La violencia familiar y concretamente la que se comete contra la mujer, es un problema estructural y cultural, entendiendo ésta como el “conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos, grado de desarrollo en una época y grupo social”.
Estas conductas, tipificadas ya como delitos, no sólo afectan a la víctima, sino a su entorno que, en la mayoría de los casos, son los hijos quienes también resienten y tienen afectaciones psicoemocionales en el corto y largo plazo.
Estos actos, en no pocas ocasiones, llegan a costarle la vida a la mujer. Con frecuencia y por contradictorio que sea, de parte de quien “la ama”, es decir, su pareja; dando pauta también a los feminicidios que, de acuerdo a nuestro Código Penal, comete el delito de feminicidio el que dolosamente prive de la vida a una mujer por razones de género o sea por el hecho de ser mujer.
Feminicidios que, en su momento, motivaron manifestaciones de grupos feministas, algunas ciertamente subidas de tono, pero que buscaban hacer visible y que la sociedad en su conjunto, pero sobre todo la autoridad, tomara conciencia y acciones en contra de uno de los dos GRANDES delitos que sufre esta ciudad, como es, el de la violencia familiar. El otro es el robo, por cierto.
De acuerdo con la Dirección General de Política y Estadística Criminal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, nos dice que, de la incidencia de violencia de género contra las mujeres, el delito que mayormente se comete es el de violencia familiar que en la Ciudad de México se ha incrementado a niveles realmente alarmantes con 71% de los casos.
Como resultado de esto, el 21 de noviembre de 2019, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció la Alerta de Violencia en contra de las mujeres en la Ciudad de México y que, además, no hemos salido oficialmente de ella.
En aquella ocasión y con razón a los feminicidios que se habían registrado –que motivó en gran medida las movilizaciones de colectivos feministas–, la Jefa de Gobierno informó que 65% de los casos de violación a mujeres se da en el propio domicilio de la víctima; en tanto que 95% de los hechos el agresor es una persona conocida. Lo anterior junto con el delito de violencia familiar, revela a su vez que algo grave está pasando en el entorno familiar y que debe atenderse.
Datos igualmente de la Fiscalía, revelan que de cada 10 personas que sufren violencia familiar, 8 son mujeres y las dos restantes son adultos mayores y niños, observándose, lamentablemente, un incremento en estos.
Bajo este panorama, pensemos ¿cuántas de estas agresiones y muertes se pudieran haber evitado si, desde la justicia de barandilla ante el Juez Cívico, se atendiera el problema y adoptar las medidas preventivas correspondientes? El no ser así, denota que nuestra justicia cotidiana, está fallando.
Es de reconocerse que ha habido avances en la legislación y en las políticas públicas en torno a este problema, pero las mismas se han visto rebasadas ahora con la pandemia.
De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, en los reportes de los Estados sobre las llamadas de emergencia al 911, la violencia familiar presenta incrementos del orden del 30 y 100%, producto de las medidas de aislamiento social, provocadas por la emergencia sanitaria a causa del COVID-19.
Si bien, la dependencia federal junto con otras secretarías y sociedad civil están llevando acciones a favor de las mujeres que viven violencia en sus casas, no existe aún una estrategia única e integral a nivel nacional, y debo decir que tampoco a nivel local ni de Alcaldía, por lo que no se está respondiendo de manera oportuna a la situación.
Y es que se ha observado, a no pocas mujeres, niñas, adolescentes y adultas mayores (que como ya se dijo son las principales víctimas de la violencia familiar), recorrer en promedio cinco instituciones antes de encontrar los servicios integrales.
Cabe recordar que en el momento en que una mujer busca ayuda, las respuestas deben hacerse llegar de inmediato para evitar que la violencia se incremente. Que desde la primera llamada de auxilio se les oriente y acompañe para que se mantengan seguras hasta que llegue la ayuda.
Si bien en el país se cuenta con instituciones que brindan servicios a la problemática, hay muchas puertas de entrada, lo cual genera confusión y a veces, una revictimización que se debe evitar.
Lo anterior obliga a que de manera conjunta, sociedad y gobierno, diseñen e implementen, acciones y programas que contribuyan a erradicar este flagelo social.
Realmente se necesitan políticas integrales de apoyo social dónde se contemplen apoyo a la mujeres, niños, niñas así como adultos mayores y personas con discapacidad, que brinden seguridad y bienestar a estos grupos vulnerables que han sido invisibilizados por décadas.