El coordinador de la bancada del partido en el poder, el diputado Ignacio Mier, ha dicho recientemente en el Congreso que el “conservadurismo opta por el Derecho [sic]”, a diferencia de ellos, revolucionarios y liberadores, que optan por la Justicia. No pretenderé aquí analizar la causas que motivaron tal afirmación, la cual —como notario y abogado que soy, que postula la absoluta preeminencia del Derecho—, me parece un total despropósito. Considero que este tipo de declaraciones, ignorantemente descontextualizadas, están animadas antes que por la Justicia, por una muy sed de poder.
Debemos respetar el Derecho y la legalidad, reflexión que nos remonta a la historia de nuestro México independiente, concretamente a la figura del jurista, escritor e historiador José María Iglesias Inzáurraga [1823 – 1891], quien llegaría a ser presidente de México en 1876, y hasta 1877, pero no porque haya ambicionado serlo —como sí lo hicieron otros antes y después de él—, sino por su plena adherencia a la legalidad. Por eso se le conoce como “el presidente legalista”.
Este notable jurista era un hombre de incuestionables méritos: no sólo fue abogado y Presidente de la Suprema Corte de Justicia, antes fue maestro de lenguas, profesor de física, periodista y escritor (destacando en esto último merced a su colaboración con Guillermo Prieto y Manuel Payno en la redacción de Apuntes para la historia de la guerra entre México y los Estados Unidos, obra que tanto disgustó a Santa Anna), además de ser jefe de redacción del periódico El Siglo Diez y Nueve.
Iglesias se opuso, en 1876, a la fraudulenta relección de Sebastián Lerdo de Tejada [1823 – 1889], quien ya antes había ocupado la presidencia, a la muerte de Juárez. Lerdo, un liberal de gran ingenio y profunda formación intelectual, fue cegado en su buen juicio por la soberbia, y llegó a dictar medidas que lo enemistaron con la sociedad. Su “relección” fue más bien un coup d’état, tan escandaloso, que Porifirio Díaz se rebelaría contra él (en lo que se conoce como la Revolución de Tuxtepec), por lo que Lerdo acabará exiliándose en Nueva York.
En su calidad de Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Iglesias no reconocerá la reelección de Lerdo, pero tampoco se adherirá a la rebelión de Díaz. Por el contrario invocará la primacía de la Constitución de 1857, por lo cual le correspondía asumir el Poder Ejecutivo, así fuera de manera interina. En efecto, el Art. 82 del mencionado ordenamiento a la letra dice:
82. Si por cualquier motivo la elección de presidente no estuviere hecha y publicada para el 1º de Diciembre en que debe verificarse el reemplazo, ó el electo no estuviere pronto á entrar en el ejercicio de sus funciones, cesará sin embargo el antiguo, y el supremo poder Ejecutivo se depositará interinamente en el presidente de la Suprema Corte de Justicia [sic].
Incluso Porfirio Díaz, en noviembre de 1876, se había autoproclamado presidente provisional de la República. Ante ello, Iglesias argumentaría que a él le correspondía sustituir a Lerdo, quien había huido del país, y hacerlo precisamente el 1 de diciembre, como hemos visto en el citado Art. 82 (por ello a sus partidarios se les conocería como los decembristas, opuestos, evidentemente a los lerdistas, pero también, ahora, a los porfiristas). Empero, la intención de Iglesias no era perpetuarse en el cargo, sino en plena adherencia a la legalidad, convocar a elecciones, y poner coto a la rebelión de Porfirio Díaz.
En Guanajuato, donde se habían acuartelado los decembristas e Iglesias establecido su gobierno, emitió el jurista un manifiesto en que justificaba, con argumentos jurídicos, su proceder.
Pero las cosas no acabarían tan fácilmente. Porfirio Díaz había dejado en la capital a Juan N. Méndez [1820 – 1894], un hombre bastante inepto, literalmente sólo para calentarle la silla presidencial, entretanto marchaba a Guanajuato a combatir las fuerzas de Iglesias a las que finalmente derrotaría en 1877. Méndez sería presidente interino sólo por tres meses, de diciembre de 1876 a febrero del año siguiente).
Finalmente, Díaz e Iglesias llegarían a un acuerdo: este último debería reconocer a Díaz como virtual presidente, entretanto se le ofrecía a Iglesias, como premio de consolación, el gobierno del Estado de Michoacán. Fue así como Díaz se convertiría, tras elecciones extraordinarias, en Presidente Constitucional, el 5 de mayo de 1877, la primera de las nueve ocasiones en que lo sería. Entretanto, Lerdo en su retiro neoyorquino… se seguía considerando presidente. Son los avatares de nuestra historia.
Destaco en estas notas la adherencia al Derecho y la legalidad de Iglesias, en estos tiempos modernos en que los medios se dan gusto en propalar declaraciones infortunadas como la que inicia este artículo. La preparación y las enseñanzas que incluso desde el hogar recibió nuestro personaje, labraron la vida y la trayectoria de un destacado jurista. Y ahora que hablo de la enseñanza y el ejemplo previo (el ejemplo, que es como una orden silenciosa), no quiero dejar de señalar que el padre de José María Iglesias, curiosamente, ¡fue notario!: el coronel Juan N. Iglesias y Castro.