Enlodar las aguas con decretos vagos, nombramientos irregulares y una legislación truculenta implica varias configuraciones distintas de fraude a la Ley.
La existencia de legislación irregular y decretos arbitrarios abre la necesidad de que los ciudadanos tengan que recurrir a remedios judiciales para hacer valer su derecho.
La desesperación de no lograr hacer el cambio deseado es lo que ha llevado al presidente a gobernar por medio de decretos generales.