Las migajas externas y las migajas internas
Claudia Schatan

De qué se trata

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¿Qué se necesita para que nuestra economía no dependa crecientemente de estos ingresos externos que vienen a aliviar algo de las grandes carencias de México?

Lectura: ( Palabras)

Hoy (16 de junio) se celebra el Día de las Remesas Familiares, establecida por Naciones Unidas en 2018. Y vaya que es un día importante para México si se considera que en 2021 llegaron 52,594 millones de dólares por esta vía, es decir, el doble de lo que recibió el país por la exportación de hidrocarburos y el equivalente del 4% del PIB. Este ingreso de divisas ha estado creciendo significativamente pero su incremento fue muy pronunciado entre el año 2020 y 2021, es decir, de 27.1%.

En una nación en la que el 60% de la población empleada ganaba entre uno y dos salarios mínimos en 2021, es decir, entre 142 y 284 pesos al día (entre 7 y 14 dólares diarios), las remesas son una tabla de salvación para las familias que tienen la suerte de recibirlas (alrededor de 1.8 millones de familias), así como para la economía en su conjunto, al menos en lo que se refiere a su balanza de pagos. Pero no hay que hacerse ilusiones de que esas remesas sacarán a México del atraso, pues 95% de esos ingresos extraordinarios se dedican a la compra de alimentos, a vivienda, a educación o salud por parte de las familias que las reciben, pero de ahí no salen grandes inversiones, sino apenas mantienen a flote a esas familias, que de lo contrario engrosarían el océano de casi 60 millones de pobres que hay en México.

La situación de atraso y falta de oportunidades en el país ha sido histórica, motivo por el cual ha habido un éxodo incesante de la población hacia el vecino del norte, donde actualmente las remuneraciones son alrededor de diez veces mayores que en México. En 2018 había 11.2 millones de migrantes mexicanos (nacidos en México) viviendo en Estados Unidos (aunque son más de 37 millones de personas de origen mexicano en ese país) lo que refleja que desde hace mucho ha habido un deseo de los connacionales de encontrar una mejor vida en esa nación. Las valiosas remesas, en la práctica, pueden considerarse migajas que los migrantes son capaces de mandar, gracias a su trabajo mucho mejor remunerado allí. ¿Por qué, en primer lugar, México no ha podido brindar las oportunidades para que los mexicanos encuentren opciones de trabajo decente en su propio país? La respuesta rebasaría por mucho el espacio que puede ocupar este artículo. Sin embargo, sorprende ver al presidente mexicano nacionalista Andrés Manuel López Obrador (AMLO), cuyo lema es tratar de ser independiente del resto del mundo, especialmente de Estados Unidos, alabando y agradeciendo de todo corazón a los mexicanos que envían una tabla de salvación a la muy menguada economía y sociedad de México. Señaló: “[el ingreso de remesas] ayudó mucho para que no se nos cayera tanto la economía, sobre todo que no se afectara tanto la economía familiar [con la pandemia]”.

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Pero, ¿qué es lo que se necesitaría hacer para que no se dependiera crecientemente de estos ingresos externos que vienen a aliviar algo de las grandes carencias de México? Sin duda el fortalecimiento de las riendas económicas del país. Sin inversiones, no se puede generar una expansión económica que dé lugar a una mayor producción, mayor productividad y más y mejores empleos. Otra historia sería si México hubiera logrado afianzar una senda de desarrollo como la experimentada por Corea del Sur, a la que en los años sesenta rebasaba en ingreso per cápita. Ese país logró con grandes esfuerzos, inversiones, planeación y ayudas externas (pero bien aprovechadas) y, aún careciendo de todos los recursos naturales que tiene México, convertirse en una potencia industrial que hoy goza de un PIB per cápita más de tres veces superior al de México (Banco Mundial).

Pero no se trata de que México se aísle y trate de desarrollarse con la vista hacia adentro. Si lograra escalar mediante una política industrial e inversiones públicas y privadas hacia una economía más sólida, con un mejor nivel educativo, entre otras cosas, estaría en condiciones de vincularse con el vecino desarrollado del norte insertándose en eslabones mucho más avanzados en la cadena de valor que nos unen con él. Por ejemplo, si México hubiera llegado a ser una potencia en la producción de chips, como lo es Corea, sacaría mucho más provecho de la complementariedad de ambas economías, en lugar de centrarse en exportarle trabajo barato.

Como menciona un documento muy reciente de la CIEP, desde1980 ha habido un deterioro de la inversión pública en México y entre 2015 y 2021 el gasto público de inversión se redujo de 5.1% al 3.3% del PIB, es decir, “bastante menos de lo recomendado por el Banco Mundial para cumplir con los Objetivos del Desarrollo Sustentable (4.5 % del PIB)”. A la vez, la inversión privada y la IED no han podido compensar esa baja en inversión del Estado. De hecho, la inversión pública de diversas maneras es complementaria a la inversión privada y el freno de la primera tampoco ayuda a la segunda. El rezago simultáneo de la provisión de bienes públicos, especialmente en lo que se refiere a la educación, también ha limitado el desarrollo del capital humano, la investigación y el desarrollo tecnológicos, que son necesidades crecientes si el país quiere enfilarse hacia la sociedad del conocimiento y contar con las industrias avanzadas, que vayan mucho más allá que las maquiladoras (CIEP).

El sector privado tampoco está libre de culpa en la imposibilidad que ha encontrado México para enfilarse hacia una senda de desarrollo pues aunque sí hay empresarios sin duda emprendedores e innovadores, no es lo que domina en el país. De hecho, el sector público y el privado en México están inmersos en una relación simbiótica que hace muy difícil el éxito de políticas productivas que traten de impulsar al país, por una serie de razones que hay que ubicar en el terreno de la economía política, como hemos mencionado en un documento reciente (Cabrera y Schatan, 2021) entre las que están:  

  • – “Los grupos de poder en el sector público y el privado han mantenido relaciones rentistas, clientelares y extractivas en las que se benefician del statu quo, por lo que no tienen incentivos para iniciar transformaciones que cimienten las bases institucionales, fiscales y legales para un desarrollo de largo plazo, innovador y próspero.
  • – “La incapacidad para lograr las reformas fiscales [también debido a la oposición del sector privado] que generen los recursos necesarios para implementar políticas productivas y sociales robustas.”
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Estas severas limitaciones en la política pública y el comportamiento del sector privado conducen al Estado a tratar de compensar las carencias distribuyendo a través del gasto público migajas a una parte importante de la población. Con un sistema tributario totalmente insuficiente para enmendar las profundas desigualdades económicas en el país y con una economía estancada desde hace décadas, son pocos los recursos de los que se puede disponer para aliviar esta situación. Si se compara con otros países el monto del PIB destinado al gasto social es notablemente bajo en México –7.5% del PIB– comparado al 31% en Francia, al 24.7% en España pero incluso al 13.1% en Colombia o al 11.4% en Chile (cifras de 2019, pero esto no ha cambiado mayormente en 2021).

En un país en que la base productiva es débil, rezagada tecnológicamente, insuficiente para absorber al millón de jóvenes que se suman a la fuerza de trabajo anualmente y donde 60% de la población ocupada lo está en el sector informal y, repito, con casi 60% de la población total sumida en la pobreza, se tiene un grupo enorme de gente con profundas carencias y desesperada por recibir ayudas. Hay que considerar que aún muchos de aquellos que son suficientemente jóvenes para trabajar y ganar su vida tienen agudas necesidades económicas porque son víctimas de la pobreza laboral, es decir, sus salarios no les alcanzan para adquirir la canasta alimentaria (y por supuesto quedan fuera un vasto número de necesidades insatisfechas en materia de salud, vivienda, etc…). Este es el caso de casi 40% de los ingresos laborales (CONEVAL). Si se agrega a esto que las pensiones son insuficientes (y para muchos adultos mayores inexistentes), que es escaso o nulo el cuidado de los niños a nivel pre-escolar, que el sistema de salud público no da abasto, la política social es inviable, a falta de una política productiva que pueda dar sostén a la sociedad.

El gobierno de AMLO ha aspirado a ser el que mayor gasto federal hace en programas sociales, en nombre de lo cual se han hecho dolorosos recortes en el presupuesto federal en todas las áreas, sacrificando fondos de investigación y desarrollo, en educación en los mismos programas sociales, en cultura, en salud, y en la producción de muchos otros bienes públicos. Los resultados de estos sacrificios no parecen haberse traducido en mayores gastos sociales, como muestra un artículo de Máximo Ernesto Jaramillo-Molina (Nexos) en los que cuestiona la afirmación de AMLO de que el porcentaje de las familias que recibe ayudas económicas del gobierno es del 50%; el autor afirma que no rebasa el 30% (en 2021, sobre la base de la Encuesta Nacional de Empleo y Ocupación, la ENOE), porcentaje que ya se había alcanzado en 2015. Está muy claro que el programa social de todos los gobiernos, incluyendo el actual, son completamente insuficientes, considerando las carencias de la población. Valga mencionar que sólo el 35% del veintil más pobre recibía algún programa social en 2021, de acuerdo con el mismo artículo.

El monto de las ayudas de los programas sociales, por otra parte, no son una solución a los problemas de la gente que las recibe. Por ejemplo, el apoyo a los adultos mayores es de 1,925 pesos al mes (equivalente a alrededor de 96 dólares) lo que equivale sólo a la tercera parte de un salario mínimo. Lo mismo puede decirse de las becas para el Bienestar Benito Juárez, de 800 pesos mensuales (40 dólares) y las becas Jóvenes Escribiendo el Futuro para estudiantes de educación superior que llegan a 2,400 pesos o 120 dólares mensuales. Verdaderos mendrugos, considerando las necesidades de la gente.

Estas transferencias, por otra parte, bajo el presente gobierno ya no se hacen a través de  Progresa, Oportunidades o Prospera de administraciones anteriores –entidades creadas con reglas y cierta rendición de cuentas– por lo cual estos recursos les llega ahora a los ciudadanos enviados directamente por el gobierno: “ahora sí llegan directo a las personas, sin intermediarios” lo que se presta a crear un clientelismo extendido. Así las cosas, existe una porción muy grande de la población mexicana sumida en la pobreza que por unos cuantos pesos está secuestrada por el gobierno, pues muchos piensan que las dádivas que reciben dependen en parte de su apoyo político a ese mismo gobierno. Las remesas, por su parte, no adolecen de esa restricción, aunque se intenta que éstas lleguen a través del Banco del Bienestar creado por el actual gobierno.

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