Hace poco más de un año, el 1 de enero de 2020 para ser exactos, el gobierno federal, a petición del presidente Andrés Manuel López Obrador, decidió eliminar el Seguro Popular para crear el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), para ampliar al acceso a este derecho a quienes no tenían acceso a él. 

En su presentación, el titular del INSABI, Juan Antonio Ferrer Aguilar, manifestó que el objetivo principal de esta nueva dependencia es: ¨garantizar servicios de salud gratuitos y de calidad a 69 millones de mexicanas y mexicanos que no cuentan con seguridad social¨.

Ferrer Aguilar detalló que ninguna mexicana o mexicano necesitará afiliarse o pagar una cuota anual para recibir atención médica y medicamentos gratuitos, únicamente con la credencial de elector (INE) con CURP o el acta de nacimiento era suficiente para tener derecho a una consulta. 

¨Habrá atención para todos los padecimientos. Esto incluye aquellos que generan gastos catastróficos como el VIH, cáncer y otros para lo cual se ha creado el Fondo de Salud para el Bienestar¨, dijo el titular del INSABI.

Ferrer Aguilar fue, cuando menos, impreciso porque en su mensaje se entiende que todos los servicios médicos y medicamentos ofrecidos por el INSABI serían gratuitos sin importar el padecimiento, cuando no es así. 

La primera semana en que el Instituto estuvo operando hubo mucha confusión con el cobro de unas consultas que generó el enojo de la población que pretendía ser atendida. 

La Secretaría de Salud tuvo que salir a aclarar la situación diciendo que los servicios gratuitos sólo se ajustan a los de primer y segundo nivel. Los más especializados – de tercer nivel – al ser más complejos la o el paciente debe pagar una cuota de recuperación por los servicios recibidos. 

Un derecho que disminuyó con la llegada del INSABI 

El párrafo cuarto del artículo cuatro de nuestra Constitución garantiza el derecho a la salud, este mismo fue reformado en mayo del año pasado. En esencia toda mexicana y mexicano tiene el derecho de incorporarse al Sistema de Protección Social en Salud. 

Este derecho constitucional se ha convertido un privilegio en esta administración, ya que, a comparación de 2015, son más las personas quienes no tienen acceso a servicios de la Salud.

En el documento ¨Porcentaje de la población con carencias por acceso a los servicios de salud¨ publicado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) indica que en 2015 el 16.7% de la población mexicana tenia carencias en acceso a la salud pública, en 2020 ese porcentaje pasó a 21.5. 

La carencia de acceso a los servicios de salud se ubicó en el 58.6% a nivel nacional, en 2010 disminuyó para llegar al 33.6% y cinco años más tarde bajó a menos de la mitad. 

Es decir que, iniciado este Siglo, más de la mitad de las mexicanas y mexicanos no tenían acceso a un derecho fundamental – el derecho a la salud se entiende como el derecho a la vida – y en 15 años se logró que 8 de cada 10 pudieran contar con servicios de salud. 

Si comparamos las carencias de acceso a los servicios de salud entre 2015 y 2020 por entidad federativa, veremos que, en 31 de los 32 estados, esta deficiencia de política pública incrementó. El único en donde disminuyó fue en Baja California Sur. 

Habría que analizar la cifra año a año, para determinar si existe casualidad o correlación con el incremento de las carencias en acceso a servicios de salud y la llegada del INSABI.

Un desabasto real

Uno de los grandes problemas que atraviesa el sector salud es el desabasto de medicamentos, especialmente los destinados a niñas y niños con cáncer.

A diferencia de lo que quiere hacer ver el gobierno federal – imponiendo una narrativa en la que este problema no existe –, el desabasto de medicamentos es real y debe de tomarse con toda la seriedad para ayudar a salvar la mayor cantidad de vidas posibles.  

Hace unas semanas unas palabras del subsecretario de salud Hugo López-Gatell generaron una molestia pública por parte de las familias afectadas y en una parte de la sociedad.

López-Gatell mencionó que no existía tal desabasto de medicamentos porque siempre son los mismos padres protestando y que se trataba del ¨enojo¨ de las farmacéuticas porque el gobierno ya no le otorga contratos millonarios como ocurría en administraciones pasadas.

El subsecretario se aventuró más allá y manifestó que el desabasto se trataba de un ¨cuento o una idea inventada¨ que usaba la oposición para orquestar un golpe en contra del presidente, Andrés Manuel López Obrador. 

En lugar de politizar un tema de salud, el subsecretario debería procurar que los medicamentos lleguen a las personas que lo necesitan. Pero prefiere retomar la narrativa de Palacio Nacional, con la que quieren hacer ver que el país está de maravilla cuando no es así.

Si el subsecretario se diera cuenta de la dimensión del problema no estaría haciendo aseveraciones tan desafortunadas, porque las niñas y niños con cáncer sin medicamentos no son ¨una idea para dar un golpe¨, sino una lucha legítima ante una injusticia. 

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