cadenas globales de valor con base en costos laborales y ambientales hacia países como China, México y Vietnam. Ante acuerdos multilaterales en la Organización Mundial del Comercio, regionales y bilaterales (con China en enero de 2020 y con México en el TMEC en 2020) la imposición unilateral estadounidense sin duda generará masivas discordias.

Y, no obstante, bienvenidos a un “cambio de paradigma global” al que muchos tecnócratas y burócratas en México deberán acostumbrarse cuando antes; no se trata sólo de un cambio de gobierno, sino que de cambios significativos globales. El “regreso al futuro” -vía el paradigma anterior- resulta iluso.

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