Con una abrumadora mayoría –114 votos a favor y sólo 4 en contra– el Senado de la República aprobó el 19 de junio de 2019 el T-MEC, el cual había sido enviado por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Senado varias semanas antes. El resultado fue verdaderamente sorprendente: los argumentos del propio AMLO y funcionarios cercanos al presidente como Alfonso Romo, fueron aparentemente contundentes en cuanto a que México debía ser funcional y pragmático y aprobar el documento autorizado por el gobierno (neoliberal) de Enrique Peña Nieto.

Los debates y foros realizados en el Senado fueron un formalismo –y meramente de trámite– considerando décadas de discusiones y debates enriquecedores en torno al impacto del TLCAN en México y su efecto polarizador en México desde una perspectiva del ingreso por hogares, empresas, entidades federativas y cadenas de valor específicas. Y, particularmente: al día de hoy sigue sin existir un sólo análisis público sobre el impacto del TLCAN –y del potencial del T-MEC– en México por empresas, sectores, segmentos de cadenas de valor y entidades federativas. La aprobación del T-MEC –y semejante a la aprobación del TLCAN bajo Salinas de Gortari en diciembre de 1993 cuando los senadores no contaron siquiera con el texto que iba a ser aprobado– se convirtió en una decisión de “creencia”: aquellos que creen en el libre comercio y la necesidad de cumplir con las exigencias del Ejecutivo ante las presiones estadounidenses, y un grupo de “héroes” que no lo hicieron.

El gobierno de AMLO, entonces, cumplió: realizó las reformas laborales necesarias y exigidas por el legistlativo estadounidense con mayoría demócrata y estará a la deriva de las decisiones del Legislativo en Canadá y en Estados Unidos. Mientras que en Canadá la aprobación se prevé como también un mero trámite, en Estados Unidos la aprobación será mucho más compleja y ya es parte del complejo proceso electoral de reelección por parte de Trump: la mayoría demócrata no pareciera estar en condiciones de favorecer un acuerdo comercial que beneficiara electoralmente a Trump hasta noviembre de 2020 y los tiempos del Legislativo pareciera que ya no dan para su aprobación en 2019. Bienvenidos a la carrera electoral que se tornará, en contra de México, agria, sucia y con todos los golpes bajos imaginables.

Más allá de lo anterior –con la aprobación del T-MEC o la continuación del TLCAN–, su ratificación apenas debiera ser el inicio de la estrategia del nuevo gobierno bajo AMLO. Como bien señala el recientemente aprobado Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, el “cambio de modelo” buscará incrementar los grados de industrialización y de valor agregado en las diversas cadenas globales de valor.

Desde esta perspectiva, reside en las autoridades –concretamente en la Secretaría de Economía y en el nuevo secretario de la SHCP– sobrellevar las limitaciones de la economía mexicana en su proceso de integración en América del Norte: su creciente polarización a nivel de hogares, sectores, cadenas de valor y entidades federativas, así como los desproporcionados beneficios otorgados a las empresas exportadoras. El “cambio de modelo” prometido por AMLO sugería, justamente, una orientación hacia el mercado doméstico buscando beneficiar a las micro, pequeñas y medianas empresas, así como aquellas orientadas al mercado doméstico. Por el momento, el gobierno de AMLO ha permitido tanto el CPTPP (Tratado Integral Progresista de Asociación Transpacífico, por su sigla en inglés), que entró en vigor el 30 de diciembre de 2018 y ya bajo la presidencia de AMLO. Abordar un tratado de libre comercio con otros 11 países, y particularmente con Vietnam, ha resultado todo un reto sin información básica ni análisis alguno.

En ambos casos, tanto en el CPTPP como en el T-MEC, “llama la atención la falta de atención “(sic) por parte del Ejecutivo y de los funcionarios del gobierno, concretamente de la Secretaría de Economía, y sus funcionarios parecieran continuar plenamente insertos en los planteamientos de Herminio Blanco y Jaime Serra Puche.

¿Será entonces que los actuales funcionarios tendrán al menos el interés de lograr un cambio en el discurso, y hasta un cambio estructural según lo planteado en el Plan Nacional de Desarrollo?

La Secretaría de Economía y la SHCP tendrán que trabajar en serio al respecto; por el momento han brillado por su ausencia.

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