La recuperación global presiona fuertemente los precios de materias primas y alimentos. Sin embargo, tanto en el sector minero como en el agropecuario, que habían crecido de forma sobresaliente por varios años, se afronta ese escenario con una serie de vulnerabilidades, restricciones y frentes de incertidumbre que coinciden en un punto: son resultado de políticas públicas erradas, en gran medida producto, a su vez, de una intensa politización que propicia obstáculos y conflictos tan innecesarios como inoportunos.

Se trata de ejemplos perfectos de cómo podemos dejar escapar oportunidades o dar pasos hacia atrás en áreas que progresaban, en la medida en que sigamos enfrascados en una dinámica donde la lógica económica y las actividades productivas quedan sujetas a ideologías y a la política.

Mientras en la minería cae la inversión, en el campo, sin políticas públicas sólidas y en sinergia con los productores, fenómenos cada vez más frecuentes como las sequías pueden causar daños que van mucho más allá de empujar la inflación, como ya ha ocurrido. Máxime si, en cambio, se mantiene una “austeridad” con recortes presupuestales dramáticos sobre programas e instituciones del sector.

Por ese camino, más allá de los discursos, el objetivo de garantizar el abasto alimentario nacional con mayor autosuficiencia se verá cada vez más lejano. Por lo pronto, de acuerdo con el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, en los primeros cinco meses del año, el aumento en los precios de granos y oleaginosas a nivel internacional provocó que el superávit que hemos mantenido en la balanza agroalimentaria disminuyera en más de 23% respecto a 2020: cerca de 4 mil 600 millones de dólares. Aunque subió el valor de las exportaciones, no lo hizo al nivel de las importaciones.

En tanto, en la minería descuella una perspectiva de mercado extraordinaria: tendencias como la transición a fuentes de energía renovable y a vehículos eléctricos abren un panorama promisorio para nuestra industria, como proveedora de cobre, plata, fluorita, zinc y otros insumos. México ya está entre los primeros 10 productores en 17 minerales relevantes. Podríamos ser aún más importantes, incluyendo la incursión en el litio y su creciente demanda. En cambio, perdemos competitividad e inversiones.

Menos autonomía

Incluso con los retos y los rezagos históricos que se arrastran en el campo, ha habido avances muy importantes. Desde 1994, multiplicamos por 10 las exportaciones agropecuarias hasta llegar a 40 mil millones de dólares anuales. Somos el séptimo exportador mundial de alimentos y desde el 2015 tenemos superávit, hasta acercarse a 12 mil millones. No obstante, nunca se resolvió la grieta entre un sector competitivo y altamente rentable y uno sumido en atrasos y carente de apoyos suficientes para salir adelante. Peor aún: siempre existe el peligro de que, además, lo que iba bien deje de crecer o incluso de funcionar.

Por lo pronto, al corte de abril, la superficie sembrada fue 28% menor a la del mismo mes en 2020, con cifras del ciclo primavera-verano, que inició en marzo y concluye en septiembre. En muchas zonas no sólo se redujo la siembra por la sequía: se anticipó que de no llover lo suficiente este verano, para que se recarguen las presas, no se sembrará durante el segundo semestre.

Así, la caída ha sido dramática en cultivos como en sorgo, con reducción de 45% en las hectáreas sembradas; en maíz, 33% menos; en papa, -30%; y en tomate verde -20 por ciento. Esto se da cuando el nivel de dependencia de las importaciones es ya considerable en granos básicos, en 38%; en arroz, al 91%, maíz, al 36%, trigo, al 56%; soya al, 97%; y leche, al 24%.

Esta situación se enfrenta con la caída de tres recortes consecutivos en el presupuesto federal para el campo, hasta reducir en 40% los recursos respecto a 2018. Se ha abandonado o disminuido sustantivamente el apoyo en temas torales como ordenamiento del mercado de granos, programas de sanidad e inocuidad, seguros y financiamiento. Muchos programas desaparecieron: incentivos a la comercialización, cobertura de precios, diésel agropecuario, programas de productividad, innovación, investigación, desarrollo tecnológico y educación.

En la era del cambio climático, que implica sequías o huracanes más recurrentes y severas, se acabó con el Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (Fonden). También se desmanteló el de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario (FND), de las pocas instituciones de Estado que podrían usarse intensivamente para conectar a la banca de desarrollo y al campo.

Por si fuera poco, muchos agricultores enfrentan el problema adicional de una perspectiva de limitaciones a insumos y tecnología, como no poder importar el herbicida glifosato, sin una alternativa viable, o la prohibición del maíz genéticamente modificado, como el que se usa para la engorda de ganado.

La creación de Segalmex y el nuevo programa de precios de garantía no pueden ser compensación ante todo lo recortado. Quizá sostenga un respaldo a los productores que enfrentan mayor precariedad, rayando el autoconsumo, pero difícilmente bastará para mantener y menos aún incrementar la producción en los niveles requeridos para el abasto nacional.

Menos inversiones

En el sector minero, básicamente por incertidumbre política y jurídica, burocratismo e inseguridad persistente, en sólo dos años la inversión cayó casi 43% y bajamos 13 lugares en la clasificación de atractivo minero del Instituto Fraser de Canadá, quedando detrás de otras naciones latinoamericanas como Colombia, Chile, Perú y Brasil. Hacia esos y otros países están yéndose inversiones o no se retoman planes en México que quedaron en pausa con la pandemia.

Desde el gobierno no sólo se ha advertido que no habrá más concesiones mineras, sino que se ha amagado a derechos ya otorgados con revisiones y medidas con problemas de retroactividad, igual que en los sectores hidrocarburos y eléctrico. Mientras, están detenidos o avanzan en cámara lenta trámites y permisos de impacto ambiental, cambio de uso de suelo o relacionados con el agua.

Los tiempos de la inversión y el desarrollo en un sector como éste no pueden adaptarse a los de la politización. La vigencia de una concesión es de 50 años, con posibilidad de ampliación por otro tanto, porque tan sólo la fase de exploración puede llevarse años. El potencial geológico minero es fundamental, pero su valor depende de la seguridad de poder aprovecharlo en períodos de tiempo amplio, con seguridad y estabilidad.

No es poca cosa que mineras canadienses lleguen a tener frenadas inversiones por 130 millones de dólares en nuestro país, según ha informado la Cámara de Comercio de Canadá. Básicamente piden reglas claras y consistentes, no retroactividad, ni discrecionalidad y arbitrariedad, sea en materia regulatoria, fiscal o laboral.

Es evidente que, además de la inseguridad por la delincuencia que se arrastra de años, ha cobrado fuerza el freno de la incertidumbre jurídica, producto en buena parte, de la política motivada por ideología y preconcepciones que no corresponden con la realidad.  Por ejemplo, se ha afirmado que hasta 80% del territorio nacional se entregó a concesiones mineras en administraciones anteriores, cuando especialistas o la Cámara Minera de México, con soporte de datos oficiales, apuntan que sólo es alrededor de 9%, con apenas una cuarta parte de eso en operación.

Paradojas

Los dilemas no deben ser minimizados. En el campo, con cosechas a la baja, lejos de alcanzar la prometida autosuficiencia en granos, tendremos que importar más. Además, México podría verse obligado a comprar una mayor cantidad de proteína animal en el exterior.

Lo paradójico: perder competitividad exportadora al dejar a nuestros productores en desventaja y aumentar la dependencia de importaciones que contienen los insumos prohibidos aquí. Podemos ser una súper potencia alimentaria y sacar de la pobreza al sector campesino que merece justicia social y más apoyos, pero hay que asegurarnos de elegir el camino correcto.

En la minería se dan situaciones no menos paradójicas: se ha hablado de una consulta popular sobre la nacionalización del litio, cuando éste ya es propiedad de la nación, como los demás yacimientos de minerales. Todo esto cuando avanzan proyectos de inversión en Sonora que implican cantidades ingentes de recursos y alta tecnología.

Difícil ver cómo podría México beneficiarse con esas políticas y actitudes. La buena noticia: estos frenos al desarrollo pueden ser superados de manera relativamente sencilla si se opta por el realismo y el pragmatismo en torno a lo que funciona en términos de inversión, crecimiento, productividad, creación de empleos. Todo eso puede lograrse con una fórmula ganar-ganar para el Estado mexicano, las comunidades y las empresas, y con el menor impacto ambiental posible. Pero el tiempo pasa y las oportunidades se van. Hay que actuar.

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