La Compañía Minera Cuzcatlán, ubicada en el municipio de San José de Progreso, en Oaxaca, reprobó la campaña difamatoria en su contra por parte de grupos de activistas,  quienes señalan a la empresa como un agente contaminante de la zona.

Y los directivos de la Minera Cuzcatlán refrendaron su compromiso de colaborar de manera proactiva para atender inquietudes de la población.

A través de un comunicado, la subsidiaria de la empresa canadiense Fortuna Silver Mines, reiteró que esto es una nueva ola de noticias falsas, distorsionadas y difamatorias en su contra, pues hasta la fecha no ha sido sancionada por ninguna autoridad ambiental federal ni local.

En este documento explican que esta campaña inició desde octubre de 2018 cuando las lluvias que se presentaron en el municipio excedieron la capacidad de bombeo de la pileta de colección de agua de la presa de jales secos, ocasionando el escurrimiento de agua de lluvia con sedimentos de jales acumulados en los canales de protección.

Dicho escurrimiento producto de la fuerte lluvia, alcanzó los márgenes del arroyo denominado El Coyote.

Asimismo, indicaron que La Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en el estado de Oaxaca había notificado en el momento que no existía contaminación en el suelo.

También, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) dictaminó que el cauce del arroyo se encuentra libre de metales por encima de los límites permisibles. 

Además, el presidente municipal de San José del Progreso, Amador Jaime Vázquez Gómez se mostró a favor de la minera, sosteniendo que, desde la llegada de la Compañía Minera Cuzcatán, existe un desarrollo sostenible en el municipio. 

¨Con la empresa hemos mantenido una respetuosa relación de colaboración que nos permite llevar a cabo programas y acciones de beneficio para los más de 8 mil habitantes ¨, aseveró 

Exigen que no les roben su agua ni contaminen sus tierras

Quienes se oponen a las prácticas mineras son, principalmente, la organización no gubernamental Servicios Para la Educación Alternativa (EDUCA), y los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, quienes tienen vínculos con políticos del partido Morena.

Acusan que la minera les quita su derecho de acceso al agua, además que crea un ambiente contaminado, el cual afecta a todos en la comunidad.

Para poner un poco en contexto, de acuerdo con una investigación realizada por Carto Crítica de 2014, encontraron que 417 empresas mineras estaban dentro del Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) de la Conagua. 

Estas empresas acaparaban un total de 1,036 títulos de aprovechamiento de agua, ocupando un volumen de 436 millones 643 mil 287.92 metros cúbicos anuales de agua. 

De acuerdo con Carto Crítica, esa cantidad de agua ¨es el equivalente al volumen de agua necesario para satisfacer el derecho humano al agua por un año de 11 millones 962 mil 830 personas¨. 

El movimiento contra las compañías mineras es liderado por mujeres que buscan un mejor futuro para sus hijos y para las niñas y niños del municipio y de otros afectados por la actividad minera, además de la defensa del territorio.

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