El pueblo maya del municipio Homún, en Yucatán, se encuentra en lucha por la conservación de la riqueza de sus ecosistemas, y hasta los niños conscientes de ese gran patrimonio se han unido para que su voz sea escuchada en el máximo tribunal del país: la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Homún se encuentra enclavado en dos Áreas Naturales Protegidas (ANP): la Reserva Estatal Geohidrológica Anillo de los Cenotes (Decretada por el gobierno de Yucatán en octubre de 2013), y el Parque Estatal Lagunas de Yalahau (decretado en 1989). Estas áreas son el hábitat de plantas endémicas, variedad de mamíferos –como el jaguar, venado cola blanca, jaguarundi, coyote, tejón, armadillo y murciélagos, entre otros–, peces de agua dulce, reptiles y 200 especies de aves.
Los expertos han señalado que los cenotes de esta reserva son el hogar de especies amenazadas y en peligro de extinción, incluidos tres peces: la brótula ciega mexicana, la anguila ciega de cenote y el topote aleta grande.
Por toda esta riqueza biológica y por su estado de conservación en buen estado, el 2 de febrero de 2007, la Convención Ramsar –relativa especialmente al hábitat de aves acuáticas–, se le declaró Humedales de Importancia Internacional para la protección del ambiente.
En la región se practica el turismo rural (fuera de casco urbano) y de bajo impacto, lo que representa una importante fuente de recursos para la comunidad.
¿Y qué ha pasado? En octubre de 2013, el presidente municipal de Homún, otorgó a la empresa Producción Alimentaria Porcícola permiso de cambio de uso de suelo –sin tomar en cuenta decretos estatales, declaraciones internacionales y sin consultar a la comunidad–, para la construcción de una planta de naves porcícolas para más 49 mil cerdos.
Sobra decir que esta acción levantó las sospechas en la población y advirtieron que la entonces autoridad municipal se corrompió, y además lo acusaron de ser protagonista de un potencial ecocidio en la región.
Pero también la empresa Producción Alimentaria Porcícola contaba con el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA), expedido por la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Estado de Yucatán (hoy Secretaría de Desarrollo Sustentable, SDS).
Esta situación elevó las sospechas de corrupción, ya que los pobladores, expertos y ambientalistas denunciaron que la dependencia nunca tomó las medidas necesarias que marca la normatividad para evitar una posible afectación a los ecosistemas y a la salud de la gente, sobre todo cuando no hay evidencias científicas que indiquen que no habrá daño alguno.
Ante las protestas generalizadas, el Cabildo del Ayuntamiento de Homún convocó con carácter de urgente una sesión extraordinaria y anuló el permiso, tomando como base los decretos y declaraciones de protección ambiental en el anillo de cenotes.
La pugna escaló a los tribunales, pues la empresa se inconformó con la revocación del permiso y procedió a buscar una suspensión sobre el ordenamiento de la autoridad, y en un hecho sorprendente –que evidenció un proceso amañado–, el Tribunal de Justicia Administrativa de Yucatán otorgó una suspensión provisional para que las obras de la megagranja continuaran, con el argumento de que no había riesgo ambiental ni social. La sentencia del Tribunal fue dejar sin efecto la revocación del Cabildo.
Aunque las impugnaciones de los pobladores han abierto otros frentes judiciales, y lograron otra suspensión de actividades de la planta, saben que no es definitiva.
A casi 8 años de esta lucha, un grupo de organizaciones sociales promovieron, el 5 de mayo pasado, ante la SCJN el recurso amicus curiae (amigo de la Corte) –que permite que terceros ajenos a un proceso ofrezcan opiniones de trascendencia para la solución de un caso sometido a conocimiento judicial hasta su resolución final–.
Entre las organizaciones destacan Earthjustice, Waterkeeper Alliance, el Centro para la Diversidad Biológica, Coastal Carolina Riverwatch y Greenpeace México, entre otros expertos, quienes salieron en apoyo a los niños mayas que se oponen al funcionamiento de la planta porcina.
Los promotores advierten que sí hay afectaciones por la contaminación de agua, emisiones a la atmósfera y propagación de bacterias y virus.
Tanto estas organizaciones como especialistas en la materia aseguran que la operación de esta megagranja porcina generará aproximadamente 272 millones de kilogramos de heces y orina cada año, y lo comparan con más de lo que genera la población humana de la ciudad de Tijuana.
“Ese desperdicio se almacenará en pozos descubiertos y luego se eliminará en campos cercanos, una práctica empleada por muchas granjas industriales de animales en los Estados Unidos”, argumentan.
Jill Johnston, profesora de Medicina Preventiva en la Facultad de Medicina Keck de la Universidad del Sur de California, quien también adhirió al escrito de “amigo de la corte”, explicó que existen estudios científicos que señalan que la industria porcina, cercana a las comunidades, liberan contaminantes que dañan la salud humana con afectaciones al sistema respiratorio, generan cuadros asmáticos, alteran la presión arterial y provocan estrés y ansiedad.
Además, en dicho escrito se advierte de daños a los cenotes, degradación de suelos, afectación a la fauna y flora silvestre de la región, y contribución al cambio climático por las emisiones de gas metano.
Ana María Rule, profesora de salud e ingeniería ambiental y directora del Laboratorio de Evaluación de Exposición de la Universidad Johns Hopkins, que también apoya la iniciativa, asegura que la Península de Yucatán es altamente vulnerable a los huracanes, lo que probablemente hará que los pozos de desechos de esta instalación se desborden, “ya ha sucedido en los Estados Unidos varias veces en los últimos años, y no hay razón para creer que no sucederá en el ecosistema más frágil y único de la península de Yucatán”.
Mientras que Kelly Hunter Foster, abogada Senior de Waterkeeper Alliance, argumenta que las operaciones de confinamiento de cerdos a escala industrial, que utilizan pozos de desechos, pueden contaminar las aguas subterráneas y superficiales, así como emitir gases peligrosos a la atmósfera.
Un estudio que realizaron en paralelo los investigadores Yamile Aguilar, Francisco Bautista y Fátima Tec Pool, alertan que las características biofísicas del territorio de Homún, suelos delgados, acuífero poco profundo, gran cantidad de cenotes y alta biodiversidad, son muy vulnerables a la operación de la industria porcina. “Son un peligro eminente para el acuífero y es una actividad no compatible con el desarrollo local de la comunidad. La lucha por la revalorización de y conservación de estos espacios no sólo deberá ser desde la perspectiva ecológica, sino también desde el ámbito cultural y sagrado”.
Mientras en la región la comunidad se mantiene en guardia, y los niños aguardan que su reclamo sea escuchado, la Corte ventilará el caso a finales de este año.
Una lección que dejará precedente en México, no hay duda.
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