En México en estos últimos años hemos visto a un gobierno que ha puesto obstáculos para el accionar de todas aquellas asociaciones de la sociedad civil sin fines de lucro que apoyaban distintas causas (ONG, IAP, AC, etc.), a través de restringir la deducibilidad de los donativos que estas reciben de donantes al considerar que las mismas muchas veces no cumplían con los objetos para las que fueron creadas y consideran se prestaban para malos manejos y corrupción. Ante esto, su decisión fue asimismo la de eliminar cualquier apoyo que el gobierno otorgaba a este tipo de instituciones para sustituirlo en el mejor de los casos por aportaciones directas a grupos vulnerables afiliados al mismo, y con tintes de politiquería y compra de votos, más que a una verdadera intención de eficientizar o transparentar el uso de recursos públicos o privados en beneficios de causas particulares. Lo anterior es claramente reprobable, ya que el gobierno ha dejado desamparadas a un buen número de causas sociales y está dificultando que la sociedad civil lo haga, y esto va en detrimento de las clases más necesitadas.
Estoy seguro de que muchos coincidiremos en la relevancia de que cualquier recurso aportado a una asociación en apoyo de una causa, ya sea que venga de entes públicos o privados, cuente con objetivos medibles y revisables sobre su desempeño y dicho ente pueda ser adecuadamente auditado y fiscalizado. Asimismo, resulta imprescindible que la entidad receptora cuente con excelente calidad moral, eficiencia organizacional y gestión de bajo costo operativo. Las organizaciones que así actúen seguirán tenido muy probablemente acceso a recursos, mientras que aquellas que no lo hagan, perderán los apoyos y muy probablemente tiendan a desaparecer.
He intitulado mi artículo Bonos de Impacto Social. Alternativa para apoyar causas sociales ligados a la obtención de resultados, para poder hablar justamente de nuevas tendencias para apoyar causas sociales a través de esquemas novedosos de financiamiento. En el año 2010, surgió en el Reino Unido, el primer bono de impacto social (“BIS”), a través del cual se buscaba apoyar causas sociales específicas, pero ligando el apoyo a las mismas a la obtención de resultados medibles.
Este primer BIS, vio la luz después del arduo trabajo de grupos de expertos, y se aplicó en un caso muy concreto relacionado con los presos liberados de la cárcel de Peterborough en el Reino Unido. Según las estadísticas oficiales en Reino Unido, cerca del 60 pct. de los presos liberados, volvía a la cárcel en un periodo de 18 meses, tras haber reincidido en sus conductas criminales. Aunque existían distintos grupos filantrópicos que estaban buscando trabajar con estas personas para cambiar dicha tendencia, habían tenido poco éxito.
De ahí que nació este primer instrumento, para atender el caso de la reincidencia delictiva, y donde la sociedad y el ministerio de justicia, trabajando juntos se pusieron como objetivo la reducción de al menos 7.5% en el número de personas reincidentes, a través de un trabajo con los presos desde antes de ser liberados y asegurar su reinserción social una vez en libertad por 12 meses. Las entidades participantes en el esquema fueron:
- Una entidad filantrópica inversionista dispuesta a apoyar la causa
- Un patrocinador (en este caso el Ministerio de Justicia) dispuesto a pagar por un resultado, ligado a la disminución de la tasa de reincidencia.
- Una entidad operadora que prestara el servicio de contacto con los internos antes y después de su liberación, para facilitar su reinserción social y así permitir la obtención de los resultados.
A través de este instrumento, fue posible conseguir recursos del inversionista filantrópico para apoyar esta causa, y financiar la operación del esquema, definiendo un objetivo específico, que de cumplirse, daría lugar a que el Ministerio de Justicia británico como patrocinador pagara por el servicio efectivamente prestado y el repago al inversionista o filántropo se daría sólo en el caso que se cumpliera el objetivo.
En caso de no alcanzarse los objetivos, el gobierno no estaría obligado al pago; y los recursos aportados por el inversionista filántropo no se recuperarían, lo cual haría que los mismos tuvieran el tratamiento de donativo a fondo perdido.
En el caso en cuestión, al término del plazo, se logró una reducción del 9% en el número de reincidentes, lo cual excedía del objetivo planteado, dando lugar al pago del servicio por el gobierno y a la recuperación de su capital aportado y con un rendimiento del 3 por ciento al inversionista.
Nuestro Lector se preguntará ¿Por qué el Ministerio de Justicia estuvo dispuesto a actuar como pagador en este esquema? Si lo analizamos con detenimiento, cada vez que un preso liberado reincide, esto tiene un costo importante para el estado, ya que debe operar el sistema de justicia para volverle a apresar, y al mismo tiempo deberá pagar por la manutención del interno en prisión, de ahí que cualquier disminución en la tasa de reincidencia le representará ahorros por estos conceptos al estado, y de ahí su disponibilidad para pagar por la consecución del objetivo.
¿Y desde el punto de vista del donante? El BIS ofrece también mejoras versus una simple donación ya que si hay cumplimiento de objetivos el inversionista recibirá de vuelta su dinero para reinvertirlo en otras causas, y si no se logró el objetivo, su inversión se volverá una donación.
En el caso de que el donante participe como patrocinador de la causa, si se cumplen los objetivos éste pagará con gusto al haberse logrado el impacto buscado, y si no se logra el objetivo, el pago no le será solicitado y podría utilizarlo en apoyo de otras causas.
Hasta donde sabemos desde su creación, se han llevado a cabo más de 200 emisiones de bonos de impacto social en 33 países con mayor incidencia sobre temas de empleo y bienestar social; entiendo que en México se han llevado a cabo algunos proyectos en Jalisco y Chiapas en apoyo de la educación de mujeres y acceso a escuela para jóvenes, pero no encontré suficiente información para dar cuenta sobre los mismos.
Estos esquemas han florecido en varias jurisdicciones bajo variantes de esquemas de Asociación Público-Privada, y se han adoptado bajo distintos nombres, Pay for Success (PFS en EEUU); Social Benefit Bonds en Australia, SIC en Francia entre otros. Se considera que aunque estos esquemas han tenido avances importantes quizá han sido más lentos de lo que se esperaba, atribuible a la reticencia al cambio de modelo de algunos proveedores de servicios, a la dificultad de adopción de los patrocinadores, a la lentitud en atraer capital de inversionistas y quizá la más relevante, a la dificultad de adopción por parte de los gobiernos.
Según diagnósticos realizados en los últimos años por el Brooking institute y Ethos así como Bid Lab para México, el BIS es un producto viable para nuestro país, ya que es posible encajarlo dentro de marcos regulatorios existentes (Ley APP, Ley de servicios etc.), pero los factores críticos de éxito residen en que exista voluntad política para implantarlos, dentro de los ciclos políticos conocidos.
México tiene experiencia en haber promovido esquemas de asociación público-privadas con éxito en un número importante de proyectos de infraestructura (carreteras, centros penitenciarios, plantas de tratamiento de agua, entre muchos otros) y conocemos bien los alcances y limitaciones de estos desde la perspectiva económica y regulatoria. México tiene un ecosistema maduro de la sociedad civil organizada en apoyo de diversas causas y nuestro gobierno tiene experiencia en la implantación de estos esquemas, de ahí que con un poco de disposición del lado político bien pudiéramos lograr canalizar mucho mayores recursos con objetivos medibles, para atender los agudos problemas en temas de salud, seguridad, empleo y educación que sabemos nos vienen aquejando por muchas generaciones.
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