El Instituto Nacional Electoral (INE) reveló, por medio de un comunicado, que está investigando la posible venta de datos del padrón electoral, por lo que presentó una denuncia penal el pasado 8 de mayo ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE).

La filtración de los datos del padrón electoral (con nombres y domicilios), que estaban a la venta en un sitio de comercialización de información obtenida de forma no autorizada, la reportó Alon Gal, director de tecnología de la firma de inteligencia sobre ciberdelitos Hudson Rock. 

Alon subió una fotografía a su cuenta de Twitter de la publicación donde se estaba vendiendo los registros personales de 91 millones de personas con la base de datos con la base de datos, según los ciberdelincuentes, actualizada de 2021 a un precio de US$ 750.

Sin embargo, el árbitro electoral aclaró que la información no se trataría de un corte realizado este año, sino en 2018, además detallaron que esa exposición la vienen investigando desde abril de 2020.

El INE reiteró su compromiso con la protección de la base de datos electoral, la cual está en su poder, ¨velando en todo momento por la seguridad y buen uso que se haga de la misma¨.

Asimismo, el Instituto Nacional Electoral aseveró que, cuando se detecten las irregularidades que den con la filtración de la información, se procederá con firmeza.

De acuerdo con las actuales investigaciones parecen indicar que no hay indicios de que en algún momento se vulneraron los sistemas de seguridad del Padrón Electoral y Lista Nominal, tampoco de intromisiones externas a la base informática del INE.

Datos desprotegidos

Esta no es la primera ocasión en que se vulnera la base de datos del Instituto Nacional Electoral, ya había ocurrido en 2018 y 2016 con el Listado Nominal de Electores de 2015.

Es decir, es un hecho reiterativo y por el cual el INE no ha tomado acciones contundentes que permitan resguardar de mejor forma la información de las personas sin que estas puedan ser vulneradas.

Es muy peligroso que listas de este tipo, que tienen hasta los domicilios de las personas, estén a la venta en sitios ilegales impunemente, además por un costo tan bajo y al acceso del crimen organizado. 

No sólo son los peligros a la seguridad física de las personas y de sus familiares por la revelación de sus domicilios, sino también la suplantación de identidad – otro delito que ocurre en nuestro país – que puede poner a cualquiera en aprietos. 

Los riegos que trae la suplantación de identidad son numerosos, puede ser usado para desprestigiar a una persona o extorsionarlo con el propósito de obtener una recompensa económica. 

Un modus operandis de corrupción en nuestro país que se utilice la identidad de una persona – generalmente en situación desfavorecida – para crear una empresa fantasma que sirve para desviar millones de pesos. 

El crimen organizado puede utilizar la identidad de otras personas para hacerse pasar por ellas y realizar operaciones ilícitas. Con el objetico de que se investigue a alguien inocente, en lugar de dar con el verdadero actor del delito. 

Así podemos seguir enumerando consecuencias del robo de identidad, delito el cual va creciendo exponencialmente no sólo en México, sino a nivel mundial, especialmente en el contexto actual en donde la tecnología pasó a ser parte fundamental de nuestras vidas y en donde almacenamos mucha información personal.

¿Podrán resguardar nuestra información?

Los ciberataques son cada vez más recurrentes, los grupos que se dedican a hacer negocio con el robo y venta de información son más numerosos y ponen contra las cuerdas a gobiernos e instituciones bancarias. 

A inicios de este año un ciberdelincuente puso a la venta la información – como nombres completos, domicilios, teléfonos, correos electrónicos, etc. – de más de 10 mil tarjetahabientes de American Express, como también de Banco Santander y Citibanamex. 

Hay un rezago importante de métodos y cifrados de seguridad por parte de instituciones públicas y privadas para poder mantener bajo resguardo nuestros datos sin que estos sean vulnerados.

Esto debe generar preocupación ante la creación del Padrón Nacional de Usuarios de la Telefonía Móvil (PANAUT) porque esta base de datos tendrá la información biométrica de cerca de 100 millones de personas. 

Si esa información cae en las manos equivocadas puede producir una cadena de delitos y robo inimaginable.

La misma implementación de esta medida provocaría la comisión de delitos que no se están contemplando y no podrán evitar lo que se propusieron al inicio que es frenar la extorsión y secuestro. 

Es necesario que en este contexto donde la tecnología está tan inmersa en nuestras vidas desde muchos sentidos, se debe crear una ley que rija el resguardo de datos en bases electrónicas.

Con el propósito de que instituciones, tanto públicas y privadas, tengan que cumplir una serie de normas para poder almacenar datos personales y, en caso de que esta sea vulnerada, poder resarcir los daños de forma justa. 

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