Este lunes ocurrió un enfrentamiento violento entre las fuerzas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) con los alcaldes electos por la oposición (PAN, PRD, PRI), quienes pretendían acceder al Congreso de la Ciudad de México.

En la trifulca Lía Limón, alcaldesa electa de Álvaro Obregón, resultó agredida por un policía – sangró en la nariz por el impacto – mientras saltaba vallas y evadía el cerco policial, en su intento de acceder al legislativo local. 

De acuerdo con una filtración, la diputada local de Acción Nacional (PAN) y presidenta de la mesa directiva del Congreso local fue quien ordenó el auxilio de la fuerza pública a propósito de resguardar el recinto a propósito del periodo extraordinario de sesiones.

En ese sentido, Martí Batres, secretario de Gobierno de la Ciudad de México señaló que los cuerpos policiales no se encontraban acordonando la zona por ocurrencia, sino por solicitud de la legisladora panista.

Agregó que el gran número de personas a las afueras de la sede legislativa que acompañaban a los alcaldes electos hizo difícil identificarlos para dejarlos pasar. 

Asimismo, apuntó que no era necesario el forcejeo y la violencia y que ¨sólo con una llamada bastaba¨ para permitirles el paso al Congreso. 

¨Insisto que de parte del Gobierno no se buscará la confrontación, ojalá no se busque por parte de otras fuerzas políticas. Yo creo que no hay necesidad de hacer estas cosas para llamar la atención de los medios de comunicación¨, destacó Batres. 

El funcionario recalcó que sigue en pie la reunión entre alcaldes electos y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, el próximo 2 o 3 de septiembre. 

Por su parte, la SSC informó que los policías que aparecen forcejeando con los alcaldes electos ya fueron identificados y serán citados a la Dirección General de Asuntos Internos para rendir sus respectivas declaraciones. 

Leyes de último momento 

Los miembros de la Unión de Alcaldes de la Ciudad de México (UNACDMX) buscaban llegar al Congreso para conversar con los legisladores y evitar que se aprobase la ley de homologación de cuerpos de seguridad de la CDMX. 

Esto porque señalan que la medida les arrebataría facultades y la posibilidad de replicar el modelo de seguridad ¨Blindar BJ¨, el cual disminuye los tiempos de respuesta a diferencia de los cuerpos sectoriales.

Ese objetivo no se logró. La ley de Seguridad Ciudadana que homologa todos los cuerpos de seguridad de la Ciudad de México se aprobó por mayoría con 56 votos a favor en lo general, reformando así los artículos 79 y 138 de dicha ley.

Sin embargo, las bancadas del PRI – PAN – PRD presentaron una reserva en donde se pretendía que las patrullas puedan llevar el nombre y logo de la demarcación a la que corresponden. 

Durante la sesión también se aprobó, con 46 votos a favor y 8 abstenciones, la reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de la Ciudad de México en donde se le transfiere la responsabilidad de administrar el sistema penitenciario local a las SSC, el cual era controlado por la Secretaría de Gobierno. 

Mauricio Tabe, alcalde electo en Miguel Hidalgo comentó que, en su reunión con Batres hace un mes, le dijo al secretario que no era necesario llamar a un periodo extraordinario en el Congreso local para la aprobación de dichas reformas. Evidentemente, su propuesta no fue considerada por el gobierno capitalino. 

Después de los hechos de violencia, las y los alcaldes de UNACDMX exigieron una reunión inmediata con Sheinbaum para conversar respecto a la transición y el presupuesto que se les asignará a cada alcaldía.

Las largas a la transición y el diálogo

La transición en los gobiernos de las alcaldías se les ha dado muchas largas desde que se dieron a conocer los resultados de las elecciones del pasado 6 de junio. Algo que han denunciado en numerosas ocasiones los alcaldes opositores. 

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dejó claro desde finales de junio que no se reuniría con ellos hasta que asuman sus cargos; es decir, a partir del próximo 1 de octubre y relegó la responsabilidad a su entonces secretario de gobierno, José Alfonso Suárez. 

Desde que Martí Batres fue nombrado secretario de Gobierno ha sostenido largas y extendidas reuniones con los siete alcaldes electos de Morena para conversar sobre temas de interés de la ciudadanía. 

Un trato muy diferente al que le ha dado a los nueve de oposición, ya que sólo se ha reunido con tres, en una reunión que sólo duró un día: Adrián Rubalcaba, Cuajimalpa; Sandra Cuevas, Cuauhtémoc, y Mauricio Tabe, Miguel Hidalgo 

El 11 de junio de este año, cinco días después de las elecciones, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México que los procesos de transición iniciaban en cuanto el Titular de la Alcaldía electo reciba su constancia de mayoría. 

Cuatro días después, e 15 de junio todos los alcaldes recibieron su constancia de mayoría, pero la Comisión de Transición no se instaló y en la Gaceta Oficial publicada el 7 de julio se movió la fecha hasta el 1 de septiembre, es decir, un mes antes de que las alcaldesas y alcaldes entren en funciones. 

Como dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador con respecto al caso de Anaya: ¨el que nada debe, nada teme¨. No se entiende que se cambien las reglas después de las elecciones, cuando ya se tenían unas reglas específicas. 

La pugna política afectará a los ciudadanos

Quien queda en medio de toda esta situación son las ciudadanas y ciudadanos de la Ciudad de México, quienes tendremos que sufrir todas las consecuencias de la lucha política entre gobierno morenista y oposición en la Ciudad de México.

Cuando Sheinbaum eligió a Batres como su secretario de Gobierno no fue algo casual, Martí cuenta con un amplio currículo como operador en la Ciudad de México desde que fuese subsecretario de gobierno en la administración de AMLO. 

Después de perder la mayoría de las alcaldías capitalinas, Morena busca revertir el embate y recuperar el bastión del centro con uno de los hombres de mayor confianza de López Obrador. 

Y una de las principales acciones es, evidentemente, tratar de limpiar la imagen del gobierno capitalino después de tragedias como la de la Línea 12 del Metro y la ineficiencia en el manejo de la pandemia. 

Así como López Obrador acusa de que los intereses políticos/económicos creados en contra de su proyecto político lo impide gobernar, puede ser que el gobierno capitalino dificulte las administraciones de los alcaldes opositores para que esta derrota sólo sea una excepción y no la norma de cara a 2024. 

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