A Iñigo Laviada Arrigunaga,

recordado maestro de Historia

General del Derecho en la ELD.

El pasado 24 de julio se conmemoró el 109 aniversario de la fundación de la Escuela Libre de Derecho, una de las instituciones educativas más prestigiadas en México para cursar la carrera de abogado, la cual, a lo largo de toda su historia, ha titulado apenas a unos cuatro mil profesionales en Derecho. Fue fundada en 1912 y concebida, en palabras de don Manuel Herrera y Lasso, como una escuela donde se forman “abogados capaces y morales”. La Libre es la segunda institución más antigua que imparte dicha carrera en México, después de la Facultad de Derecho de la UNAM. Tal como lo comunicó ese mismo día su Rector don Ricardo Antonio Silva Díaz, la sociedad mexicana “sabe que puede confiar en una abogada o en un abogado de la Libre porque conoce que quien egresa de ella es garantía de seriedad, confiabilidad, honestidad y pericia técnica jurídica”.

El actual Rector, quien ha ocupado el cargo desde noviembre de 2018 y lo dejará en noviembre del año entrante, seguramente sin pretender extender su mandato como lo pretende hacer el Ministro Zaldívar, es profesor por oposición de la cátedra de “Derechos Fundamentales” y de “Derecho Procesal Constitucional” e investigador honorario del Centro de Investigación e Informática Jurídica. Anteriormente se desempeñó como secretario de estudio y cuenta en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ponencia del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, fue Director General adjunto de procedimientos constitucionales en la Secretaría de Gobernación y colaboró en el despacho Barrera, Siqueiros y Torres Landa (ahora Hogan, Lovells, BSTL); asimismo, ha publicado y coordinado trabajos de investigación sobre Derechos Humanos y juicio de Amparo que son referente en el ámbito del Derecho. La Escuela, además de haberse enfrentado con éxito a uno de los mayores retos de su existencia, preservar la calidad y el rigor académico de la institución, lo cual hizo necesario implementar sistemas informáticos nuevos y capacitar a los profesores para el uso de las nuevas tecnologías, y ayudar a mantener el bienestar físico y mental de alumnos y maestros, el Rector se ha dado a la tarea de entrar a la arena pública para enfrentar la coyuntura política que ha puesto en entredicho nuestro Estado de Derecho.

En efecto, apenas hace ocho días su Rector ocupó las ocho columnas del periódico Reforma para advertir los abusos de la reforma judicial en curso. Bajo el cintillo “Busca la Libre de Derecho enmendar plana a su exalumno”, el periódico se refirió a un Amparo promovido por la Escuela Libre de Derecho, alma máter del Ministro Presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, en el que se señala que dicha reforma traería riesgo sobre la autonomía de los jueces. Conforme a la demanda de Amparo en la que la Libre alega tener interés legítimo para defender el Estado de Derecho en México, los cambios legales aprobados por el Congreso tienen criterios vagos, ambiguos, discrecionales y que atentan contra la independencia de los jueces. La Libre señala que los criterios para cambiar de adscripción a jueces y magistrados pueden ser utilizados para influir a jueces desde el Consejo de la Judicatura Federal (CJF). La demanda también sostiene que son inconstitucionales la creación de una Unidad de Investigación del CJF y de “comités de investigación” para casos graves, así como la facultad de suspender o readscribir a jueces y magistrados para ser investigados, incluso por faltas no graves.

El expediente de la Libre impugna más de cincuenta disposiciones normativas de la reforma al Poder Judicial impulsada por el Ministro Zaldívar, el cual cuestiona también la facultad del CJF para concentrar en uno o más juzgados o tribunales asuntos vinculados con violaciones graves a Derechos Humanos, cuando lo usual es una asignación aleatoria de los expedientes. Se afecta la eficacia del derecho de acceso a la justicia, con lo cual se vulnera la garantía de independencia judicial. El Amparo también critica el papel de la Escuela de Formación Judicial para la selección de funcionarios de los tribunales, pues está supeditada al CJF. Respecto de la ominosa pretensión de ampliar el mandato de Arturo Zaldívar como Presidente de la Corte, el Rector declaró públicamente y con razón que se trata de una clara intromisión del Poder Legislativo en las decisiones internas del Poder Judicial. 

En febrero del presente año, el Rector Silva Díaz envió una comunicación a sus alumnos en la que señaló la valentía que implica ser abogado para defender a las personas de los abusos de cualquier poder, público o privado, les dejó en claro que el Derecho es una respuesta al desorden y a la imposición de la voluntad personal, cuya aplicación evita la intolerancia y la tiranía, les explicó que el Derecho es cambiante y se adapta a las condiciones sociales y políticas, pero que también es un instrumento para equilibrar el poder político, les explicó que la carrera les permite ser artífices de soluciones a los problemas que se enfrentan y les advirtió la importancia de no caer en la tentación de seguir órdenes para obtener beneficios temporales. Les dijo que como abogados siempre estarán expuestos a la crítica, pero les aseguró que la defensa de una causa nunca puede considerarse traición a la Patria, esto en clara reacción a la injusta acusación de López Obrador en contra de los abogados que defienden intereses de extranjeros en México. Aseguró que los egresados de la Libre bajo distintas ideologías y en distintos ámbitos, han puesto en alto la abogacía en favor del bienestar social y la convivencia y concluyó que más que nunca México necesita abogados que cuestionen, dialoguen y busquen soluciones.

El Rector de la Libre también envió una comunicación al Juez Juan Pablo Gómez Fierro el 16 de marzo del presente año para reconocer públicamente su brillante trayectoria en la judicatura nacional, como un justo espaldarazo ante los injustificados ataques por parte del Poder Ejecutivo con motivo de haber otorgado amparos contra la reforma de la legislación en materia eléctrica y en relación con el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. El Rector señaló en su misiva que “ninguna decisión política puede estar por encima de los derechos de todos, ni de la Constitución”. El abogado Silva Díaz le recordó al Juez que “lo cimentado en roca, difícilmente se mueve y su paso se está forjando piedra por piedra”. Finalmente le pidió su confianza en el Derecho que será el que resguardará la fuerza de sus decisiones judiciales y “el ánimo para que pueda desarrollar su labor y servicio libre, con seguridad y sin ataques personales provenientes de las esferas públicas”.

En fechas recientes la Libre ha presentado diversos amicus curiae y opiniones consultivas en el ámbito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ha participado en Parlamentos Abiertos en nuestro Congreso sobre temas tan diversos como la mencionada reforma judicial, la prisión preventiva, la subsistencia de las obligaciones internacionales de México en caso de partir de la OEA e incluso ha abordado internamente temas de la agenda feminista para garantizar la igualdad de género entre el magisterio y su alumnado. Toda esta actividad extramuros de la Libre no implica una intervención política, sino el ejercicio de derechos y obligaciones para contribuir a que México se mantenga dentro de los estándares internacionales en su lucha contra la corrupción, pero evitando la implantación de regímenes autoritarios. Quizá nunca antes en su historia la Libre había tenido un reto tan grande como el que hoy enfrenta, junto con la sociedad mexicana en general: la ausencia de diálogo y la presencia de imposición por parte del Ejecutivo. Todo parece indicar que la mayoría de la Junta Directiva de la Escuela ha apoyado la gestión del actual Rector.

Con este talante, el Rector mantiene vivo el espíritu crítico de los fundadores de la Libre y le toca apuntalar la democracia, el respeto a los Derechos Humanos y la división de poderes. En efecto, a raíz de una huelga en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, antecesora de la mencionada Facultad de Derecho de la UNAM, la entonces Secretaría de Instrucción ordenó su clausura. Profesores y juristas de la época, decidieron apoyar a los exalumnos huelguistas para impartirles clases sin estipendio alguno de por medio. Se trataba de profesores de la talla de Antonio Caso, Miguel S. Macedo, José Natividad Macías, Emilio Rabasa y Eduardo Pallares. El Rector, don Ricardo Antonio Silva Díaz ha dado muestras de estar a la misma altura moral de los fundadores de la Libre. Hacemos votos para que la Junta General de Profesores de la Libre se comprometa con el Rector en esta decidida lucha por la defensa del Estado de Derecho en México.

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