Alertan por injusticias e inequidades ante la crisis climática global

Adrián Fernández, director ejecutivo de Iniciativa Climática de México, dijo que el combate al cambio climático debe ser abordado desde una perspectiva de justicia y equidad. “El Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, 2019) reconoce que las consecuencias del incremento en la temperatura media global afectarán desproporcionadamente a las comunidades y personas históricamente marginadas, con especial impacto en mujeres, personas mayores y niñas”.

FOTO: Cuartoscuro.
FOTO: Cuartoscuro.

Redacción

Lectura: ( Palabras)

El cambio climático exacerba las inequidades e injusticias presentes en nuestras sociedades, de tal forma que la crisis climática es ante todo una crisis social, asegura Adrián Fernández, director ejecutivo de Iniciativa Climática de México.

El doctor en Ciencias Ambientales por la Imperial College of Science, Technology and Medicine, precisó que más allá de los impactos medioambientales, la mayor frecuencia e intensidad de los eventos hidrometeorológicos extremos impactan en las personas, en sus medios de subsistencia y en los sistemas sociales de manera diferenciada, pues se distribuyen desigualmente entre países, sectores socio-económicos y géneros.

“Esta realidad debe ser reconocida y atendida adecuadamente. El combate al cambio climático debe ser abordado desde una perspectiva de justicia y equidad. El Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, 2019) reconoce que las consecuencias del incremento en la temperatura media global afectarán desproporcionadamente a las comunidades y personas históricamente marginadas, con especial impacto en mujeres, personas mayores y niñas”.

“La transición hacia la necesaria neutralidad de carbono (emisiones cero de gases de efecto invernadero) deberá ir de la mano de los esfuerzos por reducir las brechas actuales de bienestar entre los que tienen mucho y los que no tienen nada. Los pobres y las personas de bajos ingresos son mucho más vulnerables a los impactos del cambio climático pues carecen de los medios para defenderse o adaptarse a condiciones cada vez más hostiles a su alrededor”, enfatizó el especialista.

Fernández precisó que, además de los impactos en mayor escala, también existe una desigualdad extrema en la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero producidas por diferentes estratos. El 1% más rico de la población genera el 15% de las emisiones mundiales. En contraste, el 50% más pobre emite menos del 10% de las emisiones globales.

El experto dijo que de acuerdo a estimaciones de las Naciones Unidas, con un incremento de la temperatura media global de 2ºC, entre 100 y 400 millones de personas adicionales podrían pasar hambre, y entre 1,000 y 2,000 millones de personas ya no tendrán suficiente agua para su consumo básico. “Esto equivale a más de 10 veces la población mexicana. La realidad es que incluso en un escenario de incremento menor a 1.5°C, millones de personas enfrentarán inseguridad alimentaria, migración forzada, enfermedades y muerte prematura debido al cambio climático”.

“La justicia climática”, agregó, “más que un concepto, es un movimiento que reconoce que el cambio climático impacta de manera diferenciada a las personas, comunidades y países. Además, reconoce que este problema puede agravar las injusticias ya existentes y que no todas las personas cuentan con igualdad de recursos y capacidades para hacerle frente. Por tanto, la justicia climática pone a las personas en el centro de las propuestas de mitigación y adaptación al cambio climático”.

Adrián Fernández comentó que en México las injusticias climáticas pueden verse desde múltiples ángulos y estar vinculadas tanto con la adaptación como con la mitigación.

“El cambio climático ha llevado a comunidades a abandonar sus territorios por la ausencia de agua y alimento. El Banco Mundial (2018) estima que para 2050 entre 1.4 y 2 millones de personas en México y Centroamérica habrán migrado por las condiciones climáticas”, puntualizó.

Advirtió que Cuando se habla de la necesidad de una acelerada transición energética, una de las tendencias exponenciales a nivel mundial es la penetración de las energías renovables, especialmente la eólica y la solar; sin embargo, en México todavía hay alrededor de 1.5 millones de personas que no cuentan con acceso al suministro de electricidad y se puede considerar que alrededor de 5 millones sufren de pobreza energética. Esto es, que cuentan con acceso a la electricidad, pero no tienen suficientes recursos para pagar por su consumo eléctrico asociado con la necesidad de enfriar o calentar su vivienda en zonas de climas extremos.

“Debemos garantizar que cuando se establezcan proyectos eólicos y solares en nuestro país, se respeten los derechos humanos y la voluntad de las comunidades propietarias de la tierra. También se debe buscar maximizar los beneficios que reciben las familias participantes, desde un pago adecuado por los terrenos hasta asegurar que las poblaciones participantes cuentan con acceso a la electricidad. El proyecto también debiera hacer inversiones para mejorar la infraestructura de las comunidades para mejorar su bienestar”, manifestó.

Fernández refirió que en cuestión de movilidad, la infraestructura del transporte público eléctrico como los trolebuses, el Metro y el cablebús en la Ciudad de México, son ejemplos virtuosos que atienden simultáneamente el cambio climático, la mejoría de la calidad del aire y la justicia social.

Temas de interés:
Todas las columnas Otras noticias de
0 0 votos
Calificación del artículo
Subscribir
Notificar a
guest
0 Comentarios
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios
Lo que opinan nuestros lectores a la fecha