La operación social integral en todo el mundo evoluciona crecientemente hacia la realización de actividades económicas, interacciones y transacciones digitales. Como en muchos ámbitos más, ello genera la necesidad de adecuar las condiciones operativas, fiscales y regulatorias que fueron diseñadas originalmente para lo físico, ahora en su dimensión digital.

En este sentido, se cuenta ya con iniciativas desde diferentes bloques de países para hacer compadecer ambos ámbitos, el físico y el digital.

En el terreno impositivo, recientemente el G-7 integrado por Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Japón, lanzó la iniciativa consensuada para realizar una reforma a los sistemas tributarios a nivel global, para que las empresas digitales transnacionales contribuyan al fisco de cada nación con al menos 15% de sus ganancias.

Este impuesto mínimo corporativo buscaría que las grandes empresas tecnológicas, como Facebook, Google, Amazon y Twitter, contribuyan en los territorios en las que tienen operación, así como a reducir los incentivos para que trasladen sus ganancias a países en los que no exista este régimen o a “paraísos fiscales”.

Este acuerdo promovido por el presidente Biden de Estados Unidos no sería el primero en intentarlo, ya desde hace varios años la OCDE en colaboración con el G-20, han trabajado para homologar las reglas impositivas entre las economías integrantes.

La aprobación a inicios del mes de julio por el marco inclusivo de países de la OCDE que comprende a más de 130 países y el G-20, a partir de la iniciativa del G-7, allanaría el camino para gravar a la economía digital para este conjunto de naciones que participan en negociaciones internacionales.

Equilibrio entre lo físico y lo digital

La OCDE ha identificado que bajo el sistema impositivo actual existen empresas que proveen bienes y servicios, pero especialmente estos últimos al ser fácilmente comerciables entre fronteras, escapan a una contribución plena en las economías en las que tienen operación. Esto pone de manifiesto múltiples retos en materia de cumplimiento normativo, pero sobre todo en aquella fiscal.

Por ello, con el paso de los años se ha dispuesto a diseñar mecanismos que no sólo resuelvan este desequilibrio hoy imperante entre el mundo físico y el digital, sino que también contribuya a que se conforme un sistema internacional impositivo que permita a las economías fortalecer sus finanzas y, al mismo tiempo, se alcance un consenso respecto a las reglas fiscales aplicables, para prevenir los paraísos fiscales, evitar la doble tributación y estimular el comercio internacional.

Prospectiva del impuesto para México

Precisamente, la homogeneidad en la aplicación de este impuesto mínimo global en los diferentes regímenes impositivos se ha puesto en marcha. De manera que se espera que se cuente con un plan de implementación tan pronto como en el último trimestre del año en curso para su entrada en vigor a más tardar en 2023.

La OCDE prevé que un impuesto mínimo global de 15% aplicable a las empresas digitales transnacionales tiene un potencial recaudatorio de 150 mil millones de dólares al año. México recaudaría, cuando menos, 30,000 millones de pesos (1,500 millones de dólares), de acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Hacienda, al contemplar a alrededor de 100 empresas que serán sujetas al gravamen y se proyecta que probablemente será aprobado en septiembre de 2022.

Esta iniciativa se constituye como la piedra angular para establecer un sistema internacional impositivo que grave de manera equitativa las transacciones e ingresos que se registran en el mundo físico, así como en aquel digital.

Es de esperar que éste sea sólo el inicio de una serie de ajustes al marco normativo fiscal global del que México no está exento. Si bien llega en una época de desaceleración económica y crisis, en el mediano y largo plazos contribuirá a emparejar el piso competitivo tanto entre países como entre empresas en esa dualidad de lo físico y lo digital.

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