A Mauricio de María y Campos, amigo, colega

y promotor de una política industrial en México,

así como colaborador de Voces México.

Durante décadas internacionalmente el concepto de “política industrial” fue prácticamente prohibido por el establishment académico y de instituciones multilaterales e internacionales: seleccionar a empresas, sectores y regiones, desde esta perspectiva, no sólo era ineficiente, sino que generaba costos innecesarios, además de alterar el libre sendero del mercado. Durante casi cuatro décadas México fue uno de los estandartes de esta ideología, famoso ante el pronunciamiento del exsecretario de Comercio y Fomento Industrial y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en la década de  1990: “la mejor política industrial es la que no existe”. A través de nuevas generaciones de funcionarios hasta mediados de 2021 este planteamiento no pareciera haber cambiado sustancialmente en México, el “encanto” de la no-política industrial en el Ejecutivo, la SHCP y la propia Secretaría de Economía (SE) sigue siendo fuerte hasta hoy en día.

Existen, sin embargo, elementos para poner en cuestión esta “consabida sabiduría”: en los últimos años, y particularmente ante las tensiones entre Estados Unidos y China, las dos economías más grandes han tomado significativas iniciativas de política industrial.

Hace apenas algunos meses Barry Naughton –probablemente el economista más reconocido sobre la economía de China fuera de China– publicó un detallado análisis “The Rise of China´s Industrial Policy 1978 to 2020”, de acceso gratuito por parte del Centro de Estudios China-México de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. En sus cuatro capítulos el libro elucida cómo desde la crisis financiera de 2007-2008 el sector público en China optó por medidas de política industrial de corte “horizontal” –tipo de cambio y financiamiento, entre otras– y con énfasis sectorial y por empresas en la innovación: recientemente definió un grupo de “industrias estratégicas emergentes” (20 industrias en 5 sectores prioritarios), incluyendo hardware de las industrias de la información y comunicación, maquinaria industrial, farmacéutica, nuevas energías y transporte eléctrico.

Para Naughton China en sus proyectos de política industrial de largo plazo –incluyendo el programa Made in China 2025 desde 2016– ya no busca “cerrar brechas” con otros países y empresas, sino liderar estos sectores a través de conocimiento propio. Los “Fondos Industriales Guía”, uno de los instrumentos diseñados recientemente, tan sólo en 2020 implicaron recursos por alrededor de 1,850 millones de dólares. Otros programas orientados a la sustitución de semiconductores importados desde hace más de una década y examinados a detalle por autores como Dieter Ernst han requerido decenas de miles de millones de dólares y parecieran estar plenamente justificados desde una perspectiva China y ante las restricciones estadounidenses desde 2018.

La competencia por el liderazgo tecnológico, sin embargo, también ha generado un importante cambio en Estados Unidos: apenas el 8 de junio de 2021 el senado estadounidense aprobó una ley para fomentar la competitividad vis a vis China por casi 250,000 millones de dólares en el siguiente lustro, incluyendo subsidios para la industria de semiconductores por 52,000 millones de dólares. La ley, aprobada por legisladores demócratas y republicanos, no sólo refleja la aceptación de la competencia con China, sino que también un explícito cambio con respecto a la política industrial desde los años de 1980: docenas de instrumentos específicos para el fomento de la innovación e investigación y desarrollo en Inteligencia Artificial y sectores como la biomédica, tanto en hardware como en software. Sorprenden las semejanzas en la priorización de la innovación y la sectorial con Made in China 2025.

Las implicaciones son múltiples. Por un lado, la ahora competencia en instrumentos de fomento industrial entre China y Estados Unidos en sectores que ambos han definidos como prioritarios, con lo que la competencia –y seguramente medidas de sustitución (decoupling) y exclusión de la respectiva competencia– entre ambas potencias se profundizará en los siguientes lustros. Igualmente importante es el abierto reconocimiento e implementación de masivos instrumentos para el fomento de la competitividad en Cadenas Globales de Valor (CGV) consideradas como estratégicas, con énfasis en la innovación, de corto, mediano y largo plazo.

Lo anterior para México no debiera implicar “volver al pasado” y retomar instrumentos de política industrial implementados hasta la década de 1980, sino que comprender la importancia de generar mecanismos e incentivos para segmentos de Cadenas Globales de Valor en territorios específicos y con instrumentos de evaluación en el corto, mediano y largo plazo. Esto implicaría un cambio de paradigma para buena parte de las élites en México, así como para los funcionarios de la SHCP y la SE, entre muchos otros, resultado de las políticas preponderantes desde los años 80.

¿Tendrán los nuevos liderazgos en el Ejecutivo, Legislativo, SHCP y SE la capacidad de comprender estos profundos cambios internacionales de “cambio de paradigma”?, ¿tendrán la capacidad de convencer a los funcionarios de segundo y tercer nivel –en la mayoría de los casos con argumentos trasnochados– sobre la importancia de una nueva política industrial?

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