A medida que avanza la administración de López Obrador, también aumenta el poder y la incidencia militar es diversos aspectos de la vida pública en nuestro país, el Ejército mexicano abarca labores que le corresponden como la defensa de la nación y hasta aquellas que, en teoría, no deberían estar a su cargo.

En la mañanera de hoy el primer mandatario nacional reforzó ese mensaje al asegurar que las Fuerzas Armadas intervendrán más para ampliar en el plan de vacunación.

Esta ha sido la tendencia del gobierno de la llamada cuarta transformación (4T), que le ha abierto la cartera a todo al Ejército.

Si bien en países como en Estados Unidos han utilizado a cerca de seis mil soldados de su ejército como acompañantes al personal salud en el proceso de vacunación, no quiera decir que esto sea del todo positivo. 

La presencia o no de los militares no hará que el proceso de vacunación en México avance de forma acelerada – esto tiene que ver con otros factores – a lo mejor sí puede ayudar para que las vacunas y personal salud que las aplicas puedan llegar a zonas de difícil acceso y garantizar la vacunación a población marginada, ahí sí sería positiva la intervención del ejército, únicamente para esa labor.

Sí, el ejército forma parte de la sociedad a la que pertenece, pero, a su vez, su misión es la defensa de esta y no podemos recargarles/otorgarles otras funciones que escapen de esta función principal, a menos que, en ese propósito, aumentes el reclutamiento de integrantes de las fuerzas armadas lo que derivaría en una presencia casi invasiva en la vida de las personas.  

Pero, enfocados en el contexto en el que nos encontramos, estas declaraciones de AMLO reafirman la idea que las Fuerzas Armadas son el brazo derecho de su gobierno y tendrá cada vez más presencia, a pesar de que la promesa del presidente fue otra. 

Una decisión con graves consecuencias políticas

Hace ocho meses el exsecretario de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT), Javier Jiménez Espriú, presentó su renuncia al cargo por diferencias con las decisiones políticas del presidente.

Espriú explico que se debió a su desacuerdo con que se traslade la responsabilidad de funciones eminentemente civiles en los puertos al ámbito militar de la Secretaría de Marina.

¨Lamento profundamente no haber no haber tenido éxito en transmitirle mi convicción y mi preocupación, sobre la grave trascendencia que considero tiene esta medida para el presente y el futuro de México, tanto en lo económico como en lo político¨, sostuvo.

Esta noticia, en su momento, pasó muy inadvertida a pesar de lo fuerte de las declaraciones de Espriú, que un secretario en funciones – a quien eligió el presidente al inicio de su mandato – renuncie a su cargo porque el mandatario no escuchó sus recomendaciones que contravenían sus decisiones es muy significativo. 

Porque demuestra que el presidente no acepta ninguna opinión que vaya en contra de sus decisiones y filias personales, sus palabras no son objeto de discusión sino sinónimo de órdenes a cumplir, reforzando la idea de presidencialismo en la que siempre ha estado inmerso México desde que terminó la Revolución y, hasta la fecha, no ha cambiado. 

En lo económico, la presencia de militares en ámbitos importantes de la economía como lo es un puerto – donde se exportan e importan enormes cantidades de mercancía de todos los sectores económicos – genera un rechazo por parte de privados y empresas mexicanas porque ahora les toca pasar por un filtro de personas que no están capacitadas para estas labores.

Esto no es a manera de insulto a las Fuerzas Armadas de nuestro país, pero que se encarguen de estas funciones hace que se desenfoque su función principal de defensa.

Y este lunes, el titular de la SCT, Jorge Arganis, dijo que deberían ser los profesionales de la ingeniería civil y no los militares los que debían hacerse cargo de las grandes obras.

Sin duda, Arganis hizo el comentario en clara alusión a las obras del Tren Maya y del nuevo aeropuerto en Santa Lucía, que están en manos de los militares por órdenes de López Obrador.

¿Cómo quitarles ese poder en un futuro?

La semana pasada nos enterábamos de que todas las ganancias que se obtengan del Tren Maya irán exclusivamente al ejército mexicano y no pasarán por la Secretaría de Hacienda como egresos nacionales. 

Ya no sólo es que los militares están ocupando muchos más espacios de nuestra vida cotidiana o que se encarguen de la construcción de los megaproyectos de esta administración, sino que también serán los responsables de llevar adelante estos proyectos. 

Reitero, por más buen deseo o intenciones que tengan los militares de dirigir un proyecto turístico y económico, no están capacitados para hacerlo por su formación y no es que esté mal decirlo, para llevar adelante este tipo de proyectos se necesitan de personas que tengan otro tipo de bagaje. 

Haré una comparación – la cual sé que parece bastante necia, pero ilustra bastante las consecuencias que pueden conllevar estas decisiones del presidente – con Venezuela y como los militares se fueron adueñando de a poco de muchos sectores importantes de la economía en el país.

A partir de 2012 militares empezaron a ocupar puestos gerenciales en siderúrgicas y empresas del sector primario – el sector fundamental de la economía venezolana –, de hecho, el expresidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA) – que es como PEMEX en México – es un militar, Manuel Quevedo.

Esa involucración militar en altos puestos y de decisión estratégica tiene mucho que ver con la caída productiva de estas empresas estratégicas que eran muy importantes para la economía venezolana y por la cual se sostuvo el proyecto chavista. 

No quisiera decir ¨zapatero a su zapato¨, pero los militares no son quienes deben de estar a cargo de este tipo de responsabilidades porque las consecuencias pueden ser gravísimas. Luego, para sacarlos de estos puestos, que les resulta de gran beneficio económico, tampoco es tarea fácil.

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