La hostilidad contra los organismos autónomos parece ya una rutina. No sólo es contraria al Estado democrático de derecho y a los principios de división de poderes y contrapesos institucionales. Puede detonar graves problemas y profundas distorsiones a partir de intervenciones de carácter político en asuntos que exigen un manejo técnico especializado. Por ejemplo, en la economía, donde vuelven las presiones contra el Banco de México.

Reiteradamente salen a la palestra políticos que claman la necesidad de usar las reservas internacionales del banco central para invertirlas en proyectos de infraestructura del gobierno o aumentar el gasto social. Pareciera que ninguna explicación sensata sobre por qué esto podría ser ilegal y, de realizarse, catastrófico, es suficiente para evitar que vuelvan recurrentemente las invocaciones a esa solución mágica para incrementar el presupuesto público. Siempre con argumentaciones de justicia social loables o buenas intenciones, pero que poco tienen que ver con las bases de la macroeconomía y la aritmética elemental de los agregados monetarios o la balanza de pagos.

Ahora se trata de la intención de pagar deuda del gobierno con recursos del Fondo Monetario Internacional cuya función expresa es fortalecer las reservas internacionales: los Derechos Especiales de Giro (DEG).

El pasado 2 de agosto la Junta de Gobernadores del FMI aprobó una asignación general histórica por el equivalente a 650 mil millones de dólares de éstos, del cual a México le corresponden aproximadamente 12 mil millones en equivalencia. A partir de ahí comenzó la polémica.

Confundir peras con manzanas

Los DEG fueron creados como unidad de cuenta y para constituir una reserva para la estabilidad del sistema monetario internacional. Actualmente su valor se basa en una mezcla ponderada de cinco monedas fuertes: dólar, euro, libra esterlina, yen y renminbi. Se parecen más a un seguro que a una moneda o un crédito: no pueden usarse para otras transacciones fuera de su función. Al menos así se entendía hasta ahora.

Para precisar, no son lo mismo estos Derechos, como unidad de cuenta, que las cuotas de éstos que les corresponden a los países miembros del FMI, como México, en tanto recurso disponible contra presiones a las reservas de divisas. Como sea, no son una donación ni mucho menos un ahorro que pueda gastarse a discreción, sino una especie de línea de crédito etiquetada o más bien un respaldo contable emergente al balance monetario, como derecho proporcional a la membresía con la institución fundada en 1945.

El objetivo del FMI es apoyar a los países a mantener condiciones de liquidez en el proceso de recuperación por el golpe económico de la pandemia, evitando riesgos en sus balances de pagos con el exterior. Usarlos para prepagar deuda soberana como quiere nuestro gobierno, suponiendo que fuera factible, sería desviarlos de su fin constitutivo y con pésimos resultados. De entrada, sería una sustitución de pasivos, porque no se puede pagar deuda con deuda. Eso, al margen de múltiples costos colaterales.

En la Ley del Banco de México se estipula que entre las divisas susceptibles de formar parte de las reservas internacionales se encuentran estos Derechos. Pero hay que hacer hincapié en que éstas, al igual que en el caso de los DEG, no son un ahorro de libre uso. Aunque se les quisiera ver así, el ahorro no es del gobierno, sino de Banxico, y no como propietario de “dinero del pueblo” en abstracto, sino justamente en su papel de banco: es decir, como institución en cuyo pasivo se cuenta el dinero que está en los bolsillos y las cuentas bancarias de cada quien.

Evitar tentaciones

Como lo ha expuesto de manera muy gráfica el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, las reservas internacionales son garantía de la base monetaria y activos que respaldan los billetes y monedas en poder del público. Implican la solvencia del país con el exterior, pues significan, a fin de cuentas, que siempre habrá dólares disponibles. Por un lado, las divisas que el Banco de México compra a Pemex como exportador o al Gobierno Federal de su colocación de bonos en el exterior, así como de las remesas que mandan paisanos de Estados Unidos o inversión extranjera directa que son canjeadas por pesos. Y por el otro lado, la venta al gobierno de divisas para que cubra su deuda externa o a instituciones de crédito mediante el mecanismo de subastas.

Así, deben coadyuvar a la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, mandato del Banco de México, y compensar desequilibrios entre los ingresos y los egresos de divisas, como baluarte de la balanza nacional de pagos. Gastárnoslas en otros propósitos podría llevarnos a crisis económicas que no podemos permitirnos. Justo para evitar tentaciones y riesgos se dio autonomía al Banco de México en 1994.

Para prepagar una parte de la deuda con los DEG, en caso de que se pudiera, el Banco de México tal vez tendría que convertirlos a dólares y vender éstos al gobierno, ante lo que quedarían dos “pequeños” problemas: que la Secretaría de Hacienda junte los pesos para ello y que el Banco de México reduzca las reservas y se arregle con el FMI. Señalar la inconsecuencia de ello, y más importante aún, hacer valer la independencia de la función monetaria, no es burocratismo, sino sensatez.

No por poca cosa la arquitectura institucional establece la separación del ámbito fiscal, facultad del Ejecutivo Federal, del monetario, que le toca al banco central.

Mal negocio

Desde el gobierno se argumenta que México paga intereses por su deuda de más de 4% cuando recibe un rendimiento inferior a 1% por sus reservas internacionales. Así que –fácil– usémoslas para amortizar lo que debemos. Solamente que, además de que no son activos del gobierno, y en el fondo tampoco de Banxico, su bajo rendimiento en términos relativos se debe a que, por ley y por lógica, tienen que estar depositadas en instrumentos financieros altamente seguros y líquidos. Por ejemplo, en bonos a un día de países desarrollados, como los del Tesoro de Estados Unidos.

Está en la esencia: reservas que puedan convertirse a efectivo cuanto antes, siempre que sea necesario para contener desequilibrios, aun si tienen un rendimiento negativo, como es el caso ahora con la deuda soberana de varios países de Europa.

Supongamos que, para pagar la deuda nacional, nuestro gobierno obligara a Banxico a entregarle una buena parte de las reservas. El pretendido ahorro por el spread de tasas podría quedar superado ipso facto por un aumento en el valor del remanente, puesto que el tipo de cambio se dispararía, probablemente hasta las nubes.

Así de mal negocio sería en términos financieros, para no hablar del costo macroeconómico: el daño a la economía por la depreciación del peso y sus efectos en la inflación y el crédito nacional, es decir, el del conjunto de las personas y las empresas. Con todo, de aún mayor profundidad sería el daño por el golpe a la confianza y al Estado democrático de derecho, al socavar a las instituciones para dar cabida a la toma de decisiones discrecional, basada en prejuicios y desconocimiento. En este caso, en menoscabo de una institución ejemplar por su autonomía y competencia técnica, y que le ha servido con igual ejemplaridad al país.

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