Finalmente, en una decisión que podría calificarse de histórica, la autoridad en materia de competencia económica francesa impuso a Google una multa de 500 millones de euros por el incumplimiento de una orden de negociar con los medios el uso de noticias, a fin de definir la compensación económica que les correspondería. El asunto tiene ya algunos antecedentes acumulados que han ido conformando un escenario que definirá algunos límites adicionales a las grandes plataformas, en el intento mundial por frenar su geométrica acumulación de poder.
Un antecedente directo del tema se gestó en España en el 2015, que llevó a expresión legislativa la llamada “tasa Google”, que en términos generales determinó que realizar enlaces de sitios noticiosos usando parte del contenido como una facilidad para el usuario, debía pagar una regalía a favor del productor de los mismos. Dicho pago tendría que ser realizado a través de sociedades de gestión colectiva, a la manera en que se ha venido cobrando por el uso de música en establecimientos mercantiles.
En el caso particular Google News –el más difundido de los servicios internacionales que indexan noticias–, en su momento cuestionó la medida como retrógrada e insostenible, asumiendo que la misma ponía en riesgo las bases de operación y crecimiento de Internet. Los más afectados, según su visión, serían los propios usuarios, que dejarían de tener acceso a los enlaces de los diarios que este tipo de servicios ofrecían, así como los periódicos en sus versiones digitales, que paradójicamente tendrían que ser los sujetos beneficiarios de la normativa. A los agregadores y a otras herramientas que, enlazando y citando al medio de origen, fomentan compartir contenidos en Internet –han dicho los propios diarios–, se les debe considerar como colaboradores y aliados potenciales y no como piratas que se benefician del trabajo ajeno.
Desde su origen, el tema suscitó una gran atención en Europa y Estados Unidos, por representar de manera fáctica la batalla más actual y emblemática para definir el futuro de los medios de comunicación, y la anunciada confrontación entre los derechos de autor y el derecho a la información y acceso a la cultura, desde la perspectiva de los derechos humanos. Algunos de los argumentos más radicales de quienes critican la medida apuntan a que Internet es un campo infinito de comunicación sin censura, por lo que poner compuertas mediante “tasas”, y además por decreto y sin diálogo con todas las partes, es una medida que puede tener efectos colaterales indeseados, imponiendo un freno a la innovación y a la creación.
Posterior a la situación en España, la Directiva dictada en la Unión Europea en abril de 2019, construyó el escenario para las situaciones concretas que en cada país veremos sucederse. La resolución confirmó limitar la posibilidad de los motores de búsqueda de indexar información de diarios y sitios de noticias, salvo acuerdo previo de pago de regalías por el uso de la información. El argumento básico es que, dicha indexación, supone una reproducción de cierta información del propietario de los contenidos, que a Google le genera un lucro por vía del tráfico en sus plataformas. Para algunos diarios y agencias de noticias tradicionales, la medida los rescata del proceso de agonía y resultaba trascendental en la configuración de un sistema en el que la validación de información periodística pueda ser vista como un valor socialmente apreciable.
“La sanción tiene en cuenta la excepcional gravedad de los incumplimientos observados y el comportamiento de Google, mismo que ha llevado a retrasar aún más la correcta aplicación de la ley de derechos conexos, que pretendía tener más en cuenta el valor de los contenidos de los editores y las noticias incluidas en la plataforma”, establece contundentemente la resolución.
Aun y cuando Google se duele de la multa que le ha sido impuesta, es el sentido de la restricción que supone lo que causa estragos, esencialmente porque, paso a paso, los gobiernos empiezan a dejar los buenos modos y pasan a usar dientes y grilletes para detener conductas de este tipo. Al final, las modificaciones legislativas a los derechos de propiedad intelectual deberían nacer del diálogo entre todas las partes afectadas e ir encaminadas a promover la transformación del sector y la sostenibilidad económica de todos los actores implicados, no sólo de una de las partes.