Cuentan que, a mediados del siglo XVIII, el emperador prusiano, Federico El Grande, tenía un palacio para descansar en Postdam, un lugar no muy distante de Berlín. El soberano disfrutaba de la tranquilidad y la naturaleza alejado del ajetreo y bullicio de la ciudad. Sin embargo, un constante ruido perturbaba su descanso. Cuando el rey se enteró de que el molesto ruido venía de un molino de trigo situado a unos kilómetros de su palacio, mandó llamar a su propietario y le ofreció una buena suma a cambio de la máquina que después iba a destruir. El molinero le dijo que el molino de viento no estaba en venta. El rey insistió, ofreciéndole una suma de dinero mucho mayor, y el molinero contestó lo mismo subrayando la importancia del molino para su vida. Un tanto desesperado, el rey le dijo que, si no accedía a vendérselo por las buenas, él tenía el suficiente poder para quitárselo, a lo que el molinero contestó tranquilamente: “¡Aún hay jueces en Berlín!”. La certeza y confianza en la justicia que tuvo el molinero hicieron desistir al rey de su capricho.

Imposible que no nos acordáramos de este cuento en lo que acabamos de vivir con respecto a las reacciones contrarias al Derecho por parte del Poder Ejecutivo. Y es que el proceso de la reforma a Ley de la Industria Eléctrica es la demostración clara del autoritarismo que se teje desde el poder en contra de los gobernados. Iniciamos con una iniciativa de reforma a esta ley presentada por el presidente de México bajo la modalidad de “iniciativa preferente”. Esta figura tuvo como fuente real la constante obstaculización del congreso a las iniciativas del presidente. Es decir, el Poder Legislativo cuya mayoría pertenecía a la oposición, en más de una ocasión abusó de su poder cuantitativo y ni siquiera discutía las iniciativas del presidente. La desventaja del Ejecutivo era tal que se generó esta figura. Sin embargo, el tema no es la propia iniciativa y su modalidad de preferente sino la instrucción con la que fue acompañada, pues advirtió que el Congreso de la Unión no le debería cambiar ni una coma. Sí, ni una coma. ¡Y eso pasó! El Poder Legislativo, en un acto de humillación colectiva, no le quitó “ni una coma” a la iniciativa y tal cual como ésta fue presentada se aprobó.

El omnipotente Poder Ejecutivo publicó la ley y mandó un mensaje a los abogados que pretendieren defender al gobernado frente al poder: “ojalá y vayan internalizando que eso es traición a la patria…”. 

Afortunadamente, un grupo de valientes abogados presentaron, a nombre de sus valientes clientes, un recurso de amparo y lograron la suspensión del acto por parte de un Juez. Lo que siguió fue un desplante más del poder autoritario pidiendo que la Suprema Corte actuara para que el Consejo de la Judicatura revisara “el proceder” de dicho juez. Para documentar la esperanza en estos tiempos, fueron los ciudadanos, los colegios de abogados quienes salieron a la defensa de la independencia del Poder Judicial.

Mientras se hacía un tardío intercambio epistolar que, traducido con imaginación y creatividad se convirtió en una queja y en la admisión de la misma, al día siguiente de este intercambio de cartas, otro juez también concedió la suspensión.

Y cuando creíamos que todo lo habíamos visto… el Poder Ejecutivo advirtió que, si la declaraban inconstitucional, entonces, cambiaría la Constitución. Y claro, faltaba más, un Senador de la República presentó la iniciativa que en su primer párrafo de la Exposición de Motivos aclara que la iniciativa tiene el objeto de “evitar que el juicio de amparo se utilice para obstaculizar los principios en materia de austeridad republicana (¿?), remuneraciones de servidores públicos y el funcionamiento de las empresas productivas del Estado”.

Toda democracia debe mantener vivos los recursos que le permitan a cualquier gobernador, a cualquier ciudadano, protegerse ante actos de autoridad que sean violatorios de sus garantías individuales, incluida la promulgación de una ley que pueda ir en contra de la propia Constitución. Con mayor razón en México, país que vio nacer el juicio de amparo y en cuyo territorio nació Mariano Otero.

En México se hace presente la frase “¡Aún hay jueces en Berlín!” y los vemos en abogados, abogadas, ciudadanos y jueces que se enfrentan a un poderoso jefe del Ejecutivo.

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