El presidente Andrés Manuel López Obrador, desde que era candidato, ha sostenido una guerra contra los organismos autónomos a los que califica de: ¨imparciales¨, seguir siendo: ¨conservadores¨.

La más notoria de todas es la que el mandatario entabla contra el Instituto Nacional Electoral (INE), precedida por el supuesto fraude electoral que padeció en 2006 (y que nunca presentó pruebas que demostraran tal hecho), y que hoy vuelve a cobrar vigencia por las sanciones que ha aplicado el INE a candidatas y candidatos de Morena para estas elecciones. 

López Obrador apunta que el INE: ¨ no está en favor de la democracia¨, y debe de reformarse porque: ¨actúa bajo consigna, busca protagonismo y hace campaña política en la contienda electoral¨.

El presidente, en anteriores oportunidades, amagó con la intención de desparecerlo y que la función de la organización de las elecciones quede en manos del Poder Judicial de la Federación. 

Esto es muy grave porque, antes de la creación del extinto Instituto Federal Electoral (IFE) en 1990, abre la posibilidad a que vuelva a ser el gobierno en turno quien asuma responsabilidades que, por una cuestión de intereses, no debería. 

La función de organizar las elecciones no debe ser entendida como algo simple, es toda una complejidad que permitan una contienda lo más cercano a la justicia, con normas a cumplir y derechos a exigir. 

Que el mandatario insinúe que algo tan profundo esté a cargo de una institución Estado no es una propuesta indecente, él entiende las implicaciones y cómo puede usarse en favor del gobierno en turno. 

La intención de AMLO es la de dinamitar la credibilidad que hay hacia el INE, esto puede tomar mayor fuerza dependiendo de los resultados de las próximas elecciones, y abrir paso hacia esa eliminación del árbitro electoral que propone el presidente.

Señalamientos con trasfondo político 

Esta lucha del presidente contra organismos autónomos es soportada por su partido Morena desde el Congreso, principalmente por el líder de esa bancada en el Senado, Ricardo Monreal.

El senador aseguró que les dará: ¨una sacudida institucional a través del Congreso de la Unión¨, a estos organismos autónomos. Monreal asegura que estos órganos ponen en riesgo la gobernabilidad por: ¨tantos embates al Ejecutivo¨. 

¨Hay una rebelión, incluso, de órganos constitucionales, donde hay una clara muestra de enfrentar al Ejecutivo con decisiones que afectan la tranquilidad y la gobernabilidad de la República¨, indicó.

Estas palabras de Monreal son muy llamativas, porque afirmar que los órganos autónomos son quienes afectan un ¨libre ejercicio de gobierno¨ de una administración habla más de quienes hoy son gobierno que de los organismos autónomos.

Porque si los problemas que afectan la gobernabilidad no es la inseguridad, la creciente incidencia del crimen organizado, la falta de un sistema de salud más eficiente que se ajusta a las necesidades de la población, entre otros, muestra la corta concepción que esta administración tiene sobre lo que es gobernar y representar.

El senador Monreal debería de argumentar sustancialmente cómo estos organismos afectan la gobernabilidad de un país, porque la acusación es muy grave, como si se estuviese hablando de grupos terroristas que atentan contra las garantías nacionales. 

No se puede señalar alguien (sea persona física o moral) de algo de esa magnitud sin mostrar pruebas que lo constaten porque eso se convertiría en difamación.

Pero estas acusaciones tienen un trasfondo político, que busca reposicionar la imagen de Morena y de AMLO.

Estos órganos pueden poner en predicamento la legitimidad del gobierno por la información que manejan y eso se busca a evitar a toda costa desde los círculos de Morena. 

La búsqueda de controlar la información

Producto de la información que se maneja en organismos autónomos, viene otro frente que abrió el presidente contra el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). 

Un órgano que resultó de la lucha de muchos años por la búsqueda de que la vida pública sea más transparente no puede ser desaparecido a petición de un presidente. 

López Obrador propuso que el manejo de la información quede a cargo de la Secretaría de la Función Pública y que el INAI desaparezca porque, además, le: ¨cuesta mucho dinero al erario¨. 

Esa lógica es insana para la discusión pública, porque no es lo que cuesta mantener el INAI, sino lo que pierde la ciudadanía sin un organismo como este, derivaría en un gobierno donde reine la secrecía y el ocultamiento de la información. 

Si se busca que el INAI sea más eficiente, porque hoy cuesta mucho tiempo hacer una solicitud de información pública y no está al alcance de todas o todos, se debería de proponer una reforma para que lo bien hecho hasta el momento pueda mejorarse.

Esto de que la información sobre gobiernos desde lo federal a local se maneje por una institución gubernamental y sea esta quien decida cuál se le otorga al ciudadano y cuál no, es muy grave para nuestra democracia. 

Sería dar muchos pasos hacia atrás y tirar a la basura logros que le costaron mucho a la ciudadanía. 

Es algo que pueda ser usado con perversidad por este gobierno y por cualquiera en el futuro, si una información no se da a conocer es prácticamente como si no existiese. Una ventaja que puede aprovecharse de múltiples maneras en beneficio político. 

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