Ayer por la noche la cuenta oficial de Twitter de la Fiscalía General de la República (FGR) publicaba un tuit que dejaba en vilo a la comunidad de esa red social, un mensaje simple pero impactante: ¨En breve información importante¨.

Tardaron un poco más de lo esperado, o quizá la FGR tiene una concepción distinta de la palabra ¨en breve¨, pero emitieron el comunicado donde daban a conocer que iniciaban un proceso de investigación contra los candidatos opositores a la gubernatura de Nuevo León Adrián de la Garza y Samuel García, quien encabeza las preferencias electorales. 

Para el caso de Adrián de la Garza se le acusa de presunta compra y coaccionar el voto femenino con las llamadas ¨tarjetas rosas¨, en donde el candidato priista promete entregar dinero – mil 500 pesos bimestrales, según lo dicho por Andrés Manuel López Obrador – por medio de estas tarjetas en caso de que gane las elecciones.

Esta acción está penada en la Ley General en Materia de Delitos Electorales (LGMDE) en el artículo 7 y párrafo siete, la sanción que se impondrá para quien cometa este delito es de cincuenta a cien días de multa y de seis meses a tres años de prisión.

Por parte del candidato por Movimiento Ciudadano Samuel García, se le acusa por presuntamente recibir dinero de origen ilícito para su campaña a la gubernatura de Nuevo León. 

No sólo se le investiga a Samuel García, sino también a Mariana – su esposa – y a Jorge – padre de Mariana – por la misma presunción de comisión de delito.  

Hay muchos puntos por analizar en esta situación y que deja en todos ellos en entredicho la actuación selectiva de la Fiscalía para estos asuntos y esa erosión a la credibilidad se acentúa, tras la aprobación casi unánime de la llamada Ley Gertz. 

Actuación con intenciones político-electorales 

El presidente López Obrador denunció la semana pasada en una de sus conferencias matutinas, sin si quiera comprobar si era cierto, que De la Garza estaba entregando dichas tarjetas para comprar el voto. 

“¿Cómo vamos a permitir este fraude? ¿Dónde está el INE? ¿ Y el Tribunal Electoral? ¿Dónde la Fiscalía electoral?”, decía retóricamente el mandatario. 

Al respecto, deja muchas dudas esta actuación de la FGR, ya que se va contra candidatos de oposición que aventajaban en las encuestas de la preferencia del electorado, por encima de la candidata de Morena Clara Luz Flores. 

Poco antes del inicio oficial de la campaña, Clara Luz era la favorita para hacerse con la gubernatura de Nuevo León, pero, tras destaparse su encuentro con el líder de la secta de crímenes sexuales NXIVM Keith Raniere, se vino abajo en las encuestas hasta caer en el tercer lugar. 

En su cuenta oficial de Twitter, Clara Luz Flores también tiene un ofrecimiento similar al del candidato priista, con la llamada ¨tarjeta Nuevo León¨ con la que busca dar apoyo a ¨mujeres en condiciones de vulnerabilidad económica¨

Éstas son muestras de que la FGR no opera de forma independiente y en base a evidencia que recaba, sino por consigna presidencial, por venganza política, y con la clara intención de influir, a como dé lugar, en las elecciones. 

La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), en su artículo 209 establece que queda prohibido a los partidos, candidatos, equipos de campaña, o cualquier persona la entrega de cualquier material en la que se oferte un beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato. 

En apariencia, Clara Luz está cometiendo un delito comparable por el que se le investiga a de la Garza y la FGR no hace nada al respecto. 

Riesgo a un futuro sin elecciones libres

Si quedaba alguna duda de que el presidente estaba detrás de todo esto bajo la excusa de ¨no permitir el fraude¨, él mismo nos los dejó muy claro que sí tuvo que ver en que la FGR iniciara una investigaciónen contra de los dos candidatos de oposición. 

Primero cabe aclarar que esto no es una defensa a los acusados, si se demuestra claramente que sí cometieron el delito por el cual se les investiga se les debe sancionar, aquí no se hace apología del delito, sino se resalta una evidente relación entre poderes, y de abuso de poder. 

Retomando lo dicho por el presidente en la mañanera de este martes, debería de preocuparnos que el mandatario se entrometa en procesos electorales que no le corresponden, además viola la ley y la acción en sí misma lo exhibe como un incongruente, porque al inicio de la campaña firmó un acuerdo para no meterse en la elección.

¨Claro que sí. Aquí lo di a conocer, es de dominio público, no podemos ser cómplices del fraude¨, aseveró López Obrador, con un rostro visiblemente descompuesto, de desprecio.

Lo más descarado del asunto, es que la FGR explicó, en el comunicado expedido la noche anterior, que inició la investigación producto de múltiples denuncias al respecto y el presidente se encargó de derrumbar ese argumento al decir que fue él quien la solicitó. 

Hay una búsqueda incesante del poder por el poder en sí mismo de parte del presidente, ya no hay intención de hacer política, si puede usar los aparatos del Estado para perseguir a sus adversarios, lo hará sin importarle que lo tachen por ello. 

Si quedaba duda del presidencialismo en el que estamos sumergidos, y del cual nunca hemos salido, hoy se da una nueva muestra de la perversidad en el uso del poder. 

Incongruencia en el accionar de la FGR: al “servicio” del presidente  

Ahondado un poco más en la investigación a Samuel García, al candidato de Movimiento Ciudadano se le viene señalando, desde antes del inicio de la campaña, su opaco financiamiento, entonces por qué ahora se le empieza a investigar cuando faltan tres semanas para la elección.

Además, al hermano del presidente también se le entregaron recursos de dudosa procedencia y no hubo ninguna consecuencia o investigación al respecto, el presidente dijo que: ¨eran aportaciones voluntarias¨, pero no lo probó con evidencia. 

Esa aplicación selectiva y oportuna de la ley – y todos los ejemplos mostrados – muestra que la justicia está coartada según la conveniencia del presidente y de su partido. 

Y, que no vivimos en un verdadero Estado de derecho, donde nadie esté por encima de la ley y haya sanciones ejemplares a quienes la infringen, aquí siguen las prácticas donde la clase política ajena al partido en el poder es incuestionable e intocable. 

Si a la FGR le interesa mantener su credibilidad y limpiar su imagen debería, al menos, aclarar casos como el de Emilio Lozoya, pero se sabe que de ahí no pasará nada por un evidente conflicto de intereses y pago de favores. 

El presidente seguirá metiendo mano en todas las elecciones que sea posible para posicionar mejor a los abanderados de sus partidos sin importar que tengan vínculos con criminales o sean unos criminales – como Félix Salgado, acusado de violación sexual –.

Lo hace porque sabe que se juega la continuidad de su proyecto y su ego no le permitirá aceptar que fracasó por todo lo que implica ese hecho y el peso negativo en la historia que tendrá su nombre.

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