En un recuento de opiniones fundadas de profesionales de la academia, industria, reguladores y por supuesto, usuarios de las telecomunicaciones, no existió una sola opinión positiva que fuera robusta a favor crear el Padrón Nacional de Telefonía Móvil (PANAUT). Así, fue aprobado y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el decreto que obliga al registro de datos relevantes de las más de 126 millones de líneas en tenencia de los mexicanos en las modalidades de prepago (82.2% del total o 103.5 millones) y pospago (17.8% restante o 22.5 millones).
Al respecto, el PANAUT recabado por las empresas, pero consolidado y resguardado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), contendrá información sobre la identidad, datos biométricos y domicilio de los usuarios.
Su propósito, loable, frenar la comisión de prácticas ilícitas como los delitos de extorsiones telefónicas y secuestros. Sin embargo, la capacidad técnica y presupuestal para su instrumentación es prácticamente inexistente y, por el contrario, generará distorsiones significativas al mercado móvil, mayor inseguridad potencial y diversos efectos negativos más.
Experiencia Internacional en el Registro de Datos Biométricos
No existe una correlación positiva entre un registro como el PANAUT y la disminución de la criminalidad, más bien, en algunos países, se han detonado incentivos al uso de la información recabada para la comisión de fraudes y otros delitos.
Incluso, México se sumaría a la corta lista de países autoritarios, por cierto, que requieren el registro de datos biométricos para la contratación de servicios móviles, como Arabia Saudita, Bahréin, Bangladesh, China, Emiratos Árabes Unidos, Nigeria, Pakistán, Tanzania, Uganda y Zambia. Un riesgo más de potencial intrusión a la privacidad y seguridad a partir de los datos recabados.
Impactos Previsibles en el Mercado Celular
En el mercado de telecomunicaciones móviles en México, se comercializan de forma trimestral 12 millones de líneas o SIMs, esta cantidad no son adquiridos en su totalidad directamente con el operador, sino también en diversos puntos de venta como tiendas de conveniencia, abarrotes, autoservicio y departamentales.
Con el PANAUT se erigirán costos significativos para estos comercios, dificultando aún más su desplazamiento, sobre todo en comunidades remotas. Esto impone barreras a la contratación de servicios para los usuarios, siendo los más afectados aquellos que se encuentran en zonas rurales y semi-urbanas.
Por otra parte, los Operadores Móviles Virtuales (OMVs) con modelos de negocios 100% digitales, es decir, que no cuentan con establecimientos físicos para la recolección de datos, no podrán cumplir con las obligaciones impuestas por el PANAUT. Esta circunstancia generará barreras al desarrollo de estos y otros competidores, con costos significativos, incluso perpetuando la elevada concentración de mercado que padece nuestro sector.
Costos y Limitantes para el IFT
Asimismo, se ha proyectado que el regulador deberá destinar alrededor de $100 millones de pesos al año para la administración del PANAUT, institución que por su naturaleza no funge como órgano de gestión de información y resguardo de bases de datos, por lo que no cuenta con capacidades técnicas ni de capital humano para una encomienda semejante.
Si el propósito es frenar las extorsiones telefónicas que, por cierto, 9 de cada 10 de esas llamadas se originan desde de centros penitenciarios, lo más efectivo, menos costoso y más conveniente habría sido dedicar recursos al bloqueo de las comunicaciones de entrada y salida de estos 447 penales.
El futuro de este padrón será sujeto a la revisión del supremo organismo de control constitucional, es decir la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que deberá pronunciarse acerca de la acción de inconstitucional y la controversia constitucional promovidas por el INAI y el IFT, respectivamente. Adicionalmente, aún queda por definirse cuáles serán los datos biométricos que serán recabados por los usuarios, así como del equipamiento que será empleado para este propósito.
Es menester frenar y dar reversa este mecanismo en México que a quien más perjudicaría y vulneraría sería al consumidor y no a los agentes criminales.
El contenido presentado en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no necesariamente representa la opinión del grupo editorial de Voces México.
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