México está atravesando por una crisis institucional entre los tres poderes, siendo el Ejecutivo quien inició este conflicto producto de los intereses del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Esto bajo el contexto de las elecciones más importantes en la historia del país, donde está en juego, a manera general, la continuación de un proyecto político (la llamada Cuarta Transformación de López Obrador) o cortar tajantemente la pervivencia de ese proyecto que hasta ahora sólo ha provocado severas divisiones entre los mexicanos y ha hundido al país económicamente.

Las confrontaciones entre poderes se han vuelto moneda corriente en los últimos meses y el Ejecutivo aborda todo maniqueamente, aliados o enemigos, para que la ciudadanía tenga que decidirse por un bando, como si se tratase de una batalla. 

Esto no se trata de buenos o malos, cada personaje desempeña un papel específico en función de sus intereses y calificarlos a partir de ellos. La política se trata de persuadir y convencer, las acciones y discursos se realizan a partir de esa consigna y eso es lo que estamos observando. 

A López Obrador le interesa que esta situación conflictiva se geste en este momento y explote el día de las elecciones de acuerdo con el resultado. En caso de ganar se sentirá con la autoridad de reformar aquellos poderes e instituciones que acusó de enemigos, en caso de perder señalará a estas como artífices de esa derrota. 

Mientras que la oposición se aprovecha de estos comportamientos y palabras cuestionables de AMLO para señalarlo de autoritario, pero aporta poco, o nada, a su causa política desde lo ideológico.

No es menor lo que está ocurriendo porque la animosidad del escenario puede generar mucha más división social – hablando de posturas políticas – de la que ya existe en este momento, la llama que termine por incendiar todo pueden ser los resultados de estas elecciones.

Debilitación de la credibilidad de los poderes

Bajo el argumento de ¨no sería tapadera de nadie¨ el presidente ha arremetido contra el INE, al INAI y al Poder Judicial de la Federación, acusa que estos están llenos de corrupción que hay que eliminar. 

Como cualquier ciudadana o ciudadano tiene derecho de emitir su opinión sobre un tema, pero no debe olvidar que tiene una responsabilidad como presidente del país, y eso no lo limita, pero sí debe de ser más comedido con sus palabras y acciones. 

Sus palabras influyen en el sentir de la población, inciden en aspectos económicos y en el Estado de Derecho en el que vivimos. Todo esto reunido hace que atravesemos una crisis.

No son acciones casuales que ocurren cada cierto tiempo, estos ataques se volvieron cotidianos y con la clara intención de querer debilitar la credibilidad de quienes considera enemigos.

El presidente todo este año se ha encargado de crear un panorama conflictivo en favor de su causa política. Es muy peligroso – sea quien sea, sin importar el partido de donde venga – que un mandatario se dirija hacia otros poderes tan categóricamente y con la intención de restarle credibilidad sólo porque toman una decisión que no comparte el presidente. 

Como ocurría con el PRI con gobiernos como los de Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970) y Luis Echeverría Álvarez (1970-1976) la única palabra válida no es la del presidente porque se termina distorsionando la responsabilidad de ejercer un poder. 

Pero los aduladores intelectuales de AMLO – que tienen todo el derecho de defenderlo – lo han fetichizado, hacer creer que el presidente es un ser divino y todo lo que hace es positivo para el país. Ese tipo de caudillismo se puede encaminar a un régimen autoritario. Hoy la palabra del presidente es la ley. Así se construyen las grandes tiranías.

Habrá que bajar a López Obrador del poster de luchador social en contra de las élites y ponerlo a la altura de un ser humano que se puede equivocar como cualquiera.

La sintonía entre Fuerzas Armadas y presidente 

Las declaraciones que encendieron las alarmas este viernes fueron las del secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, por cuestionar la labor del Poder Judicial en la lucha contra el narcotráfico.

¨Parece que el enemigo lo tenemos en el Poder Judicial¨, fueron las palabras exactas del secretario de Marina.

Matizó un poco al principio, pero la intención es clara, seguir generando un ambiente en el que se desacredite la labor del Poder Judicial y así hacer creer que es necesaria la reformación de este poder y que quede en manos de los intereses del gobierno en turno. 

Las Fuerzas Armadas siempre han mantenido un discurso cercano al del presidente desde siempre y para esta administración no sería la excepción. El presidente necesita que más voces se pronuncien en contra del Poder Judicial para que el discurso permee fácilmente y se logre la persuasión. 

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito de PJF tuvo que emitir un comunicado para aclarar que su labor obedece a la Constitución y la defensa de Derechos Humanos.

La Marina se queja porque el Poder Judicial ha liberado a algunos líderes del narcotráfico, pero esto no se debe a un acto complaciente de jueces en favor del crimen, sino consecuencia de una grave situación de inseguridad en donde ni los jueces gozan de seguridad para hacer su trabajo porque son amenazados y asesinados por el crimen organizado al que sentencian. 

Obsesión con el Poder Judicial 

AMLO está obsesionado con controlar el Poder Judicial, en la mañanera exigió que se investigara al juez Juan Pablo Gómez Fierro, quien concedió numerosos amparos a las propuestas de reforma que introdujo el presidente como a la Ley de la Industria Eléctrica o la Ley de Hidrocarburos.

El mismo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar fue quien dijo que no había ninguna irregularidad con Gómez Fierro.

Hasta la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigó las finanzas Gómez Fierro y de miembros de su familia. Hasta el momento no le han encontrado ninguna irregularidad en ese sentido. 

El uso premeditado de todo el aparato del Estado con intenciones políticas ha sido una actividad frecuente en esta administración como ocurrió en este caso y como luego se vio con Francisco Cabeza de Vaca, el gobernador de Tamaulipas.

Sin hacer apología del delito, el gobernador de Tamaulipas sigue siendo un presunto delincuente y si se quiere proceder una orden de aprehensión en su contra primero debe eliminarse el fuero constitucional. 

El Congreso de Tamaulipas retiró el proceso de desafuero por lo que Cabeza de Vaca todavía cuenta con este, pero el miércoles, de forma sincronizada, la FGR emitió una orden de aprehensión y la UIF congeló todas sus cuentas. 

Toda una acción coordinada, hasta desde el Congreso de la Unión quisieron desaparecer los poderes – algo que ya ha ocurrido anteriormente en esta administración – en Tamaulipas para así quitarle el fuero a Cabeza de Vaca. 

Este tipo de situaciones serán más frecuentes, AMLO querrá seguir ejerciendo lo que entiende como justicia desde su silla presidencial – pese a que es algo que no le corresponde – y usará todo lo que tenga a disposición para lograrlo. 

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