La Misión de Observación Internacional por las Garantías de la Protesta Social y Contra la Impunidad en Colombia (conocida como La Misión) presentó un informe preliminar sobre las protestas que acompañaron al Paro Nacional en Colombia.
En este documento reveló que el gobierno colombiano, encabezado por el presidente, Iván Duque, utilizó una lógica de guerra para como respuesta a las manifestaciones del Paro Nacional.
Las réplicas de las fuerzas de seguridad del Estado subrayaron, estuvieron caracterizadas por una ¨altísima represión y estigmatización¨, sumado a una indisposición de las autoridades para dialogar y responder a las exigencias de la ciudadanía.
Enfatizaron que el gobierno colombiano está transitando por caminos autoritarios ¨ante el derecho a la protesta y a sus garantías constitucionales¨. También el incumplimiento del orden constitucional por la expedición de medidas de un Estado excepción sin haberlo declarado.
La Misión detalló que los Escuadrones Móviles Antidisturbios (ESMAD) ejercieron diferentes tipos de violencia contra personas vulnerables, las cuales se asocian por su condición de género, étnica, edad y/o orientación sexual.
Los pueblos originarios, quienes llevan una larga historia de lucha, resistencia y demanda, han sido víctimas de la estigmatización, represión y asesinato de líderes y lideresas.
Por ello decidieron unirse al Paro Nacional, producto del racismo estructural y sistemático que se vive en el país sudamericano que los invisibiliza y margina de una vida digna y el goce de sus derechos individuales y colectivos.
También se identificó violencia sexual y otras basadas en género sobre mujeres para impedir el goce de sus derechos a la manifestación y participación pública.
En el Informe precisan que registraron numerosos casos de acoso sexual, tocamientos con connotaciones sexuales en zonas íntimas de las mujeres y amenazas de violación como una forma de tortura psicológica.
¿Cuáles son las exigencias?
Un aspecto fundamental para entender estas manifestaciones – que para nada son fortuitas – es conocer las exigencias y demandas del pueblo colombiano para su gobierno.
La disconformidad de colombianas y colombianos no nació el pasado 28 de abril – cuando comenzó el Paro Nacional – sino que se viene gestando de muchos años atrás.
Uno de los principales problemas sociables es la crisis socioeconómica estructural con altas tasas de desempleo. Por ejemplo, la tasa de desempleo, de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), se encontraba en un 10.8% en 2018 y en 2020 cerró en 15.9%.
Igualmente, la precarización social se agudizó durante la pandemia del virus SARS-CoV-2. La pobreza pasó de estar en un 34,7% en 2018 a 42,5% al cierre de 2020, mientras que la clase media disminuyó, pasando del 30,5% en 2018 a 25,4% en 2020.
A esto se le suma que el gobierno colombiano no se preocupó en garantizar a la ciudadanía de necesidades básicas como alimentación, salud, vivienda digna y renta básica.
Otro de los problemas es el asedio y amedrentamiento constante a personas defensoras de Derechos Humanos. La Organización de Naciones Unidas (ONU) se documentó más de 400 asesinatos a defensoras y defensores de DD. HH en Colombia de enero de 2016 a diciembre de 2020 y 71 en lo que va de 2021.
El gobierno de Iván Duque, que se asume como un defensor del derecho a la protestas y Derechos Humanos, debe demostrarlo con acciones, cesando con el uso excesivo de la violencia y de armamento no permitido.
A eso debe acompañarlo con un acceso a la justicia a las víctimas que rompa con la impunidad que ha prevalecido durante estos meses, además de detener la criminalización de las protestas.
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